MADRID.- El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, fracasó este viernes en su segundo intento de ser investido presidente de España, después de una votación en el Congreso de los Diputados en la que no alcanzó la mayoría simple.
Este fracaso esperado abre la vía a una candidatura del jefe de gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez, que deberá obtener para ello el apoyo crucial de los independentistas catalanes. Si no lo consiguiera, deberán convocarse nuevas elecciones, que se celebrarían hacia mediados de enero.
Como era de esperarse, se repitió el resultado de la primera votación, celebrada el miércoles, con la excepción de un voto que fue declarado nulo por un error. Núñez Feijóo contó con 172 apoyos (los 137 diputados de su partido, los 33 de Vox, la de Coalición Canaria y el de UPN). En su contra votaron 177 parlamentarios, los del PSOE, Sumar, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, PNV y BNG. El diputado de Junts Eduard Pujol dijo sí por equivocación y su voto fue contabilizado como nulo.
Tras el primer intento fallido del miércoles, en el que necesitaba mayoría absoluta, el líder popular no ha logrado ser investido por mayoría simple (obtener más votos positivos que negativos) este viernes.
Núñez Feijóo ya había asumido en su discurso la derrota al advertir a Sánchez, el secretario general del PSOE, de que el PP no se abstendría si el rey Felipe VI lo designaba candidato a la investidura. “No nos pidan lo que ustedes se niegan a hacer”, declaró.
Según el líder conservador, tras el fracaso de su investidura solo van a quedar “dos salidas no honrosas: el gobierno de la mentira o la repetición electoral”.
Carrera contrarreloj de Sánchez
Consumado el fracaso de Núñez Feijóo, Sánchez arranca ahora una compleja carrera contrarreloj para tratar de ser investido como presidente del gobierno por el Parlamento español, aunque para lograrlo deberá conseguir el apoyo de los independentistas catalanes, que no dejan de incrementar sus exigencias.
El socialista debería recibir próximamente el encargo del rey Felipe VI para tratar de formar una mayoría antes del 27 de noviembre.
La inestabilidad política se ha convertido en el principal problema de España. Y para el monarca, quien según el artículo 56 de la Constitución “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, esa función es cada vez más complicada. Prueba de ello es que próximamente afrontará su décima ronda de consultas, las mismas que mantuvo su padre en 39 años de reinado, pero él alcanza esa cifra en nueve años y medio frente a la Jefatura del Estado.
En caso de que Sánchez no logre la mayoría, se convocarían automáticamente elecciones para mediados de enero. En el poder desde hace cinco años, el líder del PSOE, quien mostró estos últimos años un agudo sentido de la supervivencia política, volvió a mostrar su confianza ayer en que lo conseguirá.
España “se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo”, aseguró en Madrid frente a socialistas europeos. Pero, a pesar del optimismo mostrado por el ahora presidente en funciones, las negociaciones se anuncian cada vez más delicadas.
Con el apoyo de la extrema izquierda, con quien gobierna desde 2020, y de los separatistas vascos, Sánchez necesita los votos indispensables del partido independentista catalán de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, que se opuso sistemáticamente a su gobierno en los últimos años.
A comienzos de septiembre, el líder de la tentativa de secesión de 2017 exigió desde Bélgica, donde se instaló para huir de la justicia española, la amnistía de los independentistas con causas judiciales por su participación en la fallida independencia, a cambio del apoyo de su formación.
Referéndum
Pero estos últimos días, Junts e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el otro partido separatista, subieron aún más el listón y exigieron que se abran negociaciones para celebrar un referéndum de autodeterminación.
En una resolución adoptada el viernes en el Parlamento regional catalán, los dos partidos instaron a las formaciones catalanas con representación en el Parlamento español a que “no den apoyo a una investidura de un futuro gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”.
Con Puigdemont a la cabeza, el gobierno regional catalán organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación, a pesar de la prohibición de la Justicia. Al escrutinio le siguió poco después una declaración unilateral de independencia, que provocó la peor crisis política en España en décadas.
El gobierno central, entonces presidido por el PP, destituyó al gobierno regional y suspendió la autonomía de esta rica región de 7,8 millones de habitantes. Los líderes independentistas huyeron entonces al extranjero, como Puigdemont, o fueron encarcelados.
Agencias AFP, AP y DPA, y diario El País
