El fiscal Diego Luciani denunció al diputado Máximo Kirchner, a los empresarios Nicolás Caputo, Fabián de Sousa y Jorge “Corcho” Rodríguez y a exfuncionarios del Banco Nación, entre otros, a partir de las irregularidades que surgieron del juicio oral y público del caso Vialidad, donde fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En un escrito de 171 carillas, presentado ante la Cámara Federal, el fiscal enumeró siete diferentes maniobras, supuestamente irregulares, que surgieron de las pruebas que se ventilaron en el juicio oral, y en particular de los mensajes hallados en el teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado en varias causas por enriquecimiento y corrupción.
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Muchas de esas maniobras ya forman parte de investigaciones en trámite, pero otros son hechos nuevos de los que se tuvo conocimiento a partir de la prueba que se publicitó en el juicio oral.
Luciani destacó que se deben investigar los mensajes que intercambiaron el empresario Caputo con José López, donde le reclamaba un pago por una obra. “Así vemos cómo, por ejemplo, el empresario Nicolás Caputo mantiene comunicaciones con José López (con quien, aparentemente, tenía una relación personal de amistad) y le solicitó, por fuera de los canales administrativos correspondientes el pago de distintos certificados de obra”, dice la denuncia.
Caputo integró el círculo íntimo del expresidente Mauricio Macri, quien supo definirlo como su “hermano de la vida”. Durante el juicio de Vialidad, Cristina Kirchner y sus abogados reclamaron que se investigaran sus mensajes con José López y cuestionaron a Luciani por no haber presentado una denuncia. De Sousa es el socio del empresario Cristóbal López, ambos ligados al kirchnerismo e investigados en la causa Hotesur y Los Sauces, que espera una definición en la Cámara de Casación. Corcho Rodríguez es investigado por la Justicia como presunto intermediario de las coimas que el gigante brasileño Odebrechet admitió haber pagado en la Argentina.
El fiscal agregó que “se observa que el secretario de Estado López se encargó personalmente de asegurar el éxito de la gestión solicitada” por Caputo. Luciani remarcó que “el intercambio de mensajes parece indicar la existencia de prácticas irregulares o, cuando menos, una conducta mancomunada reñida con el leal ejercicio de las funciones públicas”.
Los contenidos de estos mensajes ya son parte de una investigación judicial en trámite sobre la obra pública. Lo mismo ocurrió con el caso de Corcho Rodríguez, cuyos mensajes se investigan en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Pero el fiscal señala que, además, De Sousa acude al mismo canal para poder agilizar pagos.
Luciani se detuvo en el caso del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, cuya construcción supervisaba la presidenta Cristina Kirchner, a través de su secretario Mariano Cabral y del ahora ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro. Dijo que allí “se advierten irregularidades groseras en un proceso licitatorio”. En esos mensajes, José López le dijo a Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, sobreseído en el juicio oral, que “debían sacar urgente” la licitación en cuestión. “Tan urgente era que hasta debían sacarla ‘sin estudio de suelo’, puesto que López había hablado con la presidenta [Kirchner] –“La Pta”[dice el chat]– y le había dicho que licitaban en 15 días”.
Luciani sostuvo que en estos mensajes “siguen la connivencia, la práctica colusoria que se verifica en la licitación, la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública. En resumen, la falta absoluta de transparencia con la que se manejó la licitación, avasallando todos los principios que deben regir las contrataciones públicas”.
Los funcionarios se reunían con los empresarios y finalmente se adjudicó la obra a la empresa Esuco, de Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, procesado en la causa de los cuadernos de las coimas.
La acusación a Máximo Kirchner
Luciani dedicó un capítulo de su denuncia a Máximo Kirchner y las conversaciones del teléfono de López que “demuestran la existencia de nuevas y gravísimas irregularidades en el desarrollo de la licitación de la obra pública, que, consistía en pavimentar 100 cuadras de Río Gallegos”. La obra “se adjudicó ilegalmente”, dijo Luciani, el 22 de diciembre de 2014 a Kank y Costilla SA –empresa del Grupo Báez–. El contrato se suscribió el 12 de febrero de 2015 por $216.489.537.
Luciani recordó que no se pudo calificar la obra por los defectos que tenía el trámite, que el pliego de Kank fue descalificado y “si se caía la licitación, ya no iban a poder hacerla porque estaba trascurriendo el último año del período presidencial de Cristina Fernández”.
“Detrás del verdadero armado de la licitación, estuvo Máximo Carlos Kirchner, junto a su asesor de confianza, el diputado santacruceño José Matías Bezi. Lo llamativo –e inadmisible– es que estas personas, que se encargaron de llevar adelante esta licitación absolutamente amañada y direccionada, no revestían, en ese momento, cargo alguno que les concediera facultades vinculadas a las obras públicas viales nacionales, provinciales o municipales”, escribió Luciani.
De acuerdo con los mensajes y lo surgido en el juicio, antes de la convocatoria de la licitación, empleados de Lázaro Báez “se reunían y conversaban con Matías Bezi, Máximo Kirchner, José López, entre otros, para definir las calles que iban a ser licitadas y, para fijar el objeto de la licitación. La falta de transparencia es total, máxime cuando destacamos que la obra en la que se presentó una sola oferta fue adjudicada a la constructora Kank y Costilla, que según se acreditó pertenecía al Grupo Báez. Esto no deja lugar a dudas en cuanto a que, ya desde sus inicios, esta licitación estuvo amañada y fue ilegalmente direccionada hacia una empresa de Lázaro Báez”.
“La orden de realizar la licitación para la obra de pavimentación de las 100 cuadras de Río Gallegos, como así también el apuro por definir cuáles serían esas 100 cuadras y en adjudicar la licitación, provenían directamente de los más altos cargos del Poder Ejecutivo, de los cuales Máximo Kirchner era claro intermediario”, señaló Luciani.
Denunció asimismo, que existió un “canal de pagos privilegiado” en beneficio de las empresas de Lázaro Báez, que fue “articulado y coordinado” entre dichas empresas, funcionarios del Ministerio de Planificación y el Banco de la Nación Argentina, a través de Juan Ignacio Forlón, que fue su presidente entre noviembre de 2013 y diciembre de 2015.
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También denunció irregularidades en operaciones con las empresas Petersen, Thiele y Cruz, Esuco y Equimac. Dijo que perdieron en las licitaciones contras las empresas de Báez y que su objetivo era justamente “prestarse a la maniobra”, con una oferta perdedora para “simular una competencia”.
Apuntó también a la conducta de Gustavo José Arturo Galloni, que era titular del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, y la conducta desplegada por la ingeniera Paola Kiernan, quien fue inspectora de la Dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz.
