La causa Hotesur y Los Sauces, donde Cristina Kirchner y sus hijos se encuentran sobreseídos en la investigación por lavado de dinero, enfrenta una encrucijada con un desenlace impredecible. Dos de los jueces que deben decidir si dejan firme el veredicto –Diego Barroetaveña y Daniel Petrone- no estarían por el momento en un todo de acuerdo, mientras que la tercera jueza –Ana María Figueroa– cumplió esta semana 75 años y, como no tiene un nuevo acuerdo del Senado, decidió no firmar más sentencias. Así, lo más probable es que la definición de la causa se demore.
El problema se suscitó porque la jueza Figueroa, de la Sala I de la Cámara de Casación, que debía votar en la causa, quedó en un limbo judicial tras cumplir 75 años, la edad fijada por la Constitución para jubilarse. La camarista pidió un nuevo acuerdo al Senado y aún no prosperó, pero ella cree que puede seguir siendo jueza provisoria hasta tanto se lo apruebe antes del fin del año parlamentario. Sus colegas de la Casación creen que ya “pudo haber cesado” como jueza, por lo que habría que reemplazarla. Se lo comunicaron a la Corte y al Consejo de la Magistratura.
Hasta que el Consejo de la Magistratura y la Corte resuelvan este asunto, nada sucederá. Ni ella votará, ni se la reemplazará con un juez suplente.
La otra novedad, y acaso la más relevante y sorprendente, es que los otros dos jueces de la Sala I de la Casación que tiene el caso Hotesur-Los Sauces, por el momento no tendrían el mismo punto de vista sobre cómo debe resolverse el caso, dijeron a LA NACION dos fuentes de los tribunales federales.
Los votos de los tres jueces son secretos y aún no hay una sentencia firmada. Hasta que no integren un fallo protocolizado y firmado, los votos son meros borradores. Todo lo que se sabe del contenido de los votos son apenas trascendidos judiciales y pueden variar, según avance la deliberación. Hasta ahora la jueza Figueroa habría votado por confirmar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos, pero por el momento ese pronunciamiento, al no está firmado integrando una sentencia, es un borrador. Y la jueza ya adelantó que, con 75 años y sin acuerdo del Senado, no firmará nada.
Por otro lado, sus colegas tendrían ideas divergentes sobre la solución del caso. Barroetaveña sostendría que debería revocarse el sobreseimiento y realizarse un juicio oral y público que abarque a Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y al resto de los acusados.
Sin embargo, Petrone entendería que Florencia Kirchner debe quedar fuera de ese juicio y que se debe confirmar su sobreseimiento. Son soluciones parecidas, pero no iguales y así no alcanzan para conformar un fallo coincidente, con la opinión unánime de dos jueces. No se saben las razones, pero la defensa siempre argumentó que si bien Florencia Kirchner integró las sociedades Hotesur y Los Sauces, era una niña cuando se habría producido la maniobra. “Cuando supuestamente se originó la mentada asociación ilícita, apenas tenía doce años de edad y cuando se constituyó Los Sauces SA, apenas tenía 16 años ”, señaló, al pedir el sobreseimiento, el abogado Alberto Beraldi.
El artículo 30 bis del Código Procesal Penal permite dictar una “resolución válida” en una sala de la Cámara de Casación “con dos votos coincidentes” y, en este caso, no lo son. Por eso, la solución -de quedar así las cosas y no alterarse estos puntos de vista durante la permanente deliberación- sería convocar a un tercer juez.
Esta solución no está exenta de problemas. Por un lado, la jueza Figueroa integra la Sala y nadie dijo que haya cesado en sus funciones. Pero, al mismo tiempo, ella misma se autoexcluyó de firmar sentencias, por lo que su caso es un limbo: está, pero no oficia de jueza.
Por otro lado, el problema de convocar a un tercer juez -sorteado de entre los colegas de la Cámara de Casación– es que ya tuvieron el año pasado audiencias públicas, en las que Cristina Kirchner, sus hijos y sus abogados expusieron sus argumentos y lo mismo hizo el fiscal Mario Villar. Un tercer juez podría pedir reeditar esas audiencias, con lo que se prolongaría todo el trámite.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el fallo de la Cámara de Casación para decidir si se reabre o no la causa de Hotesur y Los Sauces quedará para más adelante.
En esta causa se busca determinar si Cristina Kirchner y sus hijos recibieron dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios realizaron merced a sus buenas relaciones con el kirchnerismo. En el caso de Báez ya fue condenado en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por ser favorecido con las licitaciones con sobreprecios. En el caso de López, fue absuelto en el proceso de Oil Combustibles.
Los jueces del tribunal oral Daniel Obligado y Adrián Grünberg sobreseyeron sin juicio oral a Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia.
Cuando el fiscal Gerardo Pollicita envió a juicio el caso explicó que los imputados “elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar, a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”.
Entre los beneficiados por el sobreseimiento se encuentran Báez, sus hijos Martín Báez, Leandro Báez y Lorena Báez, además de Julio Mendoza, Alejandro Ruiz, Martín Jacobs, César Andrés, Edith Gelves y Emilio Carlos Martín, entre otros. También el fallo alcanza a Cristóbal López y Fabián De Sousa, del Grupo Indalo.
Las circunstancias relacionadas con la continuidad de la jueza Figueroa en la Casación hacen que corran peligro otros dos casos sensibles para el kirchnerismo, en los que la magistrada debe votar: la causa por la firma del memorándum con Irán, donde Cristina Kirchner está absuelta; y el caso de Oil Combustibles, donde Cristóbal López y Fabián de Sousa se encuentran absueltos y Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por facilitarle planes de pago del impuesto a los combustibles, en condiciones desfavorables para el Estado.
