La última lista de acuerdos elevada al Senado en el más bajo perfil por el Poder Ejecutivo ya generó polémica al interior del mundo judicial. Un grupo de candidatas pidió la nulidad por “flagrantemente ilegal e inconstitucional” del pliego de Juan Rafael Stinco, propuesto para ocupar el juzgado 7, con asiento en la Capital Federal, del fuero Contencioso Administrativo.
La presentación fue realizada ante el Poder Ejecutivo por Analía Conde, Natalia Mortier y Patricia Rota, quienes objetan que Stinco haya sido seleccionado por el Gobierno de Alberto Fernández de una lista complementaria a pesar de que todavía quedaban nombres para elegir en las seis ternas diseñadas por el Consejo de la Magistratura.
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Stinco tiene fuertes vínculos con el kirchnerismo. Fue asesor de Axel Kicillof en el directorio de YPF cuando el actual gobernador bonaerense era ministro de Economía y, por lo tanto, ocupaba una poltrona en la petrolera tras su estatización. Además, fue funcionario de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Ricahcuelo (Acumar). Ambos cargos los ejerció durante las presidencias de Cristina Kirchner.
Pero la postulación de Stinco también presenta otra particularidad. Este es el segundo cargo judicial al que es propuesto por la actual administración. En 2021 fue designado como juez civil y comercial. Es decir que, en poco más de dos años, podría conseguir su segundo acuerdo por parte de un Senado controlado por Cristina Kirchner.
Para las abogadas, esta nueva nominación “resulta flagrantemente ilegal, inconstitucional e ilegítimo” ya que “se encuentra afectado por ostensibles vicios que determinan su nulidad absoluta e insanable, y violan de manera manifiesta nuestros derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la oportunidad de acceder al cargo concursado de acuerdo con la normativa que reglamenta la respectiva designación con fundamento en la idoneidad”, sostiene el escrito que firma el abogado Juan Ignacio Sáenz, que patrocina a las concursantes.
La presentación hace hincapié “en el carácter vinculante de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo”, lo cual invalidaría el acto administrativo adoptado por la administración de Alberto Fernández.
La cuestión radica en que Stinco no formó parte de ninguna de las seis ternas que se diseñaron para cubrir las vacantes en otros tantos juzgados del fuero contencioso administrativo.
Según la presentación, Stinco concluyó en el lugar 19 del concurso realizado para cubrir esos tribunales, razón por la cual quedó como el primero de los nombres de una lista complementaria.
Las abogadas también sostiene que la designación de Stinco como juez civil de 2021 “determinó su automática exclusión del concurso”, lo cual suman para considerar el envío de su pliego para un juzgado contencioso administrativo como “manifiestamente ilegal”.
Sobre la ilegalidad de la elección de su nombre de una lista complementaria, la presentación sostiene que el reglamento del Consejo de la Magistratura sostiene que ese recurso sólo puede usarse “en el caso de que la terna se haya tornado incompleta”.
Sin embargo, Conde, Mortier y Rota agregan que ese supuesto no se cumplió en este caso, ya que el Poder Ejecutivo eligió candidatos de cuatro de las seis ternas para postular a los candidatos para los otros cinco juzgados que debían completarse, por lo que restaban dos grupos sin que se hubiera seleccionado a postulante alguno.
El pliego de Stinco forma parte de un paquete de acuerdos que, en total sigilo, el Poder Ejecutivo envió al Senado la semana pasada y que esperan tomar estado parlamentario, es decir que sus mensajes sean leídos en una sesión, para habilitar el proceso de debate en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
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No es el único caso con vínculos con el poder kirchnerista. También integra la veintena de pliegos María Laura Manin, funcionaria del Ministerio del Interior vinculada con el titular de la cartera política, Eduardo De Pedro.
Manín está postulada para la estratégica sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial.
También como vocal de la misma sala está nominado Humberto Guardia Mendonça, quien fue funcionario del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuando dependía del Poder Ejecutivo, en la gestión de Néstor Kirchner. De hecho, fue uno de los que firmó la habilitación de la fusión de Multicanal y Cablevisión, medida que, años después, el kirchnerismo cuestionaría.
