El 1° de mayo, Día del Trabajo, conmemoramos el aporte que hacen los trabajadores de todo el mundo. Es una ocasión para el orgullo, la celebración y la esperanza. Y es particularmente especial tres años después de la crisis del Covid-19, a la que le siguió una coyuntura de inflación, conflictos y crisis de abastecimiento de alimentos y combustible. No obstante, las promesas de renovar y “reconstruir mejor” hechas en la pandemia no se cumplieron hasta ahora para la gran mayoría.
A escala mundial, los salarios reales bajaron sustancialmente, la pobreza creció y las disparidades parecen estar más arraigadas que nunca. Las micro y pequeñas empresas se han visto particularmente afectadas por los sucesos y muchas han tenido que cerrar.
Muchas personas también consideran que sus sacrificios para hacerle frente al Covid-19 no se han visto reconocidos. Estiman que sus voces no se escuchan lo suficiente. Esta situación, unida a la percepción de una falta de oportunidades dio lugar a una inquietante desconfianza. No tendría por qué ser así.
Seguimos siendo dueños de nuestro destino. Pero, si queremos forjar un mundo nuevo, más estable y equitativo, debemos ir por un camino diferente, por una opción que le confiera prioridad a la justicia social. Creo que esto no solo es viable, sino también primordial para fomentar un futuro sostenible y estable. Pero, ¿cómo lograrlo?
En primer lugar, nuestras políticas y acciones deben centrarse en las personas y tener el objetivo de lograr su bienestar material y su desarrollo espiritual en un entorno de libertad y de dignidad, con seguridad económica e igualdad de oportunidades. Este enfoque no es nuevo, sino que se estableció y se acordó tras la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Declaración de Filadelfia suscrita en 1944 por los miembros de la OIT.
En ese documento visionario se fijaron los principios rectores de los sistemas económicos y sociales, no para orientarlos exclusivamente a fomentar tasas de crecimiento específicas u otros objetivos estadísticos, sino para atender las necesidades y las aspiraciones de las personas. Ello conlleva abordar la desigualdad, aliviar la pobreza y fomentar la protección social básica.
La forma más eficaz de lograrlo es con empleo de calidad, para que las personas puedan subsistir por sí mismas y forjar su futuro, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 sobre “trabajo decente para todos”.
Esto significa afrontar de manera realista las transformaciones estructurales de largo plazo: garantizar que las tecnologías contribuyan a crear y promover el empleo; hacer frente de forma eficaz a los retos que plantea el cambio climático y ofrecer el trabajo, la formación profesional y el apoyo necesarios para facilitar la transición, con el objetivo de que los trabajadores y las empresas se beneficien de un nuevo contexto con bajas emisiones de carbono. Por último, se debe considerar la transformación demográfica como un “dividendo” –no como un problema–, mediante la adopción de medidas de apoyo que abarquen la calificación, la migración y la protección social.
También debemos volver a evaluar la estructura de nuestros sistemas sociales y económicos, para facilitar este nuevo enfoque de fomentar la justicia social y evitar un “círculo vicioso” de desigualdad e inestabilidad. Debemos fortalecer las instituciones y organizaciones del trabajo para que el diálogo social sea eficaz y cohesionado. Y es necesario revisar las legislaciones y normativas que afectan al mundo del trabajo, para que sean pertinentes y estén al día, con miras a proteger a los trabajadores y fomentar las empresas sostenibles.
Debemos comprometernos de nuevo con la cooperación y la solidaridad internacionales. Debemos redoblar nuestros esfuerzos y propugnar una mayor coherencia política, en particular en el marco del sistema multilateral, a tenor de lo dicho por António Guterres, secretario general de Naciones Unidas.
Por eso, necesitamos una Coalición Mundial por la Justicia Social. La coalición permitirá la creación de una plataforma que facilite la colaboración de un conjunto de organismos internacionales y partes interesadas. Propugnará la justicia social como factor fundamental para la recuperación global y le dará la prioridad necesaria en el marco de las políticas y acciones nacionales, regionales y mundiales.
Esto nos permitirá forjar un futuro centrado en las personas.
Tenemos la oportunidad de transformar el mundo en lo económico, lo social y lo medioambiental. Aprovechémosla para avanzar en la creación de sociedades equitativas y resilientes que promuevan la paz y la justicia social a largo plazo.ß