El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y el exsecretario de Hacienda de la gestión anterior, Hernán Mourelle, fueron señalados por el Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires como responsables de los gastos ocasionados a la Municipalidad debido a los fallos en contra que acumuló en 2021 de vecinos que acudieron a la vía judicial al no poder tramitar sus licencias de conducir por tener multas de tránsito impagas. A través de un fallo se determinó que los funcionarios deban responder con su patrimonio por un total de $623 mil pesos.
Tras conocerse el extenso fallo de 136 fojas sobre el Ejercicio 2021 del tribunal presidido por Federico Thea, la municipalidad apeló la decisión y elevó su descargo al HTC. Según fuentes de la comuna aseguraron a este medio, el jefe comunal está exento de responsabilidad, ya que es una limitación impuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). “Actualmente, la Agencia rechaza aquellas peticiones sobre contribuyentes que mantienen deudas por multas, por lo que la Comuna no puede avanzar con el trámite”, detallaron.
Tal como resuelve el tribunal, los funcionarios municipales son responsables de la situación debido a que está vigente desde 2019 una ordenanza que prohíbe explícitamente a la Municipalidad reclamar multas de tránsito adeudadas como condición para proseguir con el trámite, además de una infinidad de fallos de la justicia provincial donde se considera inconstitucional tal condicionamiento.
“La primera de las causas fue iniciada el 17 de diciembre de 2019, a días de asumir el nuevo gobierno y cuando la ordenanza fiscal que establecía la prohibición (para tramitar la licencia de conducir) aún se encontraba vigente, por lo que la administración municipal no tenía otra alternativa que denegar el trámite”, explicaron en su descargo ante el HTC.
El Tribunal de Cuentas formuló cargos por $513 mil contra Montenegro -por tres juicios iniciados durante su gobierno- y $110 mil contra Mourelle. También, la situación alcanza al gobierno anterior de Carlos Arroyo -por cinco juicios durante su gobierno-, pero en este caso, queda sin efecto debido a su fallecimiento en diciembre de 2022.
Ahora, estos cargos deberán ser confirmados en nuevas actuaciones del organismo bonaerense, para finalmente transformarse en multa.
Como alternativa mientras transcurre esta apelación, desde el municipio buscaron resolver desde el sistema informático de la propia administración para que se puedan sacar turnos de renovación de permisos de conducir aunque el titular del trámite tenga multas de tránsito impagas. “Las que no pudimos solucionar corresponden a otros distritos y ya no depende de nosotros, sino de la ANSV”, confirmaron a LA NACION.
Con información de Darío Palavecino
