Después de que la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados abriera el debate sobre la reducción de la jornada laboral en base de siete proyectos que apuntan a modificar la ley vigente desde 1929 que establece 48 horas semanales, el Grupo de los 6 (G6) pidió hoy no apresurar los debates de normas que pueden perjudicar seriamente a la generación de empleo formal en tiempos electorales.
El grupo que incluye a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina consideró que una modificación de la estructura laboral, como la reducción de la jornada, requiere de un “debate responsable, con la participación de todas las partes involucradas, donde es necesario generar consensos y no apresurar su tratamiento por las presiones coyunturales de la política electoral”.
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“La brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países desarrollados viene siendo cada vez mayor, especialmente tras la pandemia, donde otros países implementaron políticas y recursos muy agresivos para avanzar en el nuevo contexto global. Por lo tanto, la Argentina debería estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal, generar empleo formal y promover incentivos al trabajo, entre otras medidas, antes de discutir una reforma de este tipo”, agregaron.
Según los empresarios, hoy la Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal, por lo que cambios de este tipo podrían redundar en más impuestos sobre el sector empleador formal. “En los últimos años, algunos países han modificado su legislación interna para reducir el número de horas trabajadas. Sin embargo, lo han hecho de manera gradual y con estructuras socioeconómicas muy diferentes a las de nuestro país”, continuaron.
Finalmente, el G6 pidió que estos debates se den en el marco de discusiones tripartitas (sector empleador, sindical y gobierno) como surge del compromiso que tiene el país para con las disposiciones del Convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita. Acordó además participar de las discusiones a sus representaciones regionales y sectoriales dado el carácter federal del debate.
