Después de que Sergio Massa frenara la corrida cambiaria a costa de usar las escasas divisas del Banco Central (BCRA), intervenir en el mercado de bonos y subir tardíamente en 10 puntos porcentuales las tasas de interés, su futuro inmediato como presidenciable y el del dólar vuelven a estar en manos del Fondo Monetario Internacional, cuando aún faltan tres meses y medio para las PASO y la incertidumbre alcanza niveles extremos tanto en materia política como económica.
Hace nueve meses, al hacerse cargo del Ministerio de Economía ampliado, el anuncio de cumplir el acuerdo con el FMI le había permitido superar las turbulencias que provocó la renuncia de Martín Guzmán y, a falta de un plan, contar al menos con una hoja de ruta macroeconómica. Pero su pecado fue entonces aceptar la condición de no devaluar impuesta por Cristina Kirchner, que derivó en el “plan Aguantar” solo para llegar a las PASO sin un estallido económico. Así, el endurecimiento del cepo importador y los múltiples tipos de cambio (selectivos, discrecionales o temporarios), con sus brechas y crecientes complicaciones para la actividad económica, se sumaron a la distorsión de precios relativos, la aceleración de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo, sin despejar la expectativa de un salto devaluatorio creada por la falta de dólares en el BCRA y la abundancia de pesos.
Los salarios se acercaron a la inflación en febrero, pero no lograron empatarla
Ahora Massa, como principal cara visible del desarticulado gobierno del Frente de Todos, enfrenta un revival de la secuencia padecida por el de Cambiemos en 2018: sequía en el campo, corrida cambiaria y urgente necesidad de un salvavidas del FMI para llegar a las elecciones. “El pasado vuelve al presente” diría CFK.
Con el impacto de la sequía, que este año resta unos 20.000 millones de dólares a la economía y desploma los ingresos del Tesoro por retenciones, debería admitir –de manera contrafáctica– que paga más costos políticos hoy que si en 2022 hubiera corregido discretamente el atraso cambiario con un programa coherente, en vez de recurrir a sucesivos parches para evitarlo. Nada que ver con su intención de apuntar a una economía exportadora.
No es su único problema. El Presidente pasó a dedicarse a funciones protocolares-administrativas y la vicepresidenta se muestra ajena a todos los desaguisados del formato de gobierno que creó en 2019 y atribuye invariablemente a culpables ajenos. Su “clase magistral” en La Plata consistió en recortar retazos de la historia económica de los últimos 20 años para combinarlos arbitrariamente a gusto y conveniencia de su ideología populista intensiva en gasto público.
También demostró una fenomenal confusión entre efectos y causas del actual drama inflacionario. En su segundo mandato, Cristina internalizó dos insólitos enunciados de Axel Kicillof. Uno, que el liberalismo “inventó” que la inflación es provocada por la emisión de pesos, con el cual justifica las sobredosis argentinas y defiende el déficit fiscal, aunque no pueda ser financiado genuinamente. De ahí que haya afirmado que el acuerdo con el FMI aceleró la inflación por la exigencia de no atrasar el tipo de cambio. Otro, que la seguridad jurídica “es un concepto horrible”, que la llevó a respaldar el cepo cambiario, fustigar el ajuste por inflación de Ganancias para empresas y que la inversión extranjera directa remita utilidades. Lo único que dejó en claro, sin nombrarlo, es que su enemigo electoral pasó a ser Javier Milei ante el riesgo de que le reste votos juveniles en el conurbano bonaerense.
En este inédito escenario político, Massa se ve obligado a actuar simultáneamente como virtual candidato oficialista y como ministro. Y, además, a sobreactuar con sus discursos y anuncios para cada caso.
Como candidato desplegó en estos días un activismo que lo llevó a disponer la segunda suba del piso imponible de Ganancias para asalariados; anunciar un plan de inversiones de la intervención estatal en Edesur, sin que la empresa haya percibido aún los ingresos del ajuste tarifario para ejecutarlo; la intervención en el mercado cambiario; los consabidos allanamientos en la City porteña en plena corrida, y la convocatoria a un incierto acuerdo de precios y salarios hasta fin de julio con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales oficialistas.
Como ministro, su tarea de “pasar la gorra” se asemejó a la del influencer Santiago Maratea para evitar la quiebra del club Independiente: consistió en activar desembolsos de créditos ya otorgados por organismos multilaterales (CAF, BID, BM); otro tramo del swap con China para importaciones en yuanes que evitan el uso de dólares, y la financiación china de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz.
También obtuvo el explícito aval de CFK para “rediscutir” el acuerdo con el FMI (“no para no pagar, sino para revisar condicionalidades”, aclaró la vicepresidenta), con la hipótesis de mínima de flexibilizar las metas y la de máxima recibir por anticipado los tres desembolsos que restan de este año y suman US$10.000 millones. En este caso, la incógnita es el calendario de pagos (en 2024, más adelante o al final del programa en 2034).
De hecho, el Gobierno no podrá cumplir al cabo de este segundo trimestre la meta de reservas netas del BCRA –flexibilizada en marzo– ni tampoco la de déficit fiscal primario. Y la opción usual de pedir un waiver (dispensa) por ambos incumplimientos no resuelve el problema porque lo trasladará al resto del año.
La única ventaja de Massa es una necesidad recíproca: el ministro sabe que necesita el apoyo del Fondo y este que la Argentina no caiga en un default que pueda ser imitado por otros países de bajos ingresos y, además, afecte la gobernabilidad.
Certezas y dudas en Washington
Héctor Torres, exrepresentante de la Argentina ante el FMI, explicó a LA NACION que el staff del organismo reconoce que el impacto de la sequía es muy severo, por lo cual será necesario “recalibrar” el programa con cambios en las metas y medidas fiscales y cambiarias de corto plazo.
Recuerda además que el Fondo ha aceptado modificar programas para concentrar desembolsos (“front loading”) y que, a fines de agosto de 2018 en el marco de otra sequía, el entonces presidente Macri pidió y logró que aumentara el financiamiento comprometido dos meses antes, concentrando los desembolsos en los dos primeros años del programa.
En estos casos –agrega Torres–, el directorio puede aprobar cambios por mayoría simple y normalmente aprueba todo lo que Kristalina Georgieva le recomienda. Pero advierte que previamente la directora gerente “prueba el agua” y adapta las condicionalidades a cada caso. “Estamos en un año electoral, por lo que el Gobierno solo podría comprometerse a tomar medidas de corto plazo”, opina.
Aunque Massa anunció la “re-discusión” del programa antes de enviar la misión técnica que viajará a Washington, el Gobierno también le pidió al actual director argentino en el Fondo, Sergio Chodos, que consiga un “front loading” con todos los desembolsos restantes en 2023 (casi US$10.000 millones).
“Veo como más probable que el directorio acepte estirar el calendario de pagos. Es difícil que nos vayan a dar ese adelanto en un año electoral, con una brecha cambiaria de más de 100% y un Gobierno que quiere mantener capacidad de asignar discrecionalmente dólares preferenciales a algunos importadores”, señala Torres.
También aportó su opinión sobre la denuncia de Chodos, que en una entrevista periodística acusó de “antipatrias” a tres exfuncionarios del gobierno de Macri por oponerse a ese desembolso, sin identificarlos, aunque luego lo hicieron otros medios oficialistas: “El Fondo siempre, cualquiera sea el gobierno de turno, mantiene líneas de diálogo discreto con economistas de la oposición. Es parte de la evaluación que hace el staff sobre la posible viabilidad de un programa. Pero lo último que haría un miembro del staff es ir a contarle al director argentino el tenor de esas conversaciones. Eso no lo creo. Si Chodos no lo consigue, o lo consigue a cambio de un ajuste del tipo de cambio, no creo que los economistas de la oposición sean los responsables”, afirmó. Luego completó que “si el Fondo acepta dar los desembolsos de golpe, es para controlar una devaluación y no para evitarla”.
