LA PLATA. -La Justicia penal de esta capital condenó al exsenador provincial Antonio Armando Nieto, que ejerció desde 2007 en representación primero de Unión Pro y luego de partido Unión Celeste y Blanco, a la pena de cuatro años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Fue por mantener una red de personas propuestas como empleados políticos a sabiendas que no prestarían funciones para cobrar sus haberes; y quedarse con sus sueldos.
La sentencia alcanzó también al hijo del exsenador, Leonardo Armando Nieto -condenado a tres años y seis meses de prisión- por haber estado a cargo de la organización de los contratos en el bloque, y a un empleado identificado como Alfredo Fabián Digiano, condenado a dos años de prisión.
El fallo corresponde al juzgado Correccional N°4 a cargo de Claudia Greco en una causa por el delito de defraudación a la administración pública por una suma cuantificada al día de hoy en seiscientos mil dólares.
La causa reveló un aceitado mecanismo para usar nombres de 39 ñoquis a los que se les otorgó obra social del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) pero no acceso a sus salarios que se cobraron desde los bloques políticos.
De acuerdo a este mecanismo que la justicia logró acreditar en una extensa investigación, el secretario administrativo del bloque Unión Pro recababa los nombres de los postulantes, los acompañaba con los trámites de documentación para el ingreso a las oficinas del Senado, y una vez obtenido el alta retenía las tarjetas de débito emitidas por el Banco Provincia que eran enviadas al Senado. De este modo cobraran la mayoría de los salarios de los beneficiarios de los contratos.
La Jueza Greco consideró como agravante a la hora de dictar la condena la magnitud de la afectación del bien jurídico protegido por tratarse de un delito continuado que se llevó a cabo durante varios años, cometido por funcionarios públicos.
Encontró como otro agravante que en la mayoría de los casos “los sujetos engañados eran personas de bajos recursos económicos, sin formación académica, con trabajos informales, tratándose de los grupos más vulnerables de la sociedad”.
Algunos de los mencionados como beneficiarios – que se dedicaban a changas- se enteraron de que sus nombres aparecían en los listados del Senado al intentar acceder a otros beneficios del Estado y ser rebotados por tener trabajo ya en blanco.
La maniobra entera se dio por acreditada ante la justicia. Y más aún: uno de los testigos, identificado como Rubén Natali, declaró que cuando se enteró de que era empleado y pidió explicaciones recibió un llamado desde el bloque político donde se le preguntó “cuánta plata quería para no abrir la boca”.
La fiscalía, a cargo de Victoria Huergo probó que Nieto -a través del secretario administrativo del bloque contactó a distintas personas, en su mayoría de bajos recursos y escaza instrucción- a quienes les solicitaban sus datos personales con la excusa de poder gestionarles la obra social del Senado.
Los datos personales eran conseguidos en primer término por Digiano, quien en varias ocasiones acompañaba a las personas a confeccionar la documentación para el ingreso a las oficinas del Senado, y una vez incorporado, los secretarios administrativos retenían sus tarjetas de débito, cobraran sus salarios y retenían para si las sumas de dinero. El perjuicio patrimonial fue cuantificado en $2,5 millones entre 2008 y 2010.
Nieto fue senador por la tercera sección electoral, proveniente del municipio de La Matanza. Accedió al cargo por la alianza formada entre Francisco de Narváez y Mauricio Macri en 2007.
La noticia de la condena cayó como una bomba en la Legislatura, donde el bloque de Juntos por el Cambio se limitó a decir. “Sin comentarios. Nieto perteneció a Unión Celeste y Blanco”, el partido de De Narváez que ya no tiene representación política en ese cuerpo parlamentario.
Dentro de la justicia provincial no hay registrados antecedentes similares de condena a senadores por estas prácticas.
Caja política
El Senado de la Provincia de Buenos Aires vota cada año a libro cerrado su presupuesto. Esto es sin debate público sobre las cifras millonarias de los gastos, con el aval de todos los partidos políticos. El debate usualmente se clausura de madrugada durante el mes de diciembre y las fuentes oficiales se niegan a entregar los listas de los beneficiarios de los millonarios recursos que se aprueban en cada año.
Este año el Senado se aprobó un presupuesto de $25.652 millones en 2023. Si esta cifra se reparte entre los 46 miembros de esa cámara supone que cada senador exige al estado un insumo de $557,6 millones este año. El Senado en la actualidad tiene 1340 empleados, 40 más que en 2022. Las dietas de los senadores superan los $700.000 . Más allá de los sueldos, perciben viáticos y gastos de representación.
El desagregado de los gastos de beneficiarios de cada senador no está publicado en la página oficial de la Cámara alta, que hoy preside Verónica Magario, que al igual que Nieto es de La Matanza.
El sitio oficial está en construcción y no ofrece acceso a los registrados de los gastos del erario público. Ni de los nombres completos de los beneficiarios de empleos temporarios, becas o retribuciones por parte de los bloques.
La Legislatura bonaerense es la caja negra de la política. Y pese a que los gastos son millonarios la productividad en año electoral es de baja a muy baja, si se mide al menos por las sesiones celebradas en el reciento parlamentario. En seis meses, una sesión ordinaria.
