El Gobierno editó un “manual del lawfare” en el que desacredita las sentencias judiciales contra el kirchnerismo -incluida la condena contra Cristina Kirchner, a quien consideran proscripta- y descalifica investigaciones como el caso de los cuadernos de las coimas, donde los propios funcionarios del kirchnerismo admitieron su responsabilidad en el cobro de coimas. El texto oficial, editado por el Ministerio de Justicia, se suma a otros manuales publicados en los últimos dos años y charlas organizadas especialmente para cuestionar a otro poder, la Justicia.
El trabajo de 64 carillas, titulado Lawfare, Democracia en Peligro, no lleva firma y fue publicado por la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Horacio Pietragalla. De tapa verde y roja, tiene en sus primeras páginas una lista de autoridades, encabezada por el presidente Alberto Fernández, al vicepresidenta Cristina Kirchner; el ministro de Justicia, Martín Soria; el propio Pietragalla y el director de Coordinación Estratégica, Nicolás Rapetti.
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La introducción define la teoría del lawfare y luego dedica un capítulo a cada caso que tiene a funcionarios del kirchnerismo procesados, presos, condenados, elevados a juicio o con la condena a punto de cumplirse. En otras palabras, la lista de casos viciados por el lawfare incluye aquellos donde los funcionarios y exfuncionarios tuvieron sentencias adversas. Los argumentos no son novedosos, sino que se reiteran los que esgrimieron los defensores en cada uno de esos casos. Un libreto para repetir en tiempos de campaña y con un Gobierno en retirada, publicado por el Estado.
El trabajo define el lawfare como “una práctica irregular que consiste en el uso abusivo y desvirtuado de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a dirigentes y referentes políticos y sociales, mediante su persecución por vía judicial-mediática bajo la apariencia de una supuesta legalidad”. Dice que el objetivo inmediato “es el ataque a ciertos liderazgos políticos”, pero que a largo plazo la idea es “la creación de condiciones propicias para la imposición de políticas económicas, sociales y laborales regresivas que perjudican a amplias mayorías de la sociedad”, según los designios de lo que definen como “sectores de poder” ocultos.
El trabajo se refiere a las experiencias de la región y coloca allí los procesos que determinaron las causas contra Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Así llega al capítulo dedicado a Cristina Kirchner, que se titula “La proscripción de un liderazgo político”. El texto oficial sostiene que como el fiscal Diego Luciani en su alegato por el juicio de Vialidad no pudo exhibir evidencias, se valió de los mensajes del teléfono de José López, de otro caso, para construir su acusación. “Una estrategia ilegal y desesperada que fue avala por el tribunal”, sentencian. En esa versión, el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, es el héroe que probó las mentiras del fiscal y los fiscales son los villanos que mintieron y actuaron de manera bochornosa y con falsedades.
Alejándose de los hechos, el texto señala que “aunque la condena a CFK resulta insostenible y es posible que sea revocada en instancias de revisión posteriores, tras un trámite judicial lleno de irregularidades y violaciones al debido proceso, el fallo alcanza para suprimirle sus derechos políticos y dejarla fuera de la competencia electoral”. Esto no es así ya que la condena, en el estado en que se encuentra, es decir, sin estar firme, no le impide ser candidata y ejercer sus derechos políticos.
Los capítulos se suceden con el caso del Memorandum con Irán, donde el texto celebra que el sobreseimiento sin sin juicio, lo mismo que el caso conocido como “Dólar futuro”. En la primera causa, la denuncia fue del fiscal Alberto Nisman y en la segunda causa, de la oposición. La Corte tiene actualmente en sus manos este expediente. El protagonista de ambos capítulos es el fallecido juez Claudio Bonadio.
El manual describe las causas contra Milagro Sala como una persecución, pasando por alto que tiene dos condenas firmes, una a 13 años de prisión, confirmada por la Corte Suprema de Justicia. “Las violaciones alevosas de las garantías judiciales que había sufrido la líder de la Túpac Amaru durante el proceso penal, ignoradas por la Corte, volvieron a demostrar que el verdadero objetivo era la proscripción política de Sala y el intento de desmovilización de su organización, y no la presunta lucha contra la corrupción”, dice el manual, que señala que la mujer está cumpliendo prisión en su casa.
El texto menciona el caso de los cuadernos de las coimas, iniciado por una investigación de LA NACION. Allí señala el derrotero del expediente, insiste en que los cuadernos son fotocopias y que sus contenido no es veraz, pese a los fallos judiciales en contrario. También desacredita las confesiones de los arrepentidos, muchos de ellos exfuncionarios del kirchnerismo, al sostener que fueron realizadas bajo coacción. La causa fue confirmada en todas las instancias y está elevada a juicio con Cristina Kirchner como principal acusada.
El manual dice que el “precedente premonitorio” es el caso Ciccone, donde periodistas de LA NACION y Clarín investigaron para poner de relieve el interés del vicepresidente Amado Boudou en la imprenta que fabrica papel moneda, a la que llegó a controlar a través de testaferros a cambio de mejorar su problemas con la AFIP. Boudou fue condenado con una condena dejada firme por el Corte y el vicepresidente ya cumplió dos tercios de la pena, por lo que está en libertad condicional. Sin negar el delito, el manual sostiene que Laura Muñoz, la exesposa del testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele -que también confesó su participación-, expuso el caso en Clarín porque Clarín fue perjudicado por la estatización de las AFJP que impulsó Boudou como ministro de Economía.
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El texto culmina con un capítulo sobre el atentado contra Cristina Kirchner como una evidencia de la “agudización de la violencia política en la Argentina”, que para los autores, desconocidos, es una consecuencia del lawfare. “La práctica cada vez más extendida del lawfare se produce en sintonía con la proliferación de discursos de odio alentados por sectores de una derecha radicalizada, que muchas veces se dirigen contra los mismos dirigentes políticos y referentes sociales que son blanco de la persecución mediático-judicial”, señala el manual.
“La estigmatización de esas figuras, denigradas en la escena pública y acusadas de delitos irritantes para amplios sectores de la población, funciona como un catalizador de posturas extremistas que asumen como propia la idea de eliminar al adversario político. El intento de asesinato cometido contra Cristina Fernández de Kirchner, en medio de una nueva avanzada de la corporación judicial y la prensa masiva contra la expresidenta, reveló hasta qué punto esa construcción de sentidos promovida ‘desde arriba’ puede derivar en acciones concretas y materiales de violencia política, a un nivel que no se registraba desde el final de la última dictadura militar”, concluye el manual, que incluso llega a apuntalar al lawfare con las violaciones a los derechos humanos.
