La Coalición Cívica acaba de hacer un pedido de informe sobre uno de los secretos mejor guardados que tiene en estos momentos el Banco Central, que es el intercambio (swap) de monedas con China que el Gobierno usa para pagar importaciones y, desde hace un mes, parte de los vencimientos con el FMI, incluido el de esta semana.
El swap requiere de un acuerdo entre ambos países que, una vez activado, funciona como préstamo. La última renovación que impulsó el ministro de Economía, Sergio Massa, se hizo en junio, por un plazo de tres años y bajo condiciones que no están del todo claras porque, como dicen en el Gobierno, son de uso “confidencial”. Ese fue, por ejemplo, el adjetivo que usó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en su última visita al Congreso y ante una consulta del diputado radical Martín Tetaz sobre la tasa de interés que incluía la operación.
Extraoficialmente, en el Gobierno han admitido que oscila en alrededor del 6,5%, valor que coincide con los cálculos de economistas privados que proyectan las condiciones que en 2015, para el mismo swap, difundió Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central: tasa shibor (la interbancaria china) más un plus que entonces eran 400 puntos básicos.
Si esa es la tasa, resultaría algo más baja que la que le paga en este momento el país al FMI, que se actualiza cada siete días y que esta semana quedó en el 8,07%. Ese costo con el organismo es casi el doble del que rige para otros préstamos, dadas las condiciones del que obtuvo la Argentina: mayor en plazo y en monto que lo que se corresponde con su participación en el Fondo. Pero el problema no es la tasa china, sino la razón por la que el Gobierno no la difunde, que obedece principalmente a un requerimiento del Banco Popular Chino, y las contraprestaciones eventuales que supone. “No hay un tema financiero ahí: el costo entre ambos créditos, swap y FMI, es prácticamente el mismo. El tema es que el swap es deuda de corto plazo y no conocemos las condiciones: las estamos infiriendo”, dice el economista Gabriel Camaño.
Lo secreto hace siempre ruido y motiva esta vez el interés de la Coalición Cívica, que presentó el viernes, en la Cámara de Diputados, el pedido de informe con las firmas de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Santiago Espil, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman y Mariana Zuvic. Quieren saber, por ejemplo, si el swap está haciendo virar a YPF hacia proveedores asiáticos y con qué criterio. El texto, dirigido a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, cita al respecto una declaración que Pablo González, presidente de la petrolera, hizo el miércoles en una entrevista con Radio Nacional: “Estamos teniendo en cuenta que el Banco Central tiene disponibilidad de yuanes y estamos buscando proveedores chinos que estén en Vaca Muerta para pagarle con esa moneda”. Según los legisladores, si todo se cumple, Xi Jinping festejará en ese caso dos veces: aumentará sus exportaciones y comerciará en su moneda.
“El Gobierno somete a la Argentina a una mayor dependencia de China. Mientras la Secretaría de Comercio pisa las importaciones en dólares, asegura la rápida aprobación de las importaciones en yuanes. Las implicancias son varias, todas preocupantes en términos económicos y geopolíticos”, dice López. En el Gobierno contestan lo contrario: que el intercambio cumple con todas las normas internacionales y locales de transparencia y que los misterios del swap obedecen a normas del Banco Popular de China.
Las inquietudes no solo se oyen entre los legisladores, y lo hacen con mayor intensidad, por lo pronto, en aquellos ámbitos en que el swap toca intereses económicos. Entre los empresarios de Brasil, por ejemplo, que temen perder participación como proveedores de la Argentina.
En su momento, durante el último viaje de Massa hacia el socio del Mercosur, el Gobierno le pidió a la administración de Lula da Silva que financiara a través del Bndes parte de esas importaciones. No tuvo éxito y China vio entonces su oportunidad: hoy son sus propios diplomáticos quienes pasan horas frente a los despachos de la Secretaría de Comercio, a veces casi a la par de los hombres de negocios argentinos, para lograr que se autoricen aquellas operaciones que benefician a proveedores asiáticos. Solo en abril y mayo, dijo el secretario del área, Matías Tombolini, el 20% de lo aprobado fue en yuanes. Son permisos que salen más rápido, y eso se nota en la plaza cambiaria: según difundió en junio el Banco Central, las operaciones de cambio en yuanes subieron entre el primer semestre del año pasado y el mismo de este año más de 2000%.
No hay dudas de que el acuerdo con China le dio a Massa aire en medio de la grave restricción externa. El efecto colateral del asunto fueron los reparos del Departamento de Estado norteamericano, donde sospechan que este tipo de financiamiento no se otorga gratis y que incluso excede la cuestión económica para adentrarse en el terreno de la geopolítica. Hay, según describen los diplomáticos de Estados Unidos, casi 15 proyectos en la Argentina —desde venta de aviones, inversión en centrales nucleares o en telecomunicaciones hasta puertos o petroquímicas— por los que China estaría dispuesta a dar un espaldarazo. La reacción de la Casa Blanca llegó el viernes, sutil pero evidente para quienes siguen las relaciones internacionales: Joe Biden pidió al Congreso autorización para venderle a la Argentina aviones F16. Un mensaje a Buenos Aires.
Ningún acuerdo con China es nunca indiferente a Estados Unidos. El periodista Sergio Serrichio difundió en mayo un informe de la Oficina Nacional de Informaciones Económicas, uno de los thinks tanks privados más importantes, que afirma que el país asiático repartió 170.000 millones de dólares al mundo en los últimos 20 años en este tipo de intercambios, todos ellos “opacos”, de “altas tasas de interés” y atados a países que se hayan sumado a la “franja y la ruta de la seda”.
Los analistas internacionales suelen decir que China no repara en la capacidad de repago de las naciones a las que asiste con tal de sumar aliados. Es lo que ocurrió en los últimos años con gran parte de África. Hay, con todo, un límite que apareció este año: la diplomacia del yuan deberá convivir con una proyección de crecimiento significativamente más acotada para China. El gobierno de Pekín acaba de fijar un modesto 5% para 2023. Nada alentador. Xu Jintao, antecesor de Xi, calculaba que por debajo del 6% había que resignarse a efectos negativos en la distribución del ingreso. Es probable que al sucesor de Alberto Fernández lo espere entonces devolver el swap con un acreedor más exigente.
