Las empresas de alimentos cuestionaron con dureza la mayor presión ejercida por el Gobierno sobre el sector privado para evitar el traslado de la devaluación a los precios y alertaron por aumentos de costos de hasta un 30%.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) criticaron hoy en un comunicado y en una carta a las autoridades el intento del Ministerio de Economía, de imponer, a través de una nueva unidad que dirige Guillermo Michel e integrada por la Aduana, la AFIP, la Secretaría de Política Económica y la de Comercio, una política de precios a las empresas privadas. Las compañías indicaron que, tras el salto del dólar oficial, no son acuerdos sostenibles ni viables. La nueva Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios creada esta semana es conducida por el hombre de máxima confianza del ministro de Economía, Sergio Massa.
“Copal entiende que la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial”, arranca el comunicado.
“A pesar de que la Industria de Alimentos y Bebidas ha demostrado siempre un firme compromiso al participar en distintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios, tales como Precios Cuidados y ahora Precios Justos, la renovación del Programa bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio no es viable”, estimaron y agregaron: “Sobre la base de una serie de convocatorias en lo individual a un conjunto de empresas del sector, el Gobierno ha anunciado un nuevo esquema de pautas de precios que las empresas han debido acatar para continuar abasteciendo, pero que de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario”.
“Pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor”, indicaron en Copal y agregaron que “sólo en las últimas tres semanas”, los principales costos de producción aumentaron en promedio entre un 15% y 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto. Recordaron que se proyectan paritarias del 140%.
El Gobierno busca la renovación de Precios Justos con ventanas de aumentos de 5% por mes por los próximos 90 días. Sumará un supuesto menú de beneficios fiscales prometidos por el Palacio de Hacienda, que incluye desde la exención del pago del Impuesto PAÍS a las importaciones o la posibilidad de aplicar certificados de no retención de IVA, entre otras, como una posible baja de retenciones. El menú de opciones, prometieron en Economía, se publicará en un decreto. Sin embargo, en los últimos días, las empresas ya habían comenzado a mostrarse reacias a aceptar el acuerdo.
“Evidentemente, la política distorsiva en materia inflacionaria vuelve a generar presión sobre la industria de alimentos y bebidas, que con mucho esfuerzo ha sido el único actor de la cadena de valor en absorber el impacto de este flagelo, que lejos está de ser resuelto e impacta al conjunto de la sociedad”, arremetieron los industriales.
El Ministerio de Economía ya había dejado trascender dos datos anticipatorios hace dos fines de semana atrás. El primero, que las empresas se habían cubierto vía precios de más –según el análisis del viceministro, Gabriel Rubinstein, sobre rentabilidad empresaria– en la previa electoral, por lo que no aceptarían “una lista de 15 productos” de las firmas para Precios Justos. Creen, pese a que prometían mirar el impacto real del salto del dólar, que el sector privado puede absorber parte de la devaluación. El segundo, que la devaluación fiscal (la generalización del Impuesto PAIS a la importación), provocaba un impacto de sólo 1,2% en los costos. Tales sentencias anticipaban un endurecimiento del Gobierno.
Las empresas de Copal indicaron que se trabaja en un contexto de “total incertidumbre” para operar. Cuestionaron las “restricciones para el acceso y disponibilidad de materias primas, insumos, bienes intermedios y bienes finales”. Agregaron que tales situaciones se suman los “descalces financieros y la deuda comercial” por los “extensos plazos” asignados para el acceso a divisas y pago de importaciones. “Todo esto pone en jaque las relaciones no solo comerciales, también las que se asocian en primer lugar a la producción”, señalaron las empresas del sector alimenticio.
“A su vez, a raíz de la devaluación que llevó el dólar oficial mayorista a $350, los sectores exportadores adheridos al Programa Incremento exportador han dejado de acceder al tipo de cambio diferencial que se otorgaba, ya que ha quedado desactualizado el esquema”, indicaron sobre el programa del dólar agro vigente hasta el 31 de agosto.
“En ese sentido, el contexto se vuelve cada vez más complejo para los distintos sectores de la industria de alimentos y bebidas, los cuales se ven imposibilitados de continuar absorbiendo, como lo vienen haciendo hasta el momento, estos impactos y se ven en la necesidad de requerir de forma urgente a las autoridades, un espacio de diálogo efectivo que permita acordar mecanismos que arbitren sobre las posibilidades ciertas para la producción”, dijeron.
Las empresas de EE.UU.
En una carta de la AmCham enviada al Ministerio de Economía -publicada por el sitio Infobae- se argumentó que los costos subieron entre 15% y 32% en las últimas dos semanas y también se describió a la propuesta oficial como “inviable”.
“Además, esta situación se vio agravada con la reciente devaluación del 14 de agosto del 22%, la aplicación del Impuesto País del 7,5% (según decreto 377-2023) y el incremento de costos durante los últimos 3 meses, altamente por encima del aumento de precios considerado según el acuerdo que venció esta semana. De hecho, en las últimas dos semanas los costos de producción ponderados han aumentado entre un 15% y 32%, lo cual vuelve absolutamente inviable el primer aumento propuesto del 5%”, remarcó el presidente de AmCham, Alejandro Díaz, quien firma la misiva para Massa.
“Habrá reapertura paritarias de camioneros al 140%, proveedores aumentando entre 25% y 30% y condicionando la entrega de la materia prima o el producto intermedio, para mencionar solo algunos condicionantes”, señalaron.
