CÓRDOBA.- Los precandidatos a presidente en carrera a la Casa Rosada admiten la necesidad urgente de una reformulación de la relación fiscal entre la Nación y las provincias. Como la reforma de la ley de coparticipación es compleja, ya se menciona un nuevo pacto federal. Será crucial que empiecen a definir qué aspectos se incluirán; el firmado en 2017 se suspendió en 2019 y directamente se revirtió en 2021.
“Es la oportunidad para avanzar a fondo con reformas y nuevas reglas de juego. Pero hay que llegar con la decisión política”, describe un referente económico de la oposición que tiene diálogo permanente con dirigentes provinciales. Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri las negociaciones con los gobernadores fueron siempre muy difíciles.
Una radiografía del padrón electoral muestra las claves de la elección
Hay participantes de las reuniones en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de las que surgió el pacto fiscal de 2017 que recuerdan que al entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo presionaban fuerte. “Si se da la distribución de poder que aparece perfilada con las elecciones ya hechas, será un momento único para hacer cambios de fondo en la relación”, dice un referente provincial que participaba de aquellas reuniones.
Con las elecciones provinciales desdobladas, 14 distritos eligieron gobernador antes de la PASO nacionales del domingo próximo. Los resultados empiezan a delinear un mapa que, en términos políticos, será muy diferente al de 2015 y al de 2019. Quien llegue a la Casa Rosada el 10 de diciembre seguramente tendrá que lidiar con mandatarios provinciales fragmentados. La relación de la Nación con las provincias ocupa un lugar destacado en la agenda que viene por las aristas económicas y políticas que hay en juego.
De las 14 provincias que ya eligieron gobernador, en cinco ganaron los postulantes de Unión por la Patria (La Pampa, La Rioja, Tucumán, Formosa y Tierra del Fuego) y en dos, fuerzas locales que son aliadas (Salta y Misiones); en cuatro, los de Juntos por el Cambio (Chubut, San Juan, Jujuy y San Luis) y en tres, los de otras fuerzas locales (Córdoba, Río Negro y Neuquén).
Si los resultados de las PASO para gobernador celebradas en Santa Fe, Mendoza y Chaco se repitieran, los triunfos de Juntos por el Cambio llegarían a siete. En ese caso, si el próximo presidente fuera de la coalición opositora tendría una configuración inédita del poder en las provincias, con el peronismo en minoría frente a Juntos por el Cambio y fuerzas provinciales.
El escenario que se abre como muy probable para diciembre próximo marcaría el fin de un bloque de mandatarios peronistas que, en momentos de crisis, actúan de manera monolítica. A ese panorama, por supuesto, habrá que sumarle lo que pase en el Congreso de la Nación.
Los gobernadores que asuman por los movimientos locales serán, seguramente, los más solicitados desde el Poder Ejecutivo para avanzar en los acuerdos que se requieran en distintos ámbitos.
A priori, los cinco juegan, primero, para ellos mismos. El rionegrino Alberto Weretilneck ya ha dado muestras de actuar así siendo senador nacional. En Neuquén, Rolando Figueroa tiene origen en el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y tuvo el apoyo de Pro, pero en JxC no se animan a contarlo como un “aliado incondicional”; el cordobés Martín Llaryora es un emergente del peronismo local que sumó a radicales y dirigentes de Pro y ya remarcó que hará una defensa “a fondo del federalismo”. El renovador Hugo Passalacqua, gobernador electo de Misiones, luce como aliado del kirchnerismo, pero por su perfil e historial se supone que en temas puntuales de finanzas provinciales no se enrolará directamente con ningún sector; es otro que adelantó que peleará por el federalismo. El salteño Gustavo Sáenz logró la reelección con una alianza ampliada en la que hay un poco de todo; a nivel nacional -dicen sus allegados- hará “lo que convenga”, aunque siempre se lo identificó con Sergio Massa.
La incógnita es si Axel Kicillof logrará retener Buenos Aires. En ese caso, el peronismo conservaría el peso en las negociaciones que da la mayor jurisdicción del país.