El sostenido déficit en que incurrió el Gobierno, y la emisión monetaria espuria a la que echó mano recurrentemente para financiarlo, logró que quienes operan en la economía argentina (empresas, personas) se queden virtualmente sin acceso al crédito.
Lo dicen muy claramente los datos oficiales: la relación crédito/tamaño de la economía (PBI) está apenas en el 6,4%, por lejos el menor nivel de los últimos 30 años, cuando había llegado a ser del 23% en 1999 cuando el crédito hipotecario, por caso, se había hecho casi popular. “En 2022 el crédito para la vivienda representó apenas 0,2% del PBI. Nunca en los casi 80 años que hay registros de préstamos hipotecario tuvimos un número tan bajo”, observó por estos días el economista Federico González Rouco.
El porcentaje total de crédito/PBI, por caso, es del 27% en Uruguay, del 48% en Perú, del 71% en Brasil y del 109% en Chile, sólo para tener una idea de nuestro desfasaje.
A ese nivel se llegó tras una retracción del 11,7% en términos reales del stock total desembolsado al cabo de los últimos 12 meses, reconoció el propio Banco Central (BCRA) en su último Informe Monetario. “La realidad es que está en mínimos. El Estado (Tesoro y BCRA) como gran sustractor de recursos desplaza al sector privado y la falta de horizontes inhibe a la banca. Así la economía se priva de un factor capaz de dinamizar la demanda”, explica el economista y consultor Hernán del Villar, titular del Estudio Alpha.
¿Cómo se llegó a eso? Gracias a la extraordinaria perseverancia que mostró la administración Fernández para inyectar un montón de pesos a la economía aunque no hubiera demanda.
Eso no sólo inundó el mercado de plata ociosa (y dio vuelo a la inflación), sino que además obligó al Banco Central a esterilizar (retirar del mercado) buena parte de ellos, al punto de hacer crecer en 13 veces su deuda remunerada en 45 meses (pasó de $1,1 billones a $14,1 billones), convalidando tasas de interés cada vez más elevadas (pasaron del 38% al 97% nominal anual en tres años).
Y ayudó a encarecer el costo de la oferta de financiamiento hasta tornarla inaccesible para la mayor parte de las empresas (a menos que accedan a las línea de crédito subsidiadas) y de las personas, en especial, afectadas además por una caída de ingresos.
Al fenómeno que limita las posibilidades de negocio e inversión en la economía local se lo conoce como crowding out, que no es otra cosa que el efecto de desplazamiento o expulsión de las empresas del mostrador de crédito que se pasa a volcar a inversiones en papeles de la deuda pública para financiar al Estado.
“Los bancos cuentan con liquidez pero la colocan principalmente en bonos o letras emitidas por el Estado, sea el Tesoro o el Banco Central”, explica el economista Nery Persichini, director de GMA Capital, autor de un informe no casualmente titulado Los tentáculos del Estado sobre los bancos, para dar cuenta del fenómeno que asfixia la actividad privada.
“Con datos actualizados a marzo, el 36% del activo del sistema financiero se explica por Leliq y pases, y otro 17% por tenencias de títulos públicos. En términos consolidados, el stock de títulos del Estado (incluyendo BCRA) pasó de representar el 29,4% del activo total en diciembre de 2019 a 53% en marzo último. La contracara fue un menor nivel de crédito para el sector privado, que, medido como porcentaje del activo, representa hoy apenas 27%, cuando promedió el 44% entre 2016 y 2019″, explica, al dar cuenta de una tendencia descendente que empezó en enero de 2020 y nunca se detuvo.
La Fundación Libertad y Progreso (FLyP) también advirtió en un informe que, si se mide contra el pico de la última década, alcanzado por crédito al sector privado en mayo de 2018 ($17.724.286 millones a precios de hoy), la caída del financiamiento llega al 44,6%.
“Otra forma de verlo es que, si desde el máximo mencionado, el crédito al sector privado hubiese acompañado la inflación, entonces hoy sería 2,2 veces más alto de lo que es”, detallan. El trabajo destaca que la restricción afectó más a los créditos a personas y a largo plazo.
“Los préstamos personales ajustados por inflación se contrajeron 71% desde diciembre de 2019 y tocaron el menor nivel desde noviembre de 2005, mientras que el crédito con tarjetas bajó un 28,8% a su nivel más bajo en 12 años, y el stock de créditos hipotecarios se contrajo un 79,1%, estando ahora en su menor nivel desde principios de la década de 1990″, detallaron.
La caída en el financiamiento al consumo es algo que el Gobierno ahora busca limitar, de cara a las elecciones, sellando un acuerdo con los bancos públicos y de capital privado nacional para ampliar 30% los cupos de crédito permitido con tarjetas. Pero de la iniciativa no participan los bancos extranjeros, entre los que se cuentan dos de los grandes sucursaleros, y aún las entidades que lo suscribieron aclararon que esa mayor capacidad se habilitará a los clientes entre los que detecten capacidad de repago.
Por esta razón, el economista jefe de FLyP, Eugenio Marí, califica esa medida como un “nuevo parche que no contribuye a mejorar la disponibilidad de crédito de manera sostenible”.
“El crédito al sector privado es un motor fundamental para financiar proyectos de inversión que garanticen un aumento en la productividad de la economía”, recuerda Persichini.
No deja de ser paradojal un Gobierno que se presentó discursivamente como favorable a la producción y la actividad haya privado a las personas y empresas del recurso de apalancamiento que tan bien se aprovecha en otras economías.
