El caso Hotesur y Los Sauces, donde Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, fueron investigados por lavado de dinero y sobreseídos, entró, ahora sí, en su etapa de definición: los tres jueces de la Cámara de Casación que deben decidir si confirman el cierre del caso o lo reabren emitieron ya su voto y la sentencia se conocería en la primera semana de agosto, luego de la feria judicial de invierno, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
Los jueces que deben definir el futuro de la vicepresidenta y sus hijos son Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, que votó última y el 28 de junio pasado trasladó la causa a sus colegas.
La jueza, que venía estudiando el asunto en su vocalía desde diciembre pasado, giró la causa al juez Petrone, que a su vez la envió a Barroetaveña. Con este pase, del que se tiene conocimiento por fuentes judiciales con acceso a los registros del sistema informático de gestión de causas Lex 100, la sentencia está en condiciones de compaginarse y ser firmada por los jueces y notificada a los acusados y al fiscal del caso, Mario Villar.
Una fuente judicial dijo a LA NACION que la definición se conocerá una vez que regresen de sus licencias Petrone y Barroetaveña, lo que ocurrirá luego de la feria judicial de invierno, que tiene lugar entre lunes el 17 y el viernes 28 de julio de 2023.
Si bien el contenido de los votos de los tres jueces es secreto, a fin del año pasado trascendió que Barroetaveña y Petrone votarían por reabrir el caso y ordenar la realización del juicio oral, y que Figueroa votaría en disidencia, apoyando el cierre del asunto. Pero nada es definitivo, ni es seguro, hasta ver las tres firmas en el veredicto.
Máxime si se tiene en cuenta que en estos siete meses hubo numerosos amagues y el fallo nunca se conoció. En este período, la jueza Figueroa -de fluidos lazos con el Gobierno, crítica de la política judicial de Mauricio Macri y una de las que denunció haber sufrido presiones del macrismo en su función judicial- le pidió a Alberto Fernández que eleve su pliego al Senado para que le de un nuevo acuerdo, de modo de seguir siendo magistrada después de los 75 años, pues llega a esa edad el 9 de agosto próximo.
Sin embargo, el oficialismo en el Senado viene fracasando en su iniciativa de convocar a una sesión parlamentaria para tratar ese pliego. La jueza ya tuvo su entrevista personal con los senadores el mes pasado, donde contestó sus preguntas, y el próximo paso es que voten su pliego, pero el trámite no pudo avanzar porque los senadores no se volvieron a reunir.
La postergación del tratamiento del pliego de Figueroa hace que corran peligro otros dos casos sensibles para el kirchnerismo, en los que la magistrada debe votar: la causa por la firma del memorándum con Irán, donde Cristina Kirchner está absuelta, y el caso de Oil Combustibles, donde Cristóbal López y Fabián de Sousa están absueltos y Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, condenado a 4 años y 8 meses de prisión por facilitarle planes de pago del impuesto a los combustibles, en condiciones desfavorables para el Estado.
La jueza Figueroa participó de audiencias previas en esas causas donde los fiscales y los acusados expusieron sus puntos de vistas . Si no hay fallo en estas causas antes de que ella cumpla los 75 años, los jueces Petrone y Barroetaveña deberían convocar a un tercer juez para que vote, si es que no se ponen de acuerdo para resolver los planteos de los acusados.
La definición en el caso Hotesur y Los Sauces es de alta sensibilidad política. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz en el caso conocido como Vialidad. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió ella con el propósito de beneficiar a su socio comercial Lázaro Báez.
En el caso Hotesur y Los Sauces se investigan dos actividades paralelas. Por un lado, la transferencias de dinero de las empresas de Lázaro Báez al patrimonio de Cristina Kirchner y sus hijos, mediante contratos de alquiler de servicios y explotación de sus hoteles en El Calafate. La hipótesis de la acusación es que esos servicios no se brindaron, sino que fueron una simulación para justificar la transferencia de fondos en compensación por los beneficios obtenidos por Báez del kirchnerismo.
Y la otra actividad que se investiga es la trasferencia de dinero al matrimonio presidencial por parte del empresario Cristóbal López en concepto de alquileres de propiedades de la familia Kirchner. Esa parte de la causa Hotesur está conectada con el caso de Oil Combustibles, donde López está absuelto y el fiscal Villar pide que se revierta esa medida y se lo condene.
Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, parte del dinero obtenido por Báez en la obra pública pasó a manos de los Kirchner. Sin embargo, los jueces del caso Hotesur, que son de otro tribunal oral (Adrián Grümberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti) directamente sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos en el expediente, sin hacer el juicio oral.
En su apelación del sobreseimiento de Hotesur y Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos al denostar el sobreseimiento dictado por Grümberg y Obligado. Velasco habló de la “gravedad institucional” de la decisión que “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.
Villar, por su parte, al cuestionar a los jueces, dijo que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.
Señaló que sus integrantes eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían dicha asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.
Enumeró que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal que sería utilizada para sustraer los fondos públicos del Estado Nacional y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.
“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos últimos, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió el fiscal. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces.
