SANTIAGO, Chile.- El 11 de septiembre de 1973 es una fecha marcada a fuego en Chile y el inicio de una etapa tan controvertida como simbólica. Ese día, el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente en ejercicio, el socialista Salvador Allende, e inició una dictadura que se prolongó por más 17 años y que dejó una estela sangrienta: más de 40.000 opositores al régimen fueron ejecutados, desaparecidos o torturados.
Cuando faltan pocos días para la conmemoración de los 50 años del golpe, y en medio de un complejo momento político tras el destape de hechos de corrupción que surgieron desde el caso “Convenios”, el gobierno del presidente Gabriel Boric firmó el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda, que intentará identificar las circunstancias de la desaparición forzada de más de 1100 víctimas desde la llegada al poder de los militares.
“¿Cómo se enfrenta una búsqueda cuando te dicen que acá no se ha perdido nada? ¿En qué momento después de golpear tantas puertas se asume la muerte? ¿Cómo se responde a quienes invitan a olvidar y a quienes niegan lo que ocurrió? Creemos que la mejor manera de dar respuesta a algunas de estas preguntas es llevando a la práctica y asumiendo la responsabilidad que asumieron las víctimas y por eso nos reunimos hoy para firmar este decreto”, dijo Boric en el discurso que realizó en un evento organizado en la Plaza de la Constitución, a pasos del Palacio de La Moneda.
“Con esta política pública, que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no sólo como gobierno, de hacer todo lo que está en nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada. Esa verdad tiene que ser construida y el Estado tiene que aportar para que se haga tal”, añadió el presidente, en un acto en el que participaron diversas agrupaciones de derechos humanos y representantes de los partidos oficialistas, pero que no contó la presencia de los líderes de los partidos de la derecha opositora.
“De las 1469 víctimas de desaparición forzada, a 33 años de recuperada la democracia hemos encontrado sólo a 317, y esa cifra nos debe hacer arder la sangre, porque da cuentas de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y sociedad”, emplazó Boric.
Trayectorias
En lo específico, el decreto pretende reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final, además de ubicar, recuperar, identificar y restituir sus restos mortales. De acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la dictadura de Pinochet dejó 1469 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1092 corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados sin entrega de cuerpos.
Además, el plan que presentó Boric tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, lo que implica que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todos los gobiernos.
En tanto, desde la organizaciones de derechos humanos hubo muestras de apoyo a la acción de Boric, una de las reivindicaciones más concretas en la materia tras el regreso a la democracia. “Esto es algo que no se vio en ningún otro gobierno, que era necesario, para que este calvario no sea solo de los familiares, sino de la sociedad completa, porque el Estado fue el responsable de las desapariciones”, señaló Gaby Rivera, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Por su parte, la diputada comunista Lorena Pizarro expresó cierta escepticismo ante el anuncio. “Es difícil, yo voy a ser bien honesta en esto, esto es muy difícil, porque aquí hay un pacto de silencio y hay décadas de impunidad. Yo quiero esperar a lo que pasa hoy día y lo que sucede en el transcurso del tiempo para que esto sea de verdad una responsabilidad que asume el Estado para siempre”, señaló.
Desde los partidos de la oposición, el foco se centró en aclarar que no fueron invitados al evento y en criticar a Boric, quien el martes en el funeral del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, exaltó su figura pero lanzó una crítica velada al militar (r) Hernán Chacón Soto, quien se suicidó cuando la Policía de Investigaciones (PDI) llegó a buscarlo para efectuar el traslado hasta la cárcel de Punta Peuco, luego de ser condenado por el asesinato del cantante Víctor Jara en el inicio de la dictadura.
“[Tellier] murió como un hombre digno […], hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la Justicia”, dijo Boric, en palabras que generaron la indignación de la oposición, que las calificaron de “irrespetuosas” e “indignas”.
“Cuestionar y denostar de manera pública, utilizando todo el aparato estatal para hacerlo, llega a ser inhumano, más aun viniendo de alguien que, en teoría, debiese representar a todos los chilenos”, indicó una declaración firmada por la bancada parlamentaria del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), mientras el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, tildó de “cobarde” al presidente. “Alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde, él es un cobarde”, señaló.
