El juez federal Daniel Rafecas recibió información del gobierno de Estados Unidos sobre cómo fueron los negocios delictivos del gigante brasileño en la Argentina que le permitirían avanzar en su investigación sobre el capítulo argentino del Lava Jato, con eje en la gestión del entonces ministro kirchnerista Julio de Vido, confirmaron a LA NACION fuentes tribunalicias.
El material probatorio que llegó de Washington se centra en la operatoria delictiva que desplegaron altos ejecutivos de Odebrecht y un grupo de intermediarios –brasileños, uruguayos y argentinos- para pagar sobornos a través de un entramado offshore a funcionarios en el proyecto para la extensión de redes troncales de gas en el país.
Un espectáculo grotesco en la Justicia
Las sospechas se centran en el entonces ministro De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, el entonces secretario de Energía, Daniel Cameron, y el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez, como también en los máximos ejecutivos de Odebrecht en la Argentina, además de las empresas a las que se asoció en el país.
Los pagos ilegales quedaron incluso volcados en documentos internos de Odebrecht en las que aludieron a los receptores de las coimas, según reconstruyó LA NACION durante los últimos años. Entre otros, en una planilla interna en la que figuran 18 pagos vinculados a “Dutos Argentina” por un total de US$ 900.000 -la mayoría por entre 45.000 y 60.000 dólares con una frecuencia casi mensual- entre el 16 de marzo de 2009 y el 30 de mayo de 2011, movimientos que se vincularían a la extensión de las redes troncales de gas.
Esos datos se combinan, a su vez, con los volcados en otra planilla similar, que reveló el diario Perfil, con pagos que se hicieron entre junio de 2012 y octubre de 2014, a personas sólo identificadas detrás de apodos. Entre ellos, “Duvidoso” (“dubitativo”, en portugués) y “festanca” (“fiestero” o “festivo”, en ese idioma).
En esa investigación, cabe remarcar, Rafecas ya procesó a De Vido, a Cameron y a otros funcionarios, entre otros, y remitió las actuaciones a un tribunal para que afronten un juicio oral. Pero ahora podría avanzar sobre ellos y otros sospechosos, como Jorge “Corcho” Rodríguez, por su presunta participación en actos de corrupción.
Así, con el material que aportó Estados Unidos, y ante el fallecimiento del fiscal federal que estaba a cargo de la instrucción, Federico Delgado, el juez Rafecas ordenó avanzar con la pesquisa, con la esperanza de reconstruir cómo habría sido la ruta del dinero a través del Caribe, Estados Unidos y Uruguay, hasta llegar a las manos de funcionarios argentinos.
Rafecas se sumó de este modo al juez federal Sebastián Casanello, quien también destrabó la cooperación de las autoridades estadounidenses en la pesquisa por la construcción de una planta potabilizadora de agua para Aysa, en tanto que el fiscal federal Franco Picardi obtuvo material de su contraparte brasileña en la causa por el soterramiento del Sarmiento.
En esa línea, la Fiscalía peruana también podría aportar más datos sobre cómo el gigante brasileño Odebrecht pagó sobornos a varios Presidentes y otros altos funcionarios de su país durante décadas, con dos escalas clave: Uruguay y el Principado de Andorra, según surge de documentos y testimonios obrantes en Lima que obtuvo LA NACION.
Las pistas peruanas se centran en el rol que jugó la Banca Privada D’Andorra (BPA), varios de sus máximos ejecutivos y sus enlaces para el Cono Sur, como también casas de cambio uruguayas que, de manera coordinada, canalizaron coimas por decenas de millones de dólares, al mismo tiempo que sirvieron también de pantalla para ocultar a sus receptores finales; entre ellos, funcionarios kirchneristas.
Liderados por la fiscal Norma Geovana Mori Gómez, los sabuesos peruanos también lograron acceder a las evidencias que recolectaron los fiscales brasileños en la investigación Lava Jato. Incluidas las confesiones de decenas de ejecutivos de Odebrecht sobre cómo era el lado B de la compañía –la “División de Operaciones Estructuradas”- y miles de documentos internos que corroboraron sus dichos, con memorandos, e-mails y mensajes telefónicos, entre otros.
“Propinas”
Una de esas “delaciones premiadas” fue la de Jorge Henrique Simoes Barata, otrora máximo ejecutivo de Odebrecht en Perú y, desde ese rol preponderante, quien requirió a la cúpula central de la compañía el pago de sobornos a funcionarios de ese país. Confesó que él se comunicaba con el vicepresidente para América Latina, Luiz Antonio Mameri –que también fue clave para las coimas en Argentina- para destrabar las “propinas”, o directo con el número uno del holding, Marcelo Odebrecht.
Barata detalló algo más, que también se replicó en la Argentina, según reconstruyó LA NACION: “Si el monto [del soborno] era pequeño y se podía obtener con facilidad, el pago era local”, precisó, aunque aclaró que “el criterio principal” era recurrir a “una cuenta afuera, en un paraíso fiscal o de una empresa offshore que no identificara su nombre”.
Podía ocurrir, sin embargo, que el monto del soborno fuera voluminoso, pero que el funcionario receptor no tuviera una sociedad offshore ya montada. Eso tampoco resultó un impedimento, según Barata. “Cuando esto sucedía –precisó-, el Departamento de Operaciones Estructuradas decía ‘apóyenle’, y entonces le daban el teléfono de Luiz Soares a la persona [por sobornar] para que él coordine directo”.
Conocido como “Luiziño” o “Tushio”, Luiz Eduardo da Rocha Soares fue uno de los encargados de coordinar los sobornos para el holding brasileño. Como tal, por ejemplo, a finales de 2011 le envió un correo al entonces CEO de la compañía en la Argentina, Rodney Rodrigues, con detalles sobre ocho giros para sobornos vinculados a nuestro país que envió a una cuenta paralela por US$2,9 millones. Fugitivo de la Justicia de Estados Unidos, fue detenido en 2016 y accedió a colaborar con las autoridades brasileñas y peruanas.
Soares relató cómo gestionó un tramo clave de la operatoria delictiva gracias a un operador que falleció a fines de 2022. “Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el [banco suizo] PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, detalló.
“Estuve allá [por Andorra] con Betingo, incluso, donde me presentaron a la nueva directiva del banco, donde estaba Joan Pau Miquel, y en 2009 pasó a ser Isabel Sarmiento la jefa de compliance”, rememoró Soares ante los investigadores, que ya estaban al tanto del uso intensivo de una firma offshore, Klienfeld Services Ltd, para canalizar sobornos a funcionarios argentinos, peruanos y panameños, entre otros.
Inés Sarmiento, detalló Soares, “indicó que las cosas no estaban bien porque toda la plata de nosotros venía de Klienfeld para Klienfeld, y Klienfeld pagaba a los beneficiarios finales, por lo que ella sugirió que nosotros abriéramos dos cuentas nuevas para que hubiera un ‘step’ más”. Es decir, un eslabón intermedio que despegara al pagador del receptor de los sobornos. “Ella estaba preocupada que uno de los beneficiarios finales tuviera problemas y toda la cadena quedara en problemas”, precisó.
Así lo hicieron, según confirmó Soares. “Con ayuda del BPA [por la Banca Privada de Andorra], abrimos [la firma offshore] Aeon Group para hacer los pagos para las personas que presentamos y una empresa más, para una cosa específica, una casa de cambio en Uruguay, que era también una gestión de Betingo [Sanguinetti], eran pagos en la Argentina que nosotros teníamos”.
Para entonces, “Betingo” y casas de cambio uruguayas estaban en la mira de los investigadores. Habían corroborado, por ejemplo, que Sanguinetti les había pedido a sus colegas de BPA avanzar con una triangulación de fondos en la que participaron las sociedades Lion´s Soul Corporation y Carday, “para pagar una subcontrata en B”, según la Policía de Andorra. Carday era, a su vez, una firma offshore que manejaron los dueños de la casa de cambio uruguaya Europa SA, que también quedó bajo la lupa tras recibir giros de Odebrecht por US$ 18 millones (15,7 millones de euros) a través del BPA.
