Una fuerte advertencia realizaron dos entidades porque temen que un histórico edificio donde tuvo lugar en el país la primera enseñanza agropecuaria y veterinaria sufra el abandono y se enfrente al riesgo de usurpación.
Las instituciones preocupadas son el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia) y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de la Argentina (CPIA), que se manifestaron en un documento sobre el predio de Santa Catalina, en el partido de Lomas de Zamora. En rigor, el 6 de agosto de 1883, allí surgió la primera escuela de agronomía, veterinaria y haras del país.
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Según recordaron Cadia y CPIA, a cargo de esa institución estuvo Eduardo Olivera, un ingeniero agrícola que había estudiado en Francia. En 1888 egresaron los primeros diez ingenieros agrónomos del país y luego ellos mismos, en 1906, reunidos en La Plata crearon el Centro Nacional de Ingenieros Agrónomos, hoy Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia). Después, en 1944, según recordaron, por iniciativa de Cadia se creó el CPIA, “la primera rama de las ingenierías en organizarse mediante su consejo profesional en todo el país y cuyo objeto era la regulación y el control del ejercicio profesional con jurisdicción nacional”.
De acuerdo a las instituciones, ya en 1976 se asentó en los edificios de Santa Catalina la Universidad de Lomas de Zamora, que usó parte de la superficie y pabellones hasta la actualidad con la Facultad de Ciencias Agrarias. En este contexto, Cadia y CPIA alertaron: “Pero recientemente, ante información que es de público conocimiento, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora tomó la decisión de retirar sus actividades del citado casco histórico donde fue iniciada la enseñanza agraria en nuestro país, resultando un hecho incomprensible que coloca al patrimonio edilicio en un complejo escenario de incertidumbre en cuanto al destino que puede acarrear, el riesgo de usurpación y la falta de mantenimiento básico”.
Las entidades luego agregaron: “Las instituciones firmantes, herederas directas del legado con valor histórico, simbólico y científico, exhortamos a las autoridades de la Universidad de Lomas de Zamora para encontrar el camino que nos aleje del derrumbe de nuestra historia y estamos a disposición para hallar una alternativa superadora que permita conservar el predio. En caso contrario, es nuestro deseo que se arbitren las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mencionados bienes históricos y su cuidado, hasta tanto las autoridades pertinentes en el ámbito de lo ambiental y patrimonial encausen la adecuada preservación del sitio conforme a las normativas que recaen sobre el mismo”.
El documento de Cadia y CPIA fue firmado por Sergio Waldman, de la primera institución, y Claudio González, de la segunda. Tan significativo es el predio que González recordó que en el Instituto Fitotécnico Santa Catalina se dictó la primera clase de agronomía en el país. “Es nuestra Tierra Santa”, comparó ante este medio.
“No se trata de una discusión de a quien le pertenece el dominio, o quien tiene su control. Santa Catalina es un emblema que le pertenece a todos los profesionales del agro, ingenieros agrónomos y afines del país, por eso hacemos un llamado a su puesta en valor y, fundamentalmente, a que no sea abandonado el predio por parte de la Universidad de Lomas”, dijo González.
Respuesta
En este contexto, desde la universidad dieron su punto de vista: “La Universidad Nacional de Lomas de Zamora ha incorporado a la Facultad de Ciencias Agrarias al predio en el que se desarrollan el resto de de sus actividades académicas y administrativas, que incluyen otras cuatro facultades y el Rectorado. Esto se realizó a través de la construcción de un nuevo edificio y laboratorios, con el objetivo de integrar la actividad de sus investigadores y el funcionamiento de sus cátedras, al conjunto de la comunidad universitaria, en condiciones óptimas de infraestructura”.
Y respondieron en alusión a las entidades: “La calificación de incomprensible solo puede ser obra de la mala fe o el desconocimiento aunque estos elementos no son excluyentes. En lo material significa pasar por alto los riesgos que significaban, para nuestros estudiantes, docentes y trabajadores, la habitabilidad en un edificio derruido, sumado a las condiciones de inseguridad imperantes en ese predio. En lo formal, implica desconocer el grado de autonomía y el peso en la toma de decisiones de una universidad pública, por parte del Cadia y el CPIA”.
