En el marco de una fuerte disputa con Disney, el gobernador de Florida, Ron de Santis, escaló el conflicto con la empresa de entretenimiento y sugirió este lunes la posibilidad de construir una prisión al lado del complejo o, incluso, un parque rival. La expresión tiene lugar en medio de los intentos del mandatario por aumentar el control estatal sobre el status de distrito fiscal especial que tiene la firma.
El mandatario republicano promovió una ley para que la empresa deje de ostentar el control del área que ocupa como un distrito especial. Sin embargo, la empresa de entretenimientos se resiste. Y ha señalado que la acción es una “represalia” por oponerse a la posición de De Santis respecto de la identidad de género. De Santis dijo este lunes que la Legislatura local tomará medidas para “anular” las decisiones de último momento de la compañía.
El gobernador de Florida aseguró que los legisladores del estado avanzarán en un proyecto de ley que “asegurará que la gente entienda que no puedes poner tu propia empresa por encima de la voluntad de la gente de Florida”, según publicó CNN.
De Santis busca hacerse cargo del Distrito de Mejoras de Reedy Creek, que le da a Disney el control de las tierras alrededor de sus parques temáticos de Florida Central. Busca instalar en la junta que regula ese distrito a dirigentes que le responden. No obstante, el gigante del entretenimiento hizo en febrero un acuerdo con la junta saliente que implicó que no fuera posible controlarlo. La gobernación desconoció ese pacto y prometió una dura respuesta.
Este lunes, el gobernador de Florida calificó como “defectuoso” ese acuerdo y aseguró que no se notificó adecuadamente. Sin embargo, Disney afirmó que llevó adelante el entendimiento a lo largo de dos encuentros que fueron cubiertos por la prensa local. A su vez, dijo que se reunirá el miércoles con la nueva junta que supervisa el distrito fiscal para “asegurarse de que Disney rinda cuentas”.
En este contexto, De Santis levantó polémica al hablar del destino que podrían tener las tierras que rodean al parque temático. Lo hizo al mencionar que varias personas le preguntan por eso. “Tal vez crear un parque estatal. Tal vez trate de hacer más parques de diversiones. Alguien incluso dijo, tal vez necesites otra prisión estatal. Quiero decir, ¿quién sabe? Quiero decir, solo creo que las posibilidades son infinitas”, dijo.
El mandatario señaló que la junta que supervisa el distrito fiscal especial de Disney podría aumentar los impuestos que recaen sobre los complejos temáticos de la compañía. Se estima que el distrito especial tenía hasta fines de 2022 una deuda de US$1000 millones. Si los impuestos se aumentaran, el estado podría utilizar esos ingresos para pagar la deuda que tiene el distrito. Por ley, el estado no puede disolver el distrito sin antes pagar sus cuentas.
La legislación que motoriza el gobernante del Partido Republicano prevé, a su vez, que el estado realice supervisiones a los parques temáticos en los distritos especiales. Según señaló CNN, Florida supervisa las atracciones menores de algunos complejos, pero no las de grandes parques como Disney, Universal Studios, Sea World y Busch Gardens.
En esa línea, De Santis prometió presentarle una dura batalla al gigante del entretenimiento e insistió en sus críticas al acuerdo que tuvo lugar en febrero. “Disney básicamente hizo acuerdos especiales para eludir todo ese proceso, dado ellos controlan la junta”, aseveró. “Era básicamente como una ficción legal que negociaron con ellos mismos, para darse la capacidad de mantener su estado de autogobierno”.
Disputa
El conflicto comenzó en marzo de 2022, cuando el entonces director ejecutivo de la corporación, Bob Chapek, expresó públicamente su decepción tras la aprobación del proyecto de ley HB 1557 de Florida, apodado Don’t Say Gay (no digas gay) por sus críticos, mediante el cual se prohibía a los distritos escolares la enseñanza de orientación sexual e identidad de género.
Desde aquel momento, el gobernador de Florida consiguió la aprobación de una ley con la que puso fin a la autonomía virtual de Disney en más de 10 mil hectáreas en el estado. Ahora, la compañía de entretenimiento parece desafiar la situación actual y será la sede de la “conferencia LGBTQ+ más grande del mundo” a fines de año.
Disney defendió las decisiones de la junta del Distrito Reedy Creek -un gobierno privado controlado por Disney World y establecido por la Legislatura estatal en 1967- y, ese mismo lunes, Iger respondió a las acciones de DeSantis.
Durante la reunión anual de accionistas de la compañía, el actual CEO del gigante del entretenimiento, Robert “Bob” Iger, aprovechó la oportunidad para manifestarse sobre los hechos. Al abordar las preguntas, manifestó que los intentos del gobernador de tomar represalias por las declaraciones de Disney del año pasado acerca de legislación estatal sobre identidad de género eran “contrarios a los negocios y contrarios a Florida”.
También sostuvo que “una empresa tiene derecho a la libertad de expresión, al igual que los individuos”. En sus comentarios, Iger reconoció una pelea por un contrato de último minuto firmado antes de que Florida obligara a Disney a entregar poderes exclusivos a funcionarios estatales.
Desde que Disney criticó la prohibición de enseñar temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias sin el consentimiento de los padres, el gobernador aceleró su arremetida contra el parque y, en abril del año pasado, eliminó el distrito especial de Disney, conocido hasta ahora como Reedy Creek Improvement District.
Tras la firma de una nueva legislación se creó el Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, el cual no anula el distrito especial, sino que sustituye su directiva. Al anunciar la promulgación de la ley que le otorga al estado el control administrativo y fiscal del territorio de Disney World, en Orlando, De Santis expresó que “el reino corporativo finalmente llega a su fin”.
