En plena conmoción por el caso Cecilia Strzyzowski, Jorge Capitanich ordenó despegarse de todas las formas posibles de sus aliados piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, presos bajo la acusación de haber asesinado a la joven. El gobernador ordenó a los apoderados del oficialista Frente Chaqueño que pidieran de manera extraordinaria que sus socios fueran excluidos como candidatos en las elecciones de este domingo. El Tribunal Electoral provincial lo aceptó de inmediato.
Sin embargo, las boletas del Partido Socialistas Unidos (PSU) que proponían a Capitanich gobernador con Sena como candidato a diputado provincial y Acuña como intendenta de Resistencia se repartieron en los centros de votación y fueron contadas en el escrutinio provisional. Es decir, en el caudal de votos de Capitanich figuran los votos que le aportó el clan Sena, líderes de una de las 14 colectoras que impulsaron su candidatura a la reelección.
El resultado de los piqueteros presos fue, previsiblemente, magro. Con el 30% de las mesas escrutadas, Sena quedaba último en las primarias del oficialismo. Sumó el 0,45% de los votos que acumuló el Frente Chaqueño en la categoría legislativa. Son 294 votos. Acuña hacía un mejor papel: séptima entre los 8 candidatos del oficialismo, con 2,1% de los votos de esa interna. En las listas figuraban también (pese a la exclusión dispuesta por el Tribunal Electoral) Gustavo Obregón, quinto candidato a legislador, y Fabiana González, segunda en la nómina para concejales de la capital. Este matrimonio de colaboradores íntimos de los Sena está en prisión también: se los acusa como partícipes del crimen.
Con estos números, el PSU y los candidatos que sí estaban habilitados quedaron fuera de las elecciones generales, al no alcanzar un número suficiente para integrar las listas definitivas con las que el Frente Chaqueño competirá el 17 de septiembre.
La decisión de excluir como candidatos a los presos por el caso Cecilia la tomaron por unanimidad la presidenta del Tribunal Electoral, Emilia María Valle, y las juezas Silvana Morando y Yamila Baldovino. Coincidieron con el dictamen del procurador Francisco Asís de Obaldía Eyseric. “Son los partidos políticos y alianzas transitorias las que dentro de un marco voluntario de acuerdos políticos, oficializan las listas de precandidatos y precandidatas, facultades que les permiten, en casos de excepciones comprobadas, debidamente fundadas y justificadas, desistir de aquellas postulaciones, a efectos de salvaguardar los intereses de la agrupación, de las y los restantes precandidatas y precandidatos y de la ciudadanía electoral”, evaluaron.
La resolución indicó que, pese a todo, las personas excluidas figurarían en las boletas y estas serían válidas. “Las urnas y demás documentación electoral se encuentran en proceso final de armado para su distribución a los locales de votación”, indicaron. Y evaluaron que es imposible “proceder a su reemplazo, ante la proximidad de los comicios”. Lo que hicieron, en realidad, fue un anuncio público a la sociedad sobre la exclusión de esos cuatro candidatos que estaban en las noticias de todo el país.
Para Capitanich fue un alivio y se encargó de difundir por todos los medios posibles que se había desprendido de sus aliados incómodos. No puso énfasis en aclarar que la lista colectora en sí seguía en la competencia y le sumaría votos a su candidatura a gobernador.
El abogado Jorge Alcántara, apoderado del Frente Chaqueño, había señalado ante el tribunal: “Ante los hechos de público conocimiento que involucran a precandidatos de la agrupación interna ‘PSU – Socialistas Unidos’, vengo a solicitar la exclusión de los mismos en la lista de la categoría de Diputados de la agrupación interna mencionada, y en la categoría Intendente de la ciudad de Resistencia de la misma agrupación, entendiendo que el posible involucramiento en los hechos conocidos públicamente, los que afectan gravemente los principios y las bases de nuestro Frente Electoral”.
Y postula: “El Frente Chaqueño es el primer espacio político de la provincia en proponer e impulsar políticas públicas activas para reducir las desigualdades por motivos de géneros y ampliar la protección de las mujeres y personas en situación de violencia, también en fortalecer el proceso y las capacidades de búsqueda de personas, entre tantas otras políticas públicas en pos de la seguridad y protección de las personas”.
