NUEVA YORK.- Dejar que los políticos manejen la economía nunca ha sido una buena idea: no son financieramente astutos y sus motivaciones son todas equivocadas. Sin embargo, los países en desarrollo ricos en recursos naturales siguen repitiendo el mismo error.
En América Latina, es como si esa bendición del cielo viniera con un manual de instrucciones que prohíbe usarla con fines productivos. Y el ejemplo más reciente es Chile, donde el gobierno del presidente socialista Gabriel Boric acaba de anunciar la nacionalización de la industria del litio.
Chile tiene una de las reservas de lidio más grandes del mundo, y en 2021 fue el segundo productor mundial del mineral, solo detrás de Australia. El “oro blanco”, como se conoce al litio, es un componente fundamental de la tecnología de baterías recargables.
En su discurso al país, Boric dijo que los inmensos yacimientos de litio de Chile “son la mejor oportunidad que tenemos para hacer la transición a una economía sostenible y desarrollada”, y agregó que “no podemos darnos el lujo de desperdiciarla”.
Lo que se desprende de las declaraciones de Boric es que Chile tiene una envidiable reserva de algo que el mundo necesita y que el único modo de garantizar que el país le saque un máximo provecho es estatizar esos recursos. Ambas conclusiones son cuestionables y merecen un análisis.
Alguien podría decir que las declaraciones de Boric apuntan al pico del precio del litio en los mercados, pero la mala noticia es que eso tal vez ya ocurrió: desde noviembre, los precios del litio retrocedieron un 70%, mayormente por la caída de la demanda en China. El mineral de litio sigue siendo importante para el mercado actual de baterías, pero de ninguna manera es el futuro inevitable de la tecnología de energía recargable.
Nadie sabe a dónde conducirá la búsqueda de almacenamiento de energía confiable y a bajo costo, pero la carrera para reemplazar el litio ya empezó. Un artículo publicado en noviembre en la red de compradores y proveedores industriales Thomas, titulado “7 alternativas a las baterías de litio”, señala que la demanda industrial, sumada “a los problemas que rodean la extracción y seguridad del litio están obligando a los mercados a encontrar baterías que no usen ese metal alcalino”.
Entre ellas, el informe menciona “la tecnología de las baterías de sodio” con la cual “varias empresas amenazan con borrar completamente al litio de la ecuación energética”. Y la así llamada “tecnología de estado sólido” también está ganando terreno, con la Toyota Motor Corp. a la cabeza y “encaminada a lanzar vehículos eléctricos de estado sólido para el año 2025″.
Según el informe de Thomas, si esa tecnología tiene éxito, “sacaría a la industria de las restricciones de las baterías de litio, culpables de la lenta tasa de adopción de los vehículos eléctricos”.
El informe también señala que cualquier dispositivo de almacenamiento de energía que venga a reemplazar el litio tendrá que ser al mismo tiempo viable y escalable en términos de producción. Eso todavía no existe. Pero la idea de que la humanidad se resignará a aceptar los límites que le impone la extracción de litio se contradice con la experiencia pasada.
“Los seres humanos son animales inteligentes que innovan para salir de la estrechez, real o imaginaria”, escribió en 2018 Marian Tupy, del Instituto Cato, en referencia a la alarma que se había desatado por el predominio de China en minerales denominados “tierras raras”. La crisis de seguridad nacional que por entonces profetizaba Paul Krugman, columnista de The New York Times, y tantos otros, nunca ocurrió, porque el mercado impulsó la exploración de nuevos yacimientos y sustitutos, explica Tupy en su ensayo. Pero supongamos por un momento que el litio es la bala de plata de la humanidad que Boric dice. Su segunda suposición improbable es que la propiedad del Estado es la mejor manera de capitalizarla.
En Chile hay actualmente dos empresas mineras que extraen litio: la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), y Albemarle Corp. (ALB), una empresa con sede Carolina del Norte, Estados Unidos. Boric dijo que las concesiones de esas dos empresas, que se vencen en 2030 y 2043 respectivamente, seguirán en pie, pero también dijo que espera que esas empresas empiecen a trabajar con el Estado antes de esas fechas de vencimiento, lo que fue interpretado como una presión.
Cualquier jugador nuevo que quiera incursionar en la industria del litio en Chile -así como las concesionarias actuales cuando venzan sus contratos-, solo podrá tener una minoría de capitales privados. Siempre el Estado será dueño, como mínimo, del 51% de las empresas que produzcan litio. Al día siguiente del discurso de Boric, las acciones de SQM cayeron casi un 20%, y las de ALB casi un 10%.
El gobierno chileno dice que los socios minoritarios pondrán el capital y la experiencia para explorar y explotar las reservas de litio y que el Estado chileno dará “financiamiento”. Pero según la agencia Associated Press en su infome del 22 de abril, “no queda claro si el gobierno aportará capital en proporción directa con su participación accionaria”.
¿Cuánto puede seducir a los inversores el riesgo de asociarse con un gobierno que tiene la última palabra en cuanto el manejo de la empresa y se queda con la mayor parte de las ganancias? Tal vez China muerda el anzuelo. Pero para los capitales privados todo dependerá de las otras alternativas que encuentren. Tras el anuncio de Boric, se disparó el precio de las acciones de las mineras de litio de Australia, y la vecina Argentina también tiene enormes yacimientos y otorga concesiones de explotación a empresas privadas.
Boric cree que Chile es tan especial que los inversores van a seguirle la corriente con ese plan que los aumenta el riesgo y les achica las ganancias. También se relame con la idea de una nueva empresa estatal cuyo presupuesto y puestos de trabajo subsidiados aumentarán su base de poder. Queda claro que es un “lujo” que Boric no piensa “desperdiciar”.
Mary Anastasia O’Grady
La autora escribe en “Las Américas”, una columna semanal en The Wall Street Journal sobre política, economía y negocios en América Latina
Traducción de Jaime Arrambide