El juez Juan Carlos Maqueda tiene la piel gruesa luego de una carrera política de más de 50 años. Con esos antecedentes, entiende que no corresponde que concurra a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en caso de que le llegue una citación, como se votó la semana pasada bajo impulso del kirchnerismo, para acusarlo de supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
En los tribunales creen que el proceso político es un “circo” que busca desgastar a los jueces como parte de una embestida del Gobierno contra la Justicia.
“El juez Maqueda no va a alimentar con su presencia ningún circo político que solo pretende deslegitimar a la Justicia cuando dicta fallos que son adversos al Gobierno”, dijo a LA NACION una fuente judicial que conoce el pensamiento de los cortesanos.
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El martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le encomendó a la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Cecilia Moreau, que “se cite inmediatamente” al juez Maqueda por el supuesto mal desempeño en sus funciones con relación a la Obra Social del Poder Judicial.
Los jueces de la Corte encargaron un auditoría sobre la obra social del Poder Judicial que señaló irregularidades en los sistemas de gestión, informáticos y contables, en la compra de medicamentos y en los servicios a los afiliados.
Los diputados del Frente de Todos de la Comisión de Juicio Político entienden que Maqueda era responsable de la obra social, pero la Corte informó al Congreso que el juez no tenía asignada esa tarea, sino que las responsabilidades eran, en todo caso, del entonces administrador de la Corte Héctor Marchi, que fue removido de sus funciones con los votos de los jueces Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Apenas dejó su cargo en los tribunales, Marchi, que contó con el respaldo del juez Ricardo Lorenzetti, se convirtió en acusador de Maqueda. Al día siguiente de que lo echaron compareció ante la Comisión de Juicio Político, donde fue recibido con los brazos abiertos por los legisladores del kirchnerismo.
A la semana siguiente fue al juzgado federal de Ariel Lijo, donde insistió en responsabilizar al juez Maqueda de esas irregularidades. Declaró como testigo ante Lijo en el expediente judicial donde se analiza quién fue el responsable de esas irregularidades y si constituyeron un delito.
Los diputados oficialistas que conforman la mayoría en el cuerpo presidido por Carolina Gaillard formularon las imputaciones por mal desempeño y posible comisión de delitos y llamaron al juez Maqueda para que respondiera sobre los problemas en la obra social. La diputada Vanesa Siley leyó un informe preliminar el que se pidió que convoquen a Maqueda “en los términos del artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político”.
Ese artículo señala que “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la Comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.
“De las actuaciones ya reunidas, surgen elementos convictivos suficientes -para conformar la verosimilitud propia con el grado de provisoriedad que la etapa en curso permite- para formular los cargos contra el Juez de la Corte Dr. Juan Carlos Maqueda”, dice el tetxo que votó el kirchnerismo. La nota lleva la firma de Siley, Leopoldo Moreau, Rodolfo Taihlade, Eduardo Valdez, Germán Martínez, Hugo Yasky, Ramiro Gutiérrez, Micaela Moran, Mara Brawer, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, María Rosa Martínez, Magali Mastaler, Blanca Osuna Blanca y Paola Vessvessian.
La petición empezó a circular entre los legisladores oficialistas de manera anticipada, cuando aún declaraban los testigos que iban a nutrir la acusación. Hablan de un supuesto consentimiento “por omisión”.
Los diputados se aferraron al testimonio del exadministrador Marchi, que dijo que durante la gestión de Aldo Tonón como director de la obra social no había control de stock de medicamentos; no se presentaban balances contables; el sistema informático era obsoleto y vulnerable; había demoras y rechazos injustificados de autorizaciones de tratamientos; había vacancias de cargos claves; la compra de medicamentos y prótesis se hacía en forma directa y no por licitación, y se registraban pérdidas.
La convocatoria a Maqueda fue objetada desde la oposición. Desde Juntos por el Cambio argumentaron que “no correspondía” citar al juez porque aún había pruebas que no habían podido ser compulsadas. Juan Manuel López, vicepresidente de la comisión, y Paula Oliveto (ambos de la Coalición Cívica) se opusieron con vehemencia. El oficialismo tiene mayoría de 16 votos, por lo que aprobó que Cecilia Moreau como presidenta de la cámara enviara una citación a Maqueda.
Tras terminar el capítulo de la obra social, los diputados empezarán a tratar en la Comisión de Juicio Político el fallo de la Corte sobre los fondos de la coparticipación federal que la Nación le quitó a la Ciudad. La Corte falló en favor de la Ciudad en una medida cautelar que los diputados del kirchnerismo entienden que es una causal de mal desempeño. En ese capítulo tratarán las supuestas comunicaciones por mensajes de Telegram que intercambiaron el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el funcionario de la Corte Silvio Robles, que asiste a Rosatti. Hernán Cappiello
Esos chats fueron difundidos desde el kirchnerismo y fueron obtenidos hackeando el teléfono de D’Alessandro. Por esa intercepción ilegal de las comunicaciones hay una persona identicada en Misiones que confesó que le encargaron hacer esa intrusión y se investiga quien fue el que pagó por el trabajo para darle un uso político.
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La Justicia analizó el contenido de los chats pero descartó que esas conversaciones puedan utilizarse como prueba de la existencia de un delito, porque el origen de esos intercambios es ilegal. Además, los interlocutores cuestionan el contenido de las conversaciones y dicen que fueron editadas con agregados.
Con el capítulo de la coparticipación, los diputados planean seguir con el juicio, sin que lo interrumpa el proceso electoral, pues el objetivo es seguir estirando las audiencias semanales como una manera de desgastar a la Corte.
