WASHINGTON.- Cada vez que una persona usa por primera vez un celular iPhone o Samsung, un iPad o alguna otra tablet, o una computadora Mac y busca algo en Internet, la búsqueda se hace automáticamente a través de Google, incluso cuando el navegador sea Safari o Firefox. Así está predeterminado en la configuración original de los dispositivos y los navegadores. Cualquier persona puede cambiarla, y elegir otro motor de búsqueda, como Bing, Yahoo! o Yandex. Pero casi nadie lo hace. Hoy, Google concentra más del 90% de las búsquedas globales en Internet, un dominio que dio temprano nacimiento a un verbo que se convirtió en familiar: “googlear”.
Esta actitud de los consumidores –uno de los temas favoritos de estudio entre los expertos de la llamada “economía del comportamiento”– aparece en el centro del juicio antimonopolio que comenzó esta semana en Washington contra Google, un litigio que ha puesto en alerta al universo Big Tech. El caso es ampliamente visto como uno de los más importantes que se haya visto en Estados Unidos desde la demanda que el gobierno federal presentó contra Microsoft, en 1998, por su dominio en el mercado de las computadoras personales.
“Este caso trata sobre el futuro de Internet, y sobre si Google alguna vez enfrentará una competencia significativa”, enmarcó el abogado del Departamento de Justicia, Kenneth Dintzer, durante su declaración inicial.
El juicio es seguido particularmente de cerca por las empresas tecnológicas ya que podría cambiar las reglas de juego de Internet, coinciden expertos consultados por LA NACION.
El Departamento de Justicia, que construyó puntillosamente su demanda durante tres años, acusó a Google de abusar de su posición dominante para perjudicar a sus competidores, como Bing, de Microsoft. El foco de la acusación federal son los contratos que Google firmó con empresas como Apple, Samsung, o Mozilla, creadora de Firefox, para que su motor de búsqueda sea la opción predeterminada por la configuración original de los navegadores web, una ventaja por la cual, señalan los expertos, la empresa pagó miles de millones de dólares.
Google argumenta que compite de manera justa por esos contratos, que su buscador domina porque es superior al resto y que, además, los usuarios pueden cambiar fácilmente la configuración original. El buscador es el pilar de sus multimillonarios ventas de publicidad, una de las principales fuentes de ingresos de Alphabet, la empresa madre de Google.
John Lopatka, profesor de la Universidad Pensilvania y uno de los principales expertos en litigios antimonopolio del país, dijo que uno de los temas que se discuten en el juicio es la importancia de las configuraciones originales. El gobierno federal, indicó, intentará probar que son críticas porque la gente no las cambia, ya que existen barreras –“fricciones”, en la jerga de la economía del comportamiento– para hacerlo, mientras que Google querrá decir que son el mejor buscador, y por eso las empresas y los consumidores lo utilizan.
Uno de los testigos que los fiscales federales presentaron esta semana fue Antonio Rangel, un economista que enseña economía del comportamiento en el Instituto Tecnológico de California, que explicó que las configuraciones predeterminadas tienen una “influencia poderosa” en las decisiones de los consumidores.
“Lo que se pierde en todo eso es que también es indiscutible que eligen a Google como el buscador predeterminado porque Google les ofrece más dinero”, remarca Lopatka. “El tribunal tendrá que determinar si eso es legal. Google dice que esto no es ilegal. Es competencia. Así es como se supone que funciona. Y el hecho de que hayamos creado un mejor producto y podamos pagar más no es anticompetitivo. Es la esencia de la competencia. Y el gobierno querrá decir, ‘bueno, no, estos contratos impiden que los otros motores de búsqueda mejoren porque nunca obtienen la escala que les permitiría ser mejores. Y por eso estos contratos para ser el motor de búsqueda predeterminado son anticompetitivos y excluyentes’”, completa.
“Bastante sospechoso”
Shane Greenstein, profesor de tecnología de la Escuela de Negocios de la Universidad Harvard, cree que estos contratos están en juego en el juicio, y que el desenlace del caso podría tener repercusiones en otros países.
El experto cree que, desde la óptica del gobierno federal, están defendiendo límites para que los monopolios no impidan el avance de sus competidores. Y apunta que el hecho de que una empresa le pague a otra “mucho dinero, miles de millones de dólares” para que se mantenga una configuración “se ve bastante sospechoso”.
“Quieren defender el principio de que no se permite que los monopolios dificulten a otros la entrada a nuevos mercados. Y una de las formas en que Google lo ha hecho es cerrando contratos con tantos fabricantes de dispositivos sobre la configuración predeterminada. El Departamento de Justicia argumentará que el monopolista no debería poder tener un conjunto de contratos tan extenso”, sostiene Greenstein.
Google contrató a tres firmas de abogados para ensamblar su defensa, una clara señal de la importancia del caso y de los contratos que quedaron bajo la lupa. La compañía enfrenta además otro juicio antimonopolio por su negocio de publicidad, su principal fuente de ingresos.
El juez Amit Mehta deberá decidir, primero, si falla a favor del gobierno o de Google. Si fallara a favor del gobierno, Mehta deberá determinar en otro juicio la solución, o el “remedio”. Una de las opciones que se han barajado es que el juez obligue a Google a desinvertir, pero ambos expertos creen que, aun si los fiscales buscan ese remedio, el desenlace más probable es un “remedio de conducta”.
“En la historia de los casos antimonopolio en los que se ha tendido a ordenar una desinversión, el delito implicaba algún tipo de adquisición anticompetitiva”, señala Lopatka. “Si se adquirió una empresa, y eso resultó en un monopolio, es bastante fácil ver cómo el remedio sería deshacerse de la empresa que se adquirió. Pero cuando la teoría del caso es que se usaron estos dispositivos para en cierto modo ganar participación de mercado de manera ilegal y excluir a sus competidores, es difícil ver cómo dividir la empresa es una solución sensata. Normalmente, en el tipo de caso que tenemos contra Google sería un remedio de conducta, impedir que Google haga ciertas cosas y tal vez exigirle que haga otras”, completa el experto.
Greenstein coincidió con esta visión al señalar que, si Google perdiera el juicio, el Departamento de Justicia muy probablemente pedirá un remedio de “cesar y desistir”, y también el pago de una multa para cubrir el costo que el comportamiento de Google tuvo para el mercado.
Ese eventual desenlace es el que mantiene expectante al resto del mundo tecnológico, ante la eventualidad de que la Justicia obligue a las empresas a, por ejemplo, modificar el manejo de las configuraciones predeterminadas o los acuerdos entre las compañías.
“La ley sobre las configuraciones predeterminadas es algo de lo que la gente en la industria del software ha hablado durante mucho tiempo”, apuntó Greenstein. “Otras empresas utilizan configuraciones predeterminadas en muchos lugares. Y, entonces, hay una preocupación, creo que una preocupación empresarial bastante razonable de muchas de las principales empresas, de que las reglas que determinan lo que se les permite hacer pueden cambiar como consecuencia de este caso. Y eso es lo que muchas otras empresas están observando también porque les preocupa que los principios legales generales cambien como consecuencia. Es difícil saberlo”, completó Greenstein. “Es otro de los motivos por los que estoy siguiendo el caso”, cerró.
