La Inspección General de Justicia (IGJ) pedirá la intervención judicial de la fundación que preside Patricia Bullrich, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), a la que acusa de haber financiado, en violación de la ley, acciones de “proselitismo político” a través de “seminarios, almuerzos y/o aportes”; es decir, de solventar la campaña de Bullrich, que aspira a ser la próxima presidenta.
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, firmó el lunes pasado una resolución en la que le encomienda al Departamento de Asuntos Judiciales de la inspección a su cargo que promueva la acción judicial contra la fundación de Bullrich y que pida el “desplazamiento de los integrantes de la comisión directiva”; también, que la denuncie penalmente a ella por una supuesta violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
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Bullrich niega las acusaciones. Un vocero de la exministra dijo a LA NACION: “Tenemos una fundación con total y absoluta perfección y tomaron una decisión de jorobarnos, nada más. Les presentamos absolutamente todos los papeles solicitados. Vamos a seguir en la Justicia y vamos a ganar porque es total y absolutamente arbitrario. Vamos a presentar un recurso”. Este miércoles, la abogada Silvina Martínez denunció a Nissen en los tribunales de Comodoro Py: lo acusó de “perseguir” a entidades civiles presididas por dirigentes opositores.
Según Nissen, “bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar -en todo o en parte- acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social” que tenía autorizado la fundación.
Nissen dijo que IEES recibió millonarios montos por “seminarios, almuerzos y/o aportes” y que solventó viajes que se relacionan con la agenda política de Bullrich y pagó facturas emitidas a “consultores políticos” cercanos a la campaña de la presidenta de Pro. Entre otros egresos, Nissen hizo referencia a que se destinaron $1.760.954 para “afrontar los gastos del viaje” de Bullrich a Miami de diciembre de 2022 para participar de un evento. Se refirió también a pagos a “consultores en campañas políticas y especialistas en procesos electorales”, entre los que destacó “nueve facturas por $1.260.000″ para una persona dedicada a tareas de consultoría.
Para la IGJ, son todos pagos que “no guardan relación con el objeto social de la entidad”, que incrementó notablemente sus ingresos -destaca- cuando hace algunos meses “no tenía ingresos que llegaran a cubrir los gastos corrientes de la institución”.
La denuncia de Martínez
Martínez denunció este miércoles a Nissen y lo acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La abogada sostuvo que desde el Gobierno (la IGJ depende del Ministerio de Justicia) buscan controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG “que no sean afines al gobierno kirchnerista”.
Martínez sostuvo que, en violación de las normas, la resolución de Nissen divulgó información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, y criminalizando la actividad asociativa. También cuestionó que se destacara como algo sospechoso el incremento de ingresos de la fundación: “Parece que para la IGJ el aumento de los ingresos es ilegal o contrario a la finalidad de la entidad. Sabido es que cualquier entidad requiere de recursos para la consecución de sus fines sociales”.
Una oposición de espaldas a la sociedad
Y Martínez destacó además que “Nissen, exabogado de la familia Kirchner”, no midió con la misma vara a la fundación de Bullrich y al Instituto Patria. “Los ingresos tienen el mismo origen: charlas y seminarios. En el caso de la entidad de Cristina Kirchner esta permitido y en el caso de la entidad de Patricia Bullrich es irregular”, dijo Martínez. “Tampoco importa en el caso de la entidad de Cristina Kirchner que sus miembros sean políticos, diputados, intendentes o candidatos a cargos públicos, pero esto mismo es cuestionado en la entidad de Patricia Bullrich”, afirmó. Y dijo: “Los seminarios que se dictan en el Instituto Patria son aprobados por el titular de la IGJ, pero son tildados de pantallas en el caso de la entidad de Patricia Bullrich o ajenos al objeto social”.
Fuente: La Nación. Ver nota completa.
