El fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, dictaminó hoy a favor de la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno porteño: dijo que el postulante de Pro sí cumplió los cinco años de residencia en el distrito exigidos por la ley y que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) debe confirmar el fallo que la semana pasada lo habilitó a competir.
Este dictamen no obliga a los jueces del máximo tribunal porteño, que en los próximos días tomarán su decisión.
El fallo que revisará el Tribunal Superior -y que Mahiques pidió confirmar- lo dictó el 3 de julio pasado el Tribunal Electoral de la Ciudad, que dijo que Jorge Macri cumple con el requisito que exige la Constitución local de haber residido en la Ciudad “los cinco años anteriores a la fecha de elección”, porque sostuvo que la ley no exige que hayan sido los inmediatamente anteriores y que pueden haber sido otros cinco años.
El Tribunal Electoral afirmó que Jorge Macri cumplió el requisito entre 1981 y 2006. Por ende, no le dio trascendencia al hecho de que en 2019 haya ganado su último mandato como intendente de Vicente López, donde por entonces tenía fijado su domicilio.
La misma interpretación hizo hoy Mahiques, que es el jefe de los fiscales porteños y el presidente de la Asociación Internacional de Fiscales. Antes, fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri. De buen vínculo con Daniel Angelici, Mahiques fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces nacionales y federales. El año pasado, fue uno de los funcionarios imputados por haber viajado a Lago Escondido en un grupo que integraron también el entonces ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; jueces federales; un exfuncionario de inteligencia y altos directivos del grupo Clarín.
La integración del tribunal porteño
El Tribunal Superior de Justicia porteño, que ahora deberá tomar una decisión, está presidido por Inés Weinberg de Roca, que había sido propuesta por Macri para ser la procuradora general de la Nación en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, pero el Senado nunca trató su pliego. Weinberg fue designada además, hace tres años, por el presidente Alberto Fernández para integrar la comisión de expertos que lo asesoraría sobre una eventual reforma de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Integraban ese grupo variopinto, también, Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, reconocidos juristas y jueces de distintas provincias.
Los dos últimos jueces en sumarse al TSJ -los designó Horacio Rodríguez Larreta– también tienen vínculos con el macrismo: son Santiago Otamendi, que fue el número dos del Ministerio de Justicia durante la gestión de Garavano en el gobierno de Macri, y Marcela De Langhe, exdirectora del Instituto Superior de Seguridad Pública (que forma a los policías porteños), cercana a Guillermo Montenegro, hoy intendente de Mar del Plata, que fue quien puso en marcha la Policía Metropolitana como ministro de Justicia de Macri en la Ciudad. Antes de llegar al Tribunal Superior, De Langhe también hizo un vínculo en la Ciudad con Martín Ocampo, hombre de Angelici.
Los miembros del Tribunal Superior son cinco. Los más antiguos en el cargo son Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz. Lozano es cercano al jurista peronista Rafael Bielsa y Ruiz es una académica de perfil progresista.
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