Cristina Kirchner recusó al fiscal que investiga su atentado, Carlos Rívolo, por una supuesta filtración de información que le adjudica a su fiscalía. Los abogados de la vicepresidenta ya habían pedido, por ahora sin éxito, correr a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti. Nunca, hasta ahora, habían cuestionado la participación del fiscal.
Mientras tanto, a instancias de Rívolo, se secuestró un segundo teléfono de Carolina Gómez Mónaco, una de las secretarias del diputado de Pro Gerardo Milman que el día antes del atentado estaban con él en el bar Casablanca cuando un asesor del kirchnerismo dijo haberlo escuchado decir: “Cuando la maten, voy estoy camino a la Costa”. Gómez Mónaco y la otra joven, Ivana Bohdziewicz, negaron que Milman les hubiera dicho eso. Los abogados de la vicepresidenta pidieron, desde la primera citación como testigos de ambas, que les secuestraran sus teléfonos. En un primer momento la jueza se negó, pero la Cámara Federal hizo lugar al pedido de Cristina Kirchner y las jóvenes aceptaron entregarle a Rívolo sus celulares, que fueron peritados.
La nueva medida se debe a que el viernes pasado Bohdziewicz, que ya no trabaja para Milman, se presentó en los tribunales de Comodoro Py y relató que Gómez Mónaco tenía otro celular que no había entregado a la Justicia. Es por eso que Rívolo pidió el secuestro de ese aparato como parte de un conjunto de medidas de prueba que justificaron que se dispusiera el secreto del sumario, que rige desde el lunes pasado.
Promovida por Milman, Gómez Mócano, exMiss Argentina, fue funcionaria de la Escuela de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad cuando la ministra era Patricia Bullrich. Milman, hoy diputado, es un dirigente muy cercano a Bullrich y era su jefe de campaña. Desde que se lo involucró con este caso, bajó mucho su perfil.
Los nuevos movimientos en la causa del atentado se dan cuando el expediente atraviesa su tramo final en instrucción. Ya empezaron los trámites para elevar el caso a juicio, en contra de lo que pretende la querella de Cristina Kirchner, que se opone a que la causa sea enviada a los tribunales orales sin más acusados que los tres procesados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Esa oposición se formalizará la semana que viene. Como parte del proceso de elevación, la querella tiene hasta el miércoles próximo para dar su opinión. Se va a oponer. Después opinarán la fiscalía y la querella, y resolverá la jueza. La decisión de elevar la causa no es apelable.
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