El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti presentó una denuncia en la que afirmó que hay líneas de teléfono a su nombre que son falsas, derivadas de tareas de espionaje ilegal que buscan “desprestigiar” a los integrantes del máximo tribunal y condicionarlos. Sin embargo, se mostró firme ante estas amenazas y marcó: “Esto no va a cambiar nuestras decisiones”.
Tras radicar la presentación, y con una causa iniciada que recayó en el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Lorenzetti tildó de “lamentable” esta situación y dijo que ya pasó por esto en otras oportunidades.
“Hay que censurar este tipo de actividades, que son varios los casos y se están investigando. Hay que dejar actuar. Martínez de Giorgi está con las investigaciones y ya hay pedidos de informes a la Dajudeco [por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado]. Está haciendo su trabajo. Hay que investigar y que esto se aclare lo mejor posible. Pero tenemos que advertirlo. Puede darse el caso de que haya llamados en nombre de nosotros proponiendo cosas extrañas y que con eso nos quieran desprestigiar, eso buscan claramente”, afirmó esta mañana en Radio Mitre.
Contó también que lo más grave que le tocó pasar fue un episodio en 2015, antes de que asumiera Mauricio Macri, cuando pintaron la casa de su madre, le sacaron una foto, y la enviaron a su teléfono y al de su mamá. “Lo he sufrido muchas veces. Lo importante es aclararle a la población que no vamos a cambiar absolutamente nada por estas presiones. Que la Corte y los jueces tenemos que estar acostumbrados a estas cosas y seguir actuando con templanza, con seguridad; proteger los derechos de las personas”, dijo.
Planteó además que los supremos no deben victimizarse ante esto porque así les “hacen el juego” a quienes operan “en el subsuelo de la política o de la sociedad”. Asimismo, acotó bajo esa postura: “La victima es la gente que sufre de verdad. Nosotros tenemos que ser firmes, fuertes, sólidos y seguir en nuestra actividad. El espionaje es para condicionarlo a uno. Y esto no va a cambiar nuestras decisiones. Lo sufrí durante 15 años”.
Convencido de que estas tareas de inteligencia ilegal implican gravedad institucional, Lorenzetti evitó especular sobre las motivaciones detrás de estas prácticas ilícitas. “Es difícil afirmar cosas. Por otra parte, cuando afirmamos podemos ser recusados. No podemos hacer afirmaciones sobre temas en los cuales tenemos que resolver. Hay que ser cuidadosos, si no hacemos el juego a estas cosas”, expresó y enfatizó: “Siempre es para presionar o para hacernos cometer errores. No hay que hacer ninguna de las dos cosas. Hay que ser firmes y soportar las presiones, para eso estamos nosotros, tenemos esa enorme responsabilidad y una gran misión, que es proteger a la gente de todo esto”.
Estas declaraciones se dan cuando hay además otro expediente por espionaje ilegal que investiga la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Justicia porteña, Daniela Dupuy.
En esa causa, el principal sospechoso, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, de 22 años, está acusado de haberse entrometido en decenas de teléfonos de personalidades de la política y la Justicia, como el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, Diego Santilli; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos; y dos de los integrantes del tribunal oral que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
