Convencido sobre la necesidad de que distintos sectores “compartan los costos” de la devaluación y su fuerte impacto en los salarios, y mientras 14 gobernadores se resisten a aplicar la medida en el sector público, el ministro de Economía, Sergio Massa, ultima por estas horas los detalles de un decreto que establecería multas a las empresas que no abonen a sus empleados los $60.000 del bono o suma fija para los asalariados registrados con un sueldo inferior a los $400.000 netos.
“Hoy tenemos una obligación adicional de aportar. Porque cuando los empresarios recibimos ayuda nos la dio la gente, a través del Estado. Cuando hoy los argentinos nos piden un esfuerzo adicional para lograr estabilidad macroeconómica, tenemos que acordarnos. Además, en el caso de las micropymes y las pymes se les devuelve el 100% y el 50% de ese bono”, dijo hoy el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, un aliado de Massa dentro de las diferentes tribus que integran el oficialismo.
En términos más amenazantes, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó: “Las empresas están en condiciones de pagar la suma fija. Hay una parte a la que subsidiamos. El resto, son las grandes empresas que, insisto, encontramos evasión y elusión”. Castagneto es un dirigente alineado con el kirchnerismo más duro.
Antes, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos había deslizado que habría “sanciones” para las empresas que no cumplan con el pago de la suma fija, “pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible” por las paritarias. “Las empresas que no paguen, tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa”, afirmó Olmos en declaraciones radiales.
Massa todavía no se pronunció públicamente tras la ola de rechazos a la medida que anunció el domingo por redes sociales.
Desde las cámaras empresarias -de las primeras en hacer público su rechazo fue la Cámara Argentina de Comercio (CAC), luego se sumó la Unión Industrial Argentina (UIA)-, expresaron su “preocupación” por el pago de la suma fija y su impacto en la economía de las compañías. “Colisionan con los consensos salariales ya firmados”, afirmó la UIA a través de un comunicado.
Durante su viaje a Brasil para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y conocedor de la resistencia de varias provincias (incluidas algunas gobernadas por el PJ como Santa Fe, Chaco, Catamarca o San Juan) a pagar el bono, Massa había dejado trascender su enojo con los mandatarios rebeldes. “Tienen la plata en plazos fijos, ¿y la plata la voy a poner toda yo?”, se quejaba ante sus funcionarios el ministro de Economía, que calculó un costo total inicial de $739.000 millones del total de las medidas, reducidas a unos $290.000 millones por efecto de otros ingresos del Estado en el corto plazo. La idea del ministro de Economía, embarcado en la campaña electoral para octubre, es que “todos los sectores”-incluidas empresas y gobiernos provinciales-hagan su “aporte” para mejorar los ingresos, y de paso llegar mejor parado a la primera vuelta electoral, contra Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza).
La respuesta que obtuvo a su anuncio fue dispar. Hay 14 provincias que determinaron no hacer frente al bono porque tienen sus paritarias en curso mientras que aún es incierto cómo se afrontará el pago en algunas gestiones municipales.
“Se va a terminar acomodando. El que no llora, no mama”, resumió un incondicional de Massa que no está en el Poder Ejecutivo, con una visión optimista sobre el contrapunto. “Preferible la persuasión, pero si no cumplen…”, advirtió la fuente del Frente Renovador, en apoyo a la iniciativa del ministro y candidato presidencial, que busca con la suma fija un impacto que lo posicione mejor de cara a las presidenciales.
