CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante partido Frente Sandinista, clausuró el miércoles la Cruz Roja Nicaragüense por considerar que atentó “contra la paz y la estabilidad” durante las protestas sociales de 2018, cuando miembros de esa entidad habrían atendido a civiles heridos.
Los diputados aprobaron por unanimidad (91 votos) y con trámite de urgencia la cancelación del decreto de creación de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, dictado en 1958, y en su lugar ordenaron crear una nueva institución adscrita al Ministerio de Salud y bajo “un modelo cristiano, socialista y solidario”, según detalló la resolución legislativa.
El mismo texto indicó que las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega “atentaron contra la paz y estabilidad de la nación” y en ese contexto “algunas filiales de esta Asociación (Cruz Roja Nicaragüense) y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”.
Según organismos humanitarios, la revuelta social dejó 355 muertos y más de 2000 heridos, en su mayoría manifestantes civiles baleados por policías y paramilitares, que eran evacuados en ambulancias y trasladados a hospitales privados desde las zonas de conflicto.
La iniciativa fue presentada por los parlamentarios oficialistas Gustavo Porras, Edwin Castro, Alejandro Ferreti y Gladys Báez, entre otros. Los diputados también alegaron que la Cruz Roja “incumplió con sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley Nº 1115″, que regula los organismos sin fines de lucro, según un informe emitido por el Ministerio de Gobernación.
El Parlamento dispuso, además, la creación de “una nueva Cruz Roja Nicaragüense” de la que se “hará cargo” el Ministerio de Salud y que operará como “ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones”.
Asimismo, se ordenó que todo el patrimonio, bienes y acciones de la entidad clausurada pasen a manos del Estado.
La clausura de la institución benemérita se suma al cierre de más de 3000 ONGs en los últimos cinco años, que en su mayoría fueron ilegalizadas desde inicios de 2022.
La rebelión de 2018 dio paso a una grave crisis política y social, que se agudizó en 2021 cuando Ortega se reeligió en comicios generales para un cuarto mandato consecutivo, el segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, tras enviar a la cárcel a sus principales rivales políticos.
