Por separado –y uno de ellos con citas doctrinarias del presidente Alberto Fernández-, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) y el precandidato Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) solicitaron a la Justicia federal que investigue los incidentes registrados en Jujuy por la presunta comisión del delito de sedición.
Espert radicó su denuncia ante los tribunales federales de Comodoro Py tras concluir que las máximas autoridades del país promovieron los actos de violencia desde la ciudad de Buenos Aires, y “promovieron y alentaron a los sediciosos a seguir cometiendo los actos de vandalismo que se vieron por los medios de comunicación”.
El Gobierno, con los violentos
Por su parte, Pichetto planteó que su denuncia debe investigarse en la ciudad de Buenos Aires tras estimar que la supuesta planificación, programación y financiamiento de los incidentes –es decir, su consumación jurídica- habría ocurrido en territorio porteño, más allá de su consumación territorial en la provincia norteña.
El precandidato a diputado nacional planteó además que debe ser la Justicia federal la que asuma la investigación tras sostener que los episodios de violencia fueron orquestados por “sectores claramente vinculados al Gobierno federal”. Según Pichetto, “desde diferentes áreas del Gobierno Nacional se programó la acción criminal y su financiamiento, lo que incluyó la organización de los militantes y la logística para poder arribar a la provincia jujeña”.
En su propia denuncia, Espert fue un paso más lejos que Pichetto y acusó por sus nombres a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo nacional: Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro y Aníbal Fernández, como también al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
Espert también incluyó en su denuncia a tres diputados nacionales de izquierda –Myriam Bregma, Nicolás del Caño y Romina del Pla-, y adelantó que pedirá además al Congreso de la Nación que expulse a los tres legisladores “por promover la sedición en Jujuy”.
Por su parte, Pichetto citó en su denuncia un artículo que su abogado, Alberto Piotti, publicó años atrás con el actual presidente, Alberto Fernández, sobre “atentados al Orden Constitucional y a la Vida Democrática”, y destacó que en ese texto abordaron, “con sustento en citas doctrinarias y jurisprudenciales de orden nacional e internacional incluye a las conductas aquí denunciadas como constitutivas del delito de sedición”.
Para Espert, en tanto, “la protesta violenta tuvo como objeto cambiar la constitución de la provincia de Jujuy recientemente sancionada con amplio consenso de los convencionales electos por el pueblo jujeño y para hacerlo este grupo de personas se atribuyeron los derechos del pueblo y peticionaron en nombre de este, en otras palabras, lo sucedido en la provincia de Jujuy fue a las claras una manifestación sediciosa”.
