Hecha la ley, hecha la trampa. Al refrán le faltó un remate. A veces la trampa está en la misma ley. Así lo saben y admiten algunos de los protagonistas de un sistema de creación de partidos políticos que se llevan miles de millones de pesos del Estado en esta campaña sin necesidad de sacar ni el 1% de los votos, aunque participaron en el armado de frentes que tuvieron éxito electoral.
Documentos y testimonios recolectados por LA NACION revelan que un mismo grupo de personas crea sellos partidarios, los presta a terceros para que puedan anotarse como candidatos y gestiona el dinero estatal para la impresión de boletas, que nadie corrobora si se usó o no para ese fin. La trama incluye facturas a nombre de empresas que no existen o de firmas pertenecientes a los mismos apoderados.
Alejandro Bonacci y Ernesto Habra están vinculados a más de 20 partidos que compiten en estas PASO: tienen cargos de responsabilidad asumidos a su nombre o de familiares y amigos. Esas fuerzas políticas contrataron para imprimir las boletas a la planta DWP, en Rosario, cuyos dueños son el propio Bonacci y la esposa de Habra. En una recorrida, LA NACION no encontró indicios de actividad, por lo menos en la jornada de ayer, cuando faltaban tres días para la elección.
Estos profesionales de los sellos de goma también han estado involucrados en los armados de figuras importantes como José Luis Espert, Pichetto, Amalia Granata, Cintia Fernández, Guillermo Moreno, Bárbaro y Alejandro y César Biondini, entre otros, según consta en registros de campaña de elecciones anteriores, rendidos a la Cámara nacional. Habra y Bonacci otorgaron personería y, a cambio, han gestionado los millones de pesos de las boletas. En algunos casos lo lograron y aparecen en las rendiciones facturas hechas por sociedades fantasma; en otros se lo habrían impedido.
Este año figuran en Liber.ar, que se presentó originalmente con tres listas internas, una de las cuales llevaba a Julio Bárbaro como candidato, iba a recibir $540 millones. Las primeras impresiones, de acuerdo con documentación de rendición de campaña hasta ahora, fueron encargadas a DWP. El responsable económico financiero de la agrupación es Bonacci, de la imprenta. Principios y Valores, que integra Guillermo Moreno en una de sus cinco listas internas y recibirá cerca de $700 millones, tiene entre sus apoderados a Habra. También imprimen en DWP este año, según la información que proveyeron a la Justicia en una audiencia. Proyecto Joven, que anotó tres candidatos a presidente a las primarias, puede recibir hasta $1000 millones para cubrir la impresión de sus boletas (más que Juntos por el Cambio o Unión por la Patria). Ya rindieron en la justicia electoral la impresión de una parte con DWP. Bonacci asistió con el armado del partido.
Por parte del Estado ya se hicieron cobros, aunque algunos se frenaron y, debido a la baja de listas, se están pidiendo devoluciones, de acuerdo con fuentes de la Dirección Nacional Electoral.
Entre otros partidos, alianzas y frentes involucrados con este círculo se encuentran el mencionado Proyecto Joven, encabezado por Yamil Salerno y Mempo Giardinelli, Encuentro Republicano Federal, integrado a la junta electoral de JxC de la mano de Pichetto (que lo intervino por estas irregularidades), y sellos como el Partido Popular, Unite!, Partido del Campo Popular, Partido Esperanza del Pueblo, Justicia y Dignidad Popular y Unir (del bullrichista Alberto Asseff), entre otros. Víctor Leguizamón y Jaime Alper, que tienen una larga relación con Bonacci y Habra, también figuran en los registros electorales de varias fuerzas.
También tienen un repertorio de fuerzas políticas locales, principalmente en Buenos Aires y Santa Fe y, en menor medida, en Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba. En total, LA NACION consiguió información que liga a este entramado a por lo menos 20 sellos que suelen presentar tres o más líneas internas.
Algunos ya están en la mira de la Justicia. Hay denuncias radicadas en el fuero electoral de la provincia de Buenos Aires que no se mueven debido a que la ley indica que no pueden hacerlo hasta que el cuestionamiento sobre las rendiciones de gastos de la campaña tenga sentencia firme. Son años de idas y vueltas entre los tribunales de alzada, y recursos que eternizan los procesos.
Fue posible vincular a quienes están a la cabeza de estos negocios a través de dos clases de documentos. Los primeros son las presentaciones formales ante la Justicia Electoral. En los cargos clave, como el de apoderado y responsable económico financiero, es posible encontrar a los protagonistas de esta red y a sus esposas, familiares y empleados.
El segundo tipo son las facturas de la impresión de boletas. En el análisis surgen las mismas razones sociales que habrían sido contratadas para la impresión en las elecciones de 2015, 2017, 2019, 2021. Los CUIT y domicilios remiten a personas que están fuera del país, estudiantes y jubilados. Este año las facturas son todas de DWP, según la primera rendición oficial a la que accedió LA NACION.
Para gestar esta red, los implicados necesitaron datos personales necesarios para rellenar los avales y candidatos. Un partido necesita gente para existir. Para ello, fueron acumulando bases de información personal de individuos que jamás se enteran que integran una lista electoral (aunque a veces lo hacen y se han presentado ante la justicia), personas muertas o extranjeros. Esos documentos incluyen el nombre de los padres de la persona, dato obligatorio para inscribir a alguien en un sello.
El primer cúmulo de datos lo obtuvo uno de los personajes mencionados a través de la compra de una base de las obras sociales hace 20 años. Otros que copian el negocio, pero no cuentan con el dinero suficiente, tienen la paciencia de leer los avisos fúnebres en los diarios y se alegran al encontrar entradas como: “Con profundo dolor, lamentamos la partida de nuestro hijo X. Su mamá, Z y su papá, Y”. Bingo.
Todo esto es posible por una ley electoral intrincada. No es difícil tener un partido, porque el número de avales que se requieren es muy bajo (entre 900 y 4000 personas), pero la ejecución es mañosa. Sólo alguien con experiencia logra tener su propio partido. Por eso las figuras de relevancia recurren a ellos para sortear los obstáculos de la burocracia.
¿Con qué hacen negocio los dueños de los partidos? Sobre todo con el dinero de las boletas. Cada dos años perciben un flujo multimillonario. Fue así siempre, pero en las elecciones de 2017 hubo un punto de quiebre. La cantidad de listas que se presentaron a las PASO creció 400% respecto de los comicios anteriores. Un dato interesante y que nada tiene que ver con la implementación del sistema -invento argentino- de las primarias obligatorias. Habían comenzado una década atrás, pero recién en las legislativas del gobierno de Mauricio Macri se disparó la oferta electoral. ¿El desencadenante? Un fallo de la Corte Suprema que dispuso que cada lista interna debe recibir la misma cantidad de dinero que sus competidoras dentro y fuera del partido.
Bonacci y Habra tuvieron una relación estrecha durante años. En otros comicios, la división de roles era clara. El primero se hacía cargo de la rendición de boletas y el segundo, de los sellos. Por eso, los cientos de documentos analizados por LA NACION llevaron a, por un lado, Rosario y, por el otro, a Santiago del Estero, de donde ellos son oriundos respectivamente. En 2021 hubo un giro cuando un contrato de cesión de una imprenta los une definitivamente. Entre las PASO y generales de las legislativas, Habra y Bonacci decidieron adquirir su propio negocio de impresión. Como dueños figuran oficialmente Bonacci y María Trinidad Muñoz Cardinale, esposa de Habra.
DWP SRL está ubicada en Ayolas 241 bis, La Tablada, Rosario, pleno barrio controlado por el narcotráfico. LA NACION visitó la dirección cuatro veces ayer. Ni un camión ni una boleta ni una persona. Nada de ruido ni residuos, dos de los elementos que más produce una fábrica de este tipo. Estaba todo cerrado y las ventanas superiores, tapiadas con ladrillos.
En aquel 2021 pudieron poner en marcha las rotativas. En comicios anteriores, la forma en la que facturaron las boletas es más que llamativa. Los partidos que representaban refirieron CUIT que pertenecen a personas como Fabiana Wagmaker Da Silva o, como la llamaron ficticiamente en las presentaciones de rendición de campaña, Amazonas Gráfica y Publicidad. Esta mujer, exnovia de uno de los integrantes del grupo, es de nacionalidad brasileña y vive cerca de la frontera con Venezuela. En su domicilio comercial, en Chacabuco 2214 piso 2 B, Rosario, no hay nada ni nadie.
Otro ejemplo: Rocío Celeste Sanabria, de 33 años, (también llamada Editorial Cruz del Sur, una empresa inexistente) es ahora empleada de una de las pymes del grupo de Bonacci, y facturaba millones en elecciones anteriores. Su dirección comercial, en San Lorenzo 4351 (2000), es en realidad la casa de Nilda, una señora mayor, jubilada, que se llevó un disgusto al enterarse por esta cronista que su casa figuraba en facturas que desconocía. Nilda suele alquilar un cuarto a estudiantes y jóvenes que llegan a Rosario porque tiene espacio de sobra.
Hay muchos más. Pero también había empresas de verdad que hacen un retorno y que sí tienen rotativas. Tres de las más utilizadas fueron el Grupo Galleries Rivero, Kolorpress SA y Editorial Patagonia Media SA. Esta información fue confirmada a lo largo de más de una decena de entrevistas con los involucrados.
La operatoria involucra varias oscuridades. La primera, imprimir boletas de menos y facturar la cantidad máxima. La segunda: que las imprentas en muchas oportunidades se quedan con un porcentaje y retornan dos o tres meses después el monto al apoderado o responsable del partido político. Quedan debiendo IVA, pero lo toman a cuenta y postergan hasta entrar en un plan de pagos. Los desembolsos se suelen hacer con cheques al portador, que giran y pueden ser cobrados por cualquiera. Un dato no menor: Bonacci y Habra son dueños de radios comunitarias en todo el país.
Estas elecciones son especiales. Los protagonistas vieron una oportunidad única: es la primera vez en la historia que una boleta tiene ocho cuerpos en la provincia de Buenos Aires. Mide 92 centímetros e iba a medir aún más, antes de que el juez Ramos Padilla citara a los partidos políticos a una audiencia para resolver achicar el ancho de cada cuerpo en 0,5 centímetros, a lo que se opuso, por ejemplo, el partido de Moreno.
En el caso de DWP SRL, la empresa de Bonacci y Habra, el plan era también imprimir con un alto margen de ganancia. El costo de un cuerpo estimado por la Dirección Nacional Electoral es de $2,92. Planeaban imprimir a cada uno con una ganancia de $1, según confirmó una fuente de la empresa consultada por LA NACION. Pero algo ocurrió. La relación entre los socios, hace algunas semanas, se quebró. Bonacci, que se encarga de la gestión diaria de la empresa, habría dejado de transferir ingresos a los Habra.
Cheques rechazados
DWP tuvo algunos problemas. El 25 de julio le salieron cuatro cheques rechazados por falta de fondos. No es menor. Quien incurre en este tipo de actos es pasible de multas, cierres de cuenta e inhabilitaciones, de acuerdo con la ley. El monto total (que podría ser mayor por falta de actualización del sistema) asciende a $1.758.309.
Por otra parte, Habra comenzó a incumplir obligaciones asumidas con diferentes partidos. Por ejemplo, no se apersonó para cumplir con los trámites de Encuentro Republicano Federal a La Plata, para integrar la alianza electoral de Juntos por el Cambio en ese distrito. Esa fue la razón por la que Pichetto decidió intervenir el partido, según fuentes cercanas al excandidato a vicepresidente de Macri. Mezcló papeles en muchos casos y desapareció. Los dirigentes lo querían ir a buscar.
Habra cayó enfermo. Se descompensó y se agravaron problemas cardíacos previos. El vacío le dio entrada a sus otros socios, que aprovecharon su ausencia y se mejoraron su posición con partidos originalmente armados por él. Entraron en escena con más fuerza Leguizamón y Alper, a quienes conoce desde hace 10 años, por el Partido Popular.
Leguizamón ahora comanda ese sello en Córdoba y tiene partidos en Catamarca, fue candidato en por lo menos tres provincias. LA NACION accedió a mensajes enviados por él a dirigentes de partidos pequeños para que le delegaran el negocio de las boletas. Alper, por su parte, gestiona Principios y Valores, que lleva a Moreno.
Este año la cuerda se tensó con la Justicia Electoral. Servini de Cubría, en el orden nacional y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ramos Padilla en la provincia de Buenos Aires y otros jueces, por ejemplo, en Neuquén, se pusieron más firmes con la aprobación de listas. Muchas, como la de Bárbaro, fueron dadas de baja en varios distritos. En ciertos casos se debe a que Habra y Bonacci no les dieron las boletas necesarias para la oficialización, un trámite indispensable para el visto bueno en la carrera electoral.
Fue, por ejemplo, el caso de Liber.ar, que en una de sus tres listas internas llevaba a Bárbaro. “Salí corriendo cuando me di cuenta de lo que querían hacer con las boletas y que era todo un negocio”, dijo Bárbaro a LA NACION. Finalmente, nadie de ese frente podrá competir en CABA.
Fuentes judiciales comentaron que este año estará involucrada la AFIP en el chequeo de las facturas de boletas. Dos funcionarios de la agencia explicaron, en una audiencia frente a los apoderados partidarios, cómo sería el mecanismo. Hubo mucho nerviosismo, de acuerdo con los presentes.
Habra está involucrado en un proceso iniciado por Ramos Padilla a partir de la rendición de cuentas de la campaña de Espert en 2021. Las facturas fueron a nombre de otras empresas y empleados de Bonacci, que tiene varias remiserias. La principal se llama Logística Primera SA, que también funciona en Rosario.
