Luego de que la Cámara de Representantes de Misiones aprobara una ley que dice que dentro de dos años no se podrá utilizarse ni glifosato y ni otros agroquímicos, distintas entidades del sector agropecuario rechazaron la nueva norma ya que presenta “una restricción infundada y atenta contra el sistema productivo de la provincia”.
“Es imperioso que se elimine la prohibición del glifosato del proyecto, ya que esto no contribuye a la promoción de los bioinsumos. El glifosato es actualmente una herramienta indispensable para el control de maleza en las diversas actividades rurales de la provincia. El clima cálido y húmedo de Misiones requiere dicho control para hacer viable las actividades”, dijeron en una carta dirigida a ese poder provincial, antes de la sanción de la ley.
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En su artículo 7 la normativa expresa: “Se prohíbe la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia. Se establece que esta prohibición entra en vigencia luego de dos años (2) desde su publicación oficial a los efectos de una transición progresiva del cambio cultural de los sistemas productivos”.
Vale recordar que el glifosato fue aprobado en la Argentina por el Senasa y cuenta con la autorización también en más de 160 países. En 2015, un documento del Centro Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), un organismo de la OMS, catalogó al glifosato como “probablemente cancerígeno”. No obstante, al año siguiente la FAO y la misma OMS consideraron “poco probable” que el producto sea cancerígeno.
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Los firmantes de la carta explicaron que “el glifosato no tiene sustituto eficaz, que actualmente no existe herbicida biológico alguno que lo reemplace y, su reemplazo por otros herbicidas de síntesis química significaría la aplicación de productos de menor eficacia y eficiencia que consecuentemente aumentaría la carga química en los controles de malezas y los costos”.
“Estas circunstancias hacen que el glifosato sea hoy en día la mejor alternativa que asegura a los productores el control eficiente de malezas”, indicaron la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), la Federación de Cooperativas de Misiones, la Sociedad Rural de Misiones, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA), la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (Fadia), la Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA), la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Coninagro y Asociación Forestal Argentina (AFOA).
“Las principales cadenas agroindustriales de la provincia se verían perjudicadas, generándose mayores costos, caídas en la producción, dificultades para certificar bajo estándares internacionales y con ello, restricciones en los mercados comerciales internacionales, con impacto directo en el empleo y la actividad económica, entre otras posibles consecuencias”, añadieron.
Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), también se manifestó en contra de la ley. “Vemos con preocupación lo que está pasando en Misiones, donde se sanciona una ley que prohíbe el uso de productos que se utilizan en otras provincias y también, en otros países. Entendemos esto como un embate a la producción, que atenta contra lo que necesita nuestro país: más desarrollo económico para construir una nueva Argentina con mayores posibilidades”, remarcó.
En esa línea, Gabriel Montiel, director del Distrito 8 Misiones y Corrientes de la SRA, dijo que nunca fueron consultados al respecto. “La Legislatura tomó una decisión que no representa los intereses de la provincia. Los productores misioneros vemos con preocupación estas regulaciones que nos dejan al margen del país, como si fuésemos una isla”, aseguró el dirigente.
