El Plan Llegar a cualquier precio hizo explotar los negocios alrededor a su principal criatura: la brecha del dólar. Además de la inflación y la destrucción de las reservas, la herencia deja un festival de arreglos para quedarse con dólares baratos del Estado y cambiarlos por otros más caros en el mercado. El desfase está construyendo fortunas. El Gobierno amenaza con perseguir a los responsables, pero es curioso porque entre los operadores aparecen conocidos del Estado.
La Aduana echó mano a la ley penal cambiaria para impulsar a los exportadores a liquidar divisas. A la firma Rizobacter, del grupo Bioceres, la acusó de simular operaciones de exportación, en ventas a empresas vinculadas, y en vez de liquidar en el mercado de cambios formal, dejar los fondos en el exterior y convertirlos en contado con liquidación. En el granero del mundo, el modelo económico produjo el milagro: la brecha es más negocio que los cereales. A la empresa NRG Argentina la denunciaron por sobrefacturar una importación para quedarse con dólares a precio oficial. NRG es proveedora de Vaca Muerta. Pero nadie vio nada. Las denuncias penales llegan en la etapa final de un largo proceso de registro y operación de exportaciones. Los negocios avanzan sin que previamente se detecten las inconsistencias. Esas curiosas omisiones, la llamativa vista gorda en el armado de triangulaciones gigantescas para beneficiarse con el abismo entre los dólares oficiales y financieros, esconden complicidades con los organismos de control. Como se preguntó el periodista Matías Longoni: “¿No era conveniente sospechar antes de una exportación de carne vacuna desde la Aduana de Puerto Madryn?”.
El Plan Llegar generó un festival de comisiones para conseguir dólares oficiales o los permisos invaluables del SIRA, el sistema que gestiona las importaciones. Son los brotes verdes de la crisis. Fueron necesarias las advertencias de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre los movimientos de la firma Extrugreen, que a través de Díaz & Forti operaba en Vicentin, para corroborar irregularidades, pese a que la aceitera está en proceso de concurso preventivo, tiene como principal acreedor al Banco Nación y sobre sus espaldas se apoya la mirada del Estado nacional. La FinCEN, la unidad de lavado norteamericana, también viene advirtiendo al Gobierno argentino sobre la creación de empresas en Estados Unidos para triangular dólares de importadores y convertirlos en financieros. Esa es la etapa final del proceso. Si se llegó a Estados Unidos es porque en Argentina las pantallas ya están garantizadas. En el equipo económico culpan a Miguel Pesce, titular del Banco Central. “Tarda mucho en reaccionar”, critican. Otros apuntan a los organismos de control que maneja el equipo de Massa. Una verdadera guerra fría se libra en el interior del equipo económico.
El propio Gobierno distribuyó un ránking de las principales empresas que adeudan liquidación de exportaciones y en el quinto puesto aparece la firma Galileo, que es proveedora de YPF, la empresa manejada por La Cámpora. Se la contrató para la provisión de equipos que captaban el gas de los pozos. Según el registro oficial, adeuda 57 millones de dólares En otras palabras, el Gobierno provee de negocios a una firma que después acusa de retener divisas. El oficialismo no es el único conocido de Galileo. Antes formó parte del Grupo Socma, de la familia Macri. La compañía tuvo mucha suerte al conseguir el contrato con YPF. La multinacional francesa Air Liquide también estaba interesada, pero no le dieron ni la oportunidad, según reconstruyen en el mercado energético. Otras empresas del listado de acusadas aseguran que no recibieron ninguna intimación del Banco Central hasta que se descubrieron en la lista.
El festival de los dólares baratos también sedujo a financistas de campaña, que compraron aviones con dólares a la cotización oficial y los vendieron al precio del mercado. En la denuncia por la maniobra trascendieron los nombres de Miguel Pesce, titular del Banco Central, y Martín Guzmán, antecesor de Massa, pero los empresarios brillan por su ausencia. Algunos son conocidos del ministro. Muy conveniente.
En la Argentina del descalabro económico, las causas judiciales volvieron a usarse como arma política. Lo comprendió rápidamente Antonio Aracre, que después de ser echado del Gobierno por desafiar al ministro se enteró que la empresa que dirigía, Syngenta, había sido denunciada por “contrabando calificado”. Inoportuno, Aracre había metido el dedo en la llaga cambiaria: se preguntó cómo era posible que el modelo económico permita importar autos de lujo con dólares oficiales. Syngenta emitió un comunicado donde respondió que no había recibido ninguna intimación judicial.
La otra herejía del asesor expulsado fue lamentar en una entrevista la “vergüenza” de que en “un gobierno peronista” el salario mínimo sea de $80.000, es decir, 180 dólares por mes. No piensa lo mismo la CGT, que la semana pasada advirtió sobre el riesgo de “descomposición social” por la situación económica, pero enseguida lanzó el nombre de su candidato para solucionarlo: el mismo Ministro de Economía. Delicias del peronismo. “Massa es el que mejor representa la Frente de Todos”, en palabras de Héctor Daer. La prioridad es llegar.
El FMI se apresta a dar una ayuda para alcanzar las elecciones sin estallidos con el anticipo de los desembolsos previstos hasta fin de año. Massa está convencido de que alcanzará para arribar sin problemas al puerto de las primarias. Como un secuestro mutuo, Cristina Kirchner y Massa están atrapados juntos hasta las elecciones. Uno necesita del otro. Por eso en el kirchnerismo imaginan que ambos apellidos estarán en la boleta del Frente de Todos. El Fondo ayudará a llegar, según descartan en Wall Street. Pero el interrogante es el estado en que quedará el barco al momento de atracar. La intervención en el mercado de cambios por parte de Lisandro Cleri está quemando los encajes de los plazos fijos anclados en el Banco Central.
En otras palabras, Cleri está frenando el dólar con los depósitos de los argentinos. La ayuda del Fondo llegará en la forma de 10.000 millones de dólares en DEGs, que es la moneda del organismo. Nadie duda que los entregarán. Pero difícilmente permitan usarlos para intervenir en el mercado. En los efectos contables servirán para mostrar un alza en las reservas. Pero no es poder de fuego para intervenir. Son para “poner en la vidriera”, como ilustra el economista Carlos Melconian. Cuando sea necesario reconstruir el daño, el próximo Gobierno deberá resolver como recupera el capital de trabajo que las empresas habían resguardado en los depósitos y fue incinerado para parar las corridas. Llegar es solo el principio.
