Con los pliegos judiciales de la camarista Ana María Figueroa y otros 70 jueces, fiscales y defensores oficiales -que la oposición sostiene que forman parte de un intento de colonizar la Justicia por el kirchnerismo- como telón de fondo, el Senado comenzará a discutir este martes, a las 17, la modificación de la ley de alquileres que aprobó la semana pasada la cámara de Diputados.
El tratamiento del tema fue reclamado por Juntos por el Cambio apenas unas horas después de que la iniciativa saliera aprobada de la Cámara baja. El viernes, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda para discutir el expediente girado por Diputados y una serie de iniciativas vinculadas con la ley de alquileres presentadas por senadores de diferentes bancadas.
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Pero la oposición ahora sospecha que Cristina Kirchner habilitó el debate con el objetivo de usar una cuestión de alta sensibilidad social como ariete para quebrar la estrategia de la oposición, que desde hace varios meses viene retaceando el quorum para evitar que el kirchnerismo pueda aprobar los acuerdos judiciales.
No les falta razón. “Los acuerdos siempre se tratan al inicio de las sesiones, nosotros queremos que se discutan”, le dijo a LA NACION el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (Formosa), quien ratificó que el Frente de Todos sigue firme con su intención de darle un nuevo acuerdo a Figueroa para que pueda continuar por cinco años más en la Sala I de la Cámara de Casación Penal.
La magistrada está involucrada en al menos dos expedientes sensibles para Cristina Kirchner: la causa Hotesur-Los Sauces, en la que la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia están acusados de maniobras de lavado de dinero proveniente de la corrupción, y la firma del Memorándum con Irán.
Sin embargo, Figueroa quedó atrapada en un limbo jurídico el último 9 de agosto. Ese día cumplió 75 años, edad que la Constitución establece que los jueces deben jubilarse, sin que el kirchnerismo pudiera aprobarle un nuevo acuerdo que le extienda su magistratura por cinco años. Por esa razón, la jueza dejó la presidencia de la Cámara de Casación y anunció que se abstendría de firmar sentencias hasta que la Cámara alta no resolviera su situación.
El kirchnerismo ya fracasó en dos oportunidades en darle un nuevo acuerdo a la jueza. El 12 de julio último se quedó sentado en el recinto sin quorum por la negativa de los peronistas díscolos del bloque Unidad Federal a bajar al recinto en represalia por el incumplimiento del oficialismo de ciertas exigencias políticas y legislativas que habían planteado como condición para sumarse a una sesión.
Dos semanas después, el Frente de Todos ni siquiera pudo convocar a sesión ante la imposibilidad de reunir el número suficiente para habilitar la sesión. A la ausencia de una legisladora propia, en esta segunda oportunidad tampoco se mostró dispuesto a participar el senador provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). El gobernador electo de la provincia patagónica pretendía ver el resultado de las primarias antes de decidir si apoyaba la movida oficialista.
La postura de Weretilneck no parece haber variado, razón por la cual es muy difícil que el kirchnerismo tenga el número para insistir con una sesión en la que los pliegos judiciales sean el tema central del debate.
Nueva estrategia
Por eso ahora el oficialismo decidió avanzar con el debate de la modificación a la ley de alquileres, aun cuando el propio Mayans reconoce que en su bancada coexisten diferentes posiciones en torno al proyecto aprobado por la Cámara baja.
Más aún, el líder del oficialismo en el Senado dijo que su bancada también pretende avanzar con la discusión del proyecto que busca encontrarle una salida a los deudores hipotecarios de créditos UVA.
En la oposición sospechan que el apuro oficialista por discutir esos tema esconde una maniobra de Cristina Kirchner para presionarlos a bajar al recinto a discutir un tema sensible y poder avanzar con los pliegos judiciales que tanto le interesan a la vicepresidenta y al oficialismo.
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Por lo pronto, el kirchnerismo ya realizó un movimiento para asegurarse el control del debate del tema alquileres. El proyecto aprobado por Diputados debió ser girado a la Comisión de Legislación General, en la que la oposición podría reunir mayoría para imponer su posición. Pero la vicepresidenta ordenó sumar a la de Presupuesto y Hacienda, en la que el Frente de Todos tiene la llave para emitir dictamen.
El dato no es menor si se tiene en cuenta que, a priori, la oposición está a tan sólo un voto de tener la mayoría que le permitiría convertir en ley el proyecto aprobado por la Cámara baja. El kirchnerismo rechaza ese texto y apuesta a modificarlo y devolverlo en revisión a Diputados.
