Listas colectoras, quita de autonomía a los municipios y la creación de 93 comunas rurales en las que la oposición nunca pudo poner un pie. Son las tres vigas maestras en las que se sostiene el sistema a medida que construyó el peronismo tucumano desde la época de José Alperovich para conservar su hegemonía. En este artilugio mucho tuvo que ver Juan Manzur, que ejecutó hace 17 años los cambios en la normativa provincial como presidente de la Convención Constituyente, apenas unos meses antes de comenzar el primero de sus dos mandatos como vicegobernador.
Manzur, que integra el binomio de poder de Tucumán desde 2007, chocó esta semana con un límite en la Corte Suprema de la Nación, que advirtió sobre los riesgos de perpetuidad y bloqueó su quinta reelección en cadena. Golpeado, declinó anoche a su postulación y sabe ahora que tal vez se aproxime el final. Podría ocupar una banca en el Senado, ya que es suplente de Pablo Yedlin, pero él mejor que nadie sabe que difícilmente pueda recuperar el control y la caja de la provincia. Corre el riesgo de ser víctima de su propia creación. Ser empujado al retiro por el mismo aparato político y clientelar que él ideó. Fue lo que le sucedió a Alperovich en 2019, cuando intentó regresar a la gobernación y compitió contra su viejo aliado. Aquella vez Alperovich terminó cuarto, detrás de Cambiemos y Ricardo Bussi, el hijo del militar al que la Justicia consideró como uno de los criminales más feroces de la dictadura. Manzur, ¿se animará a volver?
El abrupto ocaso de la carrera política de Manzur se vuelve más dramático si se tiene en cuenta su regreso sin gloria como jefe de Gabinete de Alberto Fernández. Apostó con su marcha atrás hacia Tucumán para reposicionarse en el tablero nacional tras su paso por la Casa Rosada. Su vuelta en realidad fue un escape. Huyó por temor a que la crisis económica y a que la interna oficialista devore su ilusión de construir su propio proyecto presidencial, condicionado a la venia de Cristina Kirchner, a quien él jubiló antes de tiempo en 2018 [”ya fue, su ciclo terminó”, dijo] y por cuyo pronóstico fallido el kirchnerismo le hizo la cruz.
Su insistencia a competir en la Nación no se sustentó jamás en las encuestas, aunque tal vez sí en el apoyo manifiesto que recibió de gobernadores, sindicalistas, piqueteros, empresarios [fue anfitrión hace un mes del Grupo de los Seis en su casa de Yerba Buena] y hasta de diplomáticos y religiosos. “Juan XXIII” se llamó su anhelo de convertirse en presidenciable y hasta contó con financiamiento gremial. El deseo de Manzur de integrar una fórmula con Verónica Magario quedará tal vez en su imaginario, cuando recuerde sus años de sanitarista en La Matanza. Un espejismo de nostalgia. Con algo de malicia, un dirigente del PJ tucumano que todavía anoche se confesaba manzurista lo postuló como un posible acompañante de Daniel Scioli. Sonó a un ensayo para correrlo del ajedrez provincial.
La hora de Jaldo
Después de 20 años en la gestión, a Osvaldo Jaldo le llegó su momento. Lo que no logró a través de las urnas en 2021, cuando desafió a Manzur en la interna del PJ para las elecciones legislativas, lo consiguió ahora con la ayuda de la Corte Suprema. Con el camino despejado, este contador público que fue cuatro veces intendente del municipio de Trancas ya dio la primera señal de autonomía: designó como su compañero de fórmula a Miguel Acevedo, actual ministro del Interior, un cargo súper poderoso en la estructura de gobierno tucumano porque es quien maneja los fondos de los 19 municipios y de las 93 comunas rurales, las dos llaves con las que el peronismo local neutralizó a la oposición durante décadas.
Durante el primer mandato de Alperovich, Jaldo fue ministro del Interior y ofició de nexo con los municipios. Activó desde allí el denominado “pacto fiscal”, que consistía en que los municipios cedan de manera opcional su porcentaje de coparticipación a la gestión central a cambio de que el Poder Ejecutivo provincial afronte el pago de las planillas salariales. La medida logró alinear con el oficialismo a 17 de los 19 municipios. “Les quitó autonomía”, acusa Roberto Sánchez, exintendente de Concepción y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.
La otra gran jugada fue el reconocimiento de las 93 comunas rurales, a las que mediante una ley provincial [la 7350] se les permitió elegir a sus autoridades mediante el voto popular. Se elige un comisionado comunal [tiene rango de subsecretario de Estado] y un suplente. Las comunas son distritos de más de 500 habitantes que no alcanzan la categoría de municipio. En 2019, Manzur obtuvo el 94% de los votos, según un relevamiento elaborado por el partido opositor CREO en base a los resultados del escrutinio oficial. Las 93 comunas representan el 23% del padrón electoral y en algunas de ellas la oposición ni se presenta. Es decir, las fuerzas opositoras deberían saber que el día de la elección ya comienzan 20 puntos abajo.
“Es muy difícil ganar si reparten dinero y los municipios y las comunas no tienen autonomía. Hace poco el Gobierno repartió 20.000 millones de pesos en concepto de obra pública solo para los oficialistas. No hay control de esos gastos”, denuncia Sánchez, un expiloto de Rally que se involucró hace ocho años en la política y que espera ahora dar el batacazo.
La tercera viga que sostiene la hegemonía peronista es el sistema electoral. Quedó en la nada la reforma política que se avanzó en 2006, con Manzur como presidente de la convención. El sistema pasó de la ley de lemas a la de acoples. Un festival de partidos que favorece al oficialismo. Para mañana, la lista de Jaldo-Manzur hubiera sido empujada por 61 acoples mientras que la de Sánchez-Germán Alfaro (Juntos por el Cambio) por 15. En 2019, esa diferencia fue menor: 47 a 15. “Es un sistema perverso y pergeñado por los que controlan la provincia porque son ellos los que tienen el dinero y los recursos. Patrocinan con dinero público los partidos. Hay 105 partidos políticos diferentes y llegaron a haber 600″, denuncia Sánchez. Ni Jaldo ni Manzur quisieron responder a estas acusaciones al ser consultados por LA NACION.
Entre sus promesas reformistas, Manzur se comprometió en 2015 a terminar con los acoples después de haber ganado una elección nublada de sospechas, con quema de urnas y la demostración con pruebas de que hubo reparto de dinero y alimentos a cambio de votos. Aquel triunfo sobre el radical José Cano fue convalidado por la Justicia a pesar de las maniobras de clientelismo. El folclore electoral tucumano convierte en normal lo que en otros lados sería un escándalo.
Las promesas de Manzur de implementar el voto electrónico e impulsar una ley de acceso a la información pública fueron tan fugaces que hasta se las olvidó de haberlas pronunciado. Forzado por la Corte, desistió abatido a su candidatura a un cargo que no lo seducía ni siquiera por el manejo de una caja de $30.000 millones y la ascendencia que pueda tener sobre los 49 legisladores provinciales. El fallo del máximo tribunal fue un verdadero mazazo para el gobernador de una provincia en la que hace tiempo se desnaturalizó el cumplimiento de la norma.
