El Senado de la provincia de Buenos Aires agendó una sesión ordinaria para este jueves, en lo que, de concretarse, sería su segunda sesión en el año. El llamado a debatir se produce en medio del escándalo judicial que provocó el cierre de la investigación contra el puntero del Partido Justicialista platense Julio Segundo “Chocolate” Rigau, empleado de la Cámara de Diputados encontrado en un cajero con decenas de tarjetas de débito a nombre de personas contratadas en esa Cámara y 1.260.000 pesos en efectivo. En Diputados, no hay señales de avances con una sesión y predomina el hermetismo sobre el caso.
Según pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes oficialistas y opositoras del Senado provincial, la sesión que se agendó para este jueves, a las 14, no tendría temas trascendentes. Los pliegos de unos 30 jueces, que debe aprobar el Senado, quedarían pendientes, y se avanzaría sobre cuestiones como la adhesión a la “Ley Lucio” (que busca prevenir abusos en la infancia) y la posible creación de una universidad provincial en González Catán, La Matanza. No obstante, algunas voces advierten que la sesión podría caerse. De concretarse, sería la primera sesión ordinaria desde el 12 de abril, cuando se celebró el único debate en lo que va del año electoral.
El escándalo de las tarjetas de débito de la Cámara de Diputados no entraría en el radar del debate que se prevé en el Senado. “No hay demasiada preocupación por este lado, ni repercusión o impacto en el Senado”, admitió un legislador consultado por LA NACION. Otras fuentes de la Cámara tampoco consideraron probable que la temática se cuele en el debate, siempre y cuando éste se concrete.
En tanto, en la Cámara de Diputados provincial no hay novedades sobre una posible sesión que corte el letargo ni siquiera por el caso que involucra a empleados contratados y que derivó en una persona detenida, ahora libre por decisión judicial.
La firma doble
La Cámara de Diputados tiene, por reglamento, un sistema de firma doble para refrendar decisiones administrativas. Además de la rúbrica del presidente del cuerpo, Federico Otermín (Unión por la Patria, hombre de confianza de Martín Insaurralde), se necesitan también las firmas del vicepresidente (Adrián Urreli, de Juntos por el Cambio, jefe de campaña de Néstor Grindetti) y del vicepresidente primero (Carlos “Cuto” Moreno, un dirigente peronista de Tres Arroyos que fue diputado nacional). El artículo 29 del reglamento dispone: “El vicepresidente y el vicepresidente primero deberán visar los actos administrativos del presidente”.
Por fuera de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio, se remarcó esa responsabilidad compartida. Una fuente oficialista indicó que “presidentes y vicepresidentes tienen la misma fuerza”. En la oposición, señalaron que “el presidente, sin la firma de los vices, podría funcionar igual”.
“Esto es parte del financiamiento de los bloques, los involucrados deben ser prestanombres”, evaluó un legislador de Juntos por el Cambio. “Siempre hay ciertos acuerdos, las firmas son conjuntas”, indicó la fuente. Al referirse a la falta de sesiones, dijo que “la responsabilidad es del oficialismo, que preside las comisiones principales”.
“No es nada nuevo, pero la imagen de un tipo agarrado in fraganti es como la de los dólares en La Rosadita”, graficó un empleado de la Legislatura a LA NACION.
La izquierda, que tiene representación en Diputados, activó una reacción. El próximo viernes 29 (día que popularmente se identifica con los ñoquis como menú), el Frente de Izquierda protestará frente a la Legislatura. Además, prepara un informe sobre el funcionamiento de las cámaras, anticipó a este diario el diputado Guillermo Kane.
El bloque de La Libertad Avanza expresó “una profunda preocupación” por el caso, y pidió que se investigue “para llegar a quienes organizan estas maniobras”.
