Cuando el martes el dólar blue rozó los 500 pesos, sindicalistas y piqueteros aliados cruzaron llamados para tomar la temperatura social y percibir si el estallido estaba cerca. “Ayudemos a Sergio o es el final. Todavía estamos a tiempo. Hay que llegar a las elecciones”, advirtió un longevo sindicalista que experimentó en el mismo cargo que ocupa hoy la hiperinflación del 89. Sergio es Massa.
Héctor Daer y Fernando Navarro gestionaron de urgencia un encuentro al día siguiente por temor a que una nueva corrida cambiaria se lleve puesto al Gobierno. La misma sensación tuvo el camporista Andrés Larroque, que reconoció ayer la dramática semana que atravesó el oficialismo. Daer y Navarro resolvieron caer casi de arremetida al 5° piso del Palacio de Hacienda unas horas después de otro cierre frenético de los mercados. Massa les prometió “retrotraer precios” y les pidió ayuda para presionar a los empresarios y reforzar el control. Se garantizó el apoyo de la CGT y de los movimientos sociales en su cruzada contra la inflación y el dólar.
Luego de las críticas, Javier Milei redobló la apuesta y desafió a Cristina Kirchner: “Está aterrada”
Al término de la reunión, un secretario del ministro ventiló que se había acordado, además, avanzar con un acuerdo de precios y salarios por 90 días. La filtración de la información, desmentida por la CGT y los movimientos sociales, acentuó la desconfianza que une hoy el vínculo de Massa con los diferentes aliados del oficialismo.
“Es inviable aceptar un congelamiento de los salarios con estos niveles de inflación. Vamos a defender las paritarias soberanas”, arremetió Gerardo Martínez, jefe de la Uocra. Apenas tres días antes, Martínez había impulsado abiertamente la candidatura presidencial de Massa. “Es el camino, tiene posturas claras y estratégicas”, dijo, y fijó el posicionamiento electoral de una mayoría sindical.
Muchas alternativas tampoco había, sugirieron desde la CGT. “¿Es Massa o qué? Hay que sostenerlo porque hay que llegar a las elecciones”, se aferró otro dirigente que supo ser uno de los mayores críticos del tigrense. Hasta Luis Barrionuevo, que hace seis meses dijo que Massa “está más quemado que el Gordo Valor”, empuja un acuerdo electoral entre el ministro y Wado de Pedro, la llave para que el jefe de los gastronómicos se reconcilie con el kirchnerismo a fuerza de subsidios.
Esa sensación de camino sin salida es también la que mostró anteayer Cristina Kirchner en su reaparición, en La Plata. Le dio un espaldarazo a la gestión de Massa a pesar del ajuste del gasto, la inflación de tres dígitos y el crecimiento de la pobreza, por lo que responsabilizó al Fondo Monetario Internacional (FMI) sin ningún atisbo de autocrítica. Hasta entonces, habían sido solo omisiones de la vicepresidenta, que junto con su hijo Máximo se resignan a ver cómo el gobierno del Frente de Todos recurre al financiamiento externo y a la ayuda de Estados Unidos para llegar al fin del mandato. Pero ahora, entre la urgencia y la debilidad de una gestión de la que ella también forma parte, la vicepresidenta rescata a Massa, el mismo que prometió hace ocho años “meter presos a los corruptos y barrer a los ñoquis de La Cámpora”.
El temor los empujó a conciliar a pesar de la mutua desconfianza. Hoy les conviene estar juntos y trabajan por una lista unidad del Frente de Todos a pesar de las presiones de otros sectores para dirimir la pelea una primaria, según reconocieron a LA NACION armadores del PJ y del Frente Renovador. “Sergio no quiere unas PASO, quiere una lista de unidad”, dijo un sindicalista que lo frecuentó dos veces durante la semana caliente.
El acto por el Día del Trabajador
La figura de Alberto Fernández quedó diluida en medio de la volatilidad cambiaria. Sin poder, relegado por Cristina y Massa en el manejo de la crisis y en la estrategia electoral, su agenda oficial es hoy una nota al pie. Al Presidente le hubiera gustado ser el orador central del acto por el Día del Trabajador que prepara la CGT para el martes próximo. Así lo aseguró un sindicalista que hasta hace poco era muy cercano a Fernández. Sin embargo, los gremios preservarán al Presidente de lo que podría ser un ridículo. Si hasta la presencia de Massa es hoy una incógnita porque nadie puede asegurar que la militancia sindical no reaccione con silbidos y reclamos. Lo más probable es que sea un acto meramente sindical, en el que se reflote el documento con críticas a la clase dirigente y la exigencia de un “gran consenso” político, económico y social.
Cristina Kirchner volvió el jueves a hacer referencia al fenómeno de los “trabajadores pobres”, una radiografía social y laboral que había exhibido en mayo del año pasado para cuestionar el rumbo económico de su propia gestión. Aquella vez, para reforzar su argumento teórico, la vicepresidenta apeló a la ayuda de un viejo conocido y se recostó en un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín, un think tank laboral cuyo director es el exministro de Trabajo kirchnerista Carlos Tomada, actual embajador en México.
Ahora, un nuevo informe del Cetyd trazó un diagnóstico sobre el mercado laboral en la antesala de las elecciones. “Los últimos datos correspondientes al cuarto cuatrimestre de 2022 muestran una evolución relativamente positiva de ciertos indicadores, aunque persisten problemas y dificultades acuciantes”, dice el documento. Se refiere al “fracaso de la desinflación” [una crítica a la gestión de Massa] y al mayor ritmo de crecimiento del empleo informal [540.000 personas entre 2021 y 2022] que el registrado [80.000]. En el mismo informe se advierte sobre la dinamización de las paritarias, algunas de ellas con renegociaciones cada 45 días, como sucedió con la del sector bancario. Sin embargo, la frecuencia de los aumentos no alcanza para cubrir la caída salarial. “Los ingresos no logran recuperar el 20% de pérdida de poder adquisitivo que atravesaron entre 2017 y 2019. En enero de 2023 los salarios se situaron en un nivel similar al que tenían en diciembre de 2019″, aclara el documento.
Surge otro dato interesante que explicaría de algún modo la pasividad sindical en tiempos de crisis y su decisión de no agitar los ánimos con un gobierno peronista en el poder. Sobre 62 convenios firmados en el último trimestre de 2022, en 25 se incluyó una cláusula de “paz social”. Se trata de un compromiso para agotar instancias de diálogo antes de cualquier medida de fuerza. “Los datos oficiales muestran que la conflictividad es la más baja desde hace más de 15 años. Este tipo de cláusulas vienen aumentando desde 2021, explica Matías Maito, autor del informe del Cetyd. Gerardo Martínez diría que es un gesto de “madurez sindical”, tal como lo argumentó el lunes pasado en LN+ para tomar distancia del estigma desestabilizador que acecha a los gremios desde las salidas anticipadas de los presidentes radicales. A lo mejor el jefe de la Uocra creerá que puede pasar lo que dijo el estatal Andrés Rodríguez, que justificó la inacción con una frase que hizo ruido en el Gobierno. “Si paramos, se cae todo”, advirtió el referente de UPCN.
El salto de la informalidad laboral
Cristina Kirchner también se refirió con carga negativa al crecimiento del empleo informal, aquel que no tienen cobertura social ni gremial y que no negocia paritarias. En la Argentina hay 5.613.000 puestos de trabajo informales, según datos del Indec actualizados al último cuatrimestre de 2022. Equivale al 43,3% sobre un total de 12.955.000 de asalariados en relación de dependencia privados.
El crecimiento de la informalidad laboral encontró un rubro estrella: los repartidores que trabajan a través de las plataformas digitales de delivery. Se desempeñarían en el sector unas 55.000 personas [25.000 en la provincia de Buenos Aires]. La actividad dio un salto durante la pandemia como una salida laboral sencilla y fugaz. El exministro de Trabajo Claudio Moroni tuvo en su poder un proyecto para regular la jornada laboral, cobertura de salud y seguro, pero no prosperó. En la iniciativa original, paralizada desde hace tres años, estaba la mano de Mara Ruiz Malec, la exministra del área de Axel Kicillof. Para Malec, “existe una relación laboral tradicional”.
Aferrados a la teoría de Malec, los legisladores del Frente de Todos, con el sindicalista Omar Plaini a la cabeza, avanzaron con una iniciativa similar, pero que chocó con el rechazo opositor y de las dos empresas Rappi y PedidosYa. En una Legislatura guiada por la paridad, sin acuerdos, no hay leyes. Sergio Siciliano, diputado por Juntos Por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, cuestionó la iniciativa con el argumento de que la regularización laboral de Kicillof pretendía cobrarles más impuestos a las compañías. “Si esto ocurre, lo más probable es que desaparezcan 25.000 puestos de trabajo. Se está cambiando la lógica de las aplicaciones: el trabajador da un servicio a la empresa”, señaló Siciliano, que se define como un “vidalista de Pro”.
El argumento de Siciliano se contradice con las prédicas de campaña de su propio espacio, que promete generar “empleo de calidad” y reconvertir planes sociales en trabajo genuino. En la Legislatura porteña, donde manda Juntos por el Cambio, la situación de los repartidores se llegó a tratar, aunque con una salvedad: la legislación porteña puso más el foco en la seguridad vial que en los derechos del trabajador.
