El kirchnerismo duro vuelve a la carga por la implementación de una “suma fija” en el salario de los trabajadores públicos y privados, que compense la remarcación de precios producto de la última corrida del dólar. Así, presiona sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, para que destine fondos nacionales al financiamiento de un bono, justo cuando se avecinan semanas claves para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y también pone en aprietos a Alberto Fernández, ya que la medida debería alumbrar a través de un decreto presidencial, algo que la Casa Rosada rechaza ahora de plano.
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La avanzada interna, que también incluye un pedido para congelar precios, tiene su punto de partida en la provincia de Buenos Aires. Desde allí, en la antesala de un proceso electoral incierto para el oficialismo a nivel nacional, advierten que la única forma de defender en las urnas el territorio bonaerense pasa por mejorar los ingresos de los sectores populares, carcomidos por la inflación. La jugada cuenta con el aval de Máximo Kirchner, el impulso del gobernador Axel Kicillof y el apoyo de sindicalistas enrolados en el operativo clamor para que Cristina Kirchner recalcule su negativa y sea candidata a presidente este año.
Según pudo saber LA NACION de fuentes kirchneristas, los primeros cálculos ubican la suma fija en torno a $60.000, de modo tal de conseguir que ningún trabajador registrado cobre menos de $140.000 mensuales. El salario mínimo se ubica este mes en $87.987 y como está tan atrasado para cubrir las canastas mínimas, el Gobierno evalúa la posibilidad de anticipar la convocatoria del Consejo del Salario. Pero aún así, en el kirchnerismo evalúan que la única herramienta para provocar un efecto concreto en el bolsillo de los trabajadores sería por medio de un bono de suma fija. El asunto está por llegar al escritorio de Massa.
En el quinto piso de Economía admitieron a este diario que el proyecto de suma fija podría “estar en los próximos días sobre la mesa” de Massa, quien no está en desacuerdo con la medida pero tiene sus reparos. Por caso, que el bono “no rompa las escalas salariales”, un cuestionamiento que históricamente hizo la CGT, incluso cuando Néstor Kirchner lo implementó en 2003, hasta que un par de años después repuso las paritarias como herramienta de discusión salarial y laboral. En el Palacio de Hacienda piensan en una compensación para los sueldos de hasta $250.000, pero tienen un acotado margen de maniobra bajo el paraguas del FMI.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Massa tiene pendiente una reunión con Máximo Kirchner, que se concretará la semana que comienza. La suma fija podría ser un tema de conversación, aunque no el principal. En la Casa Rosada, mientras tanto, no se muestran abiertos a la iniciativa, que originalmente surgió de La Cámpora y que luego tomaron sindicalistas afines al kirchnerismo. De hecho, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, desestimó la posibilidad en la conferencia del último jueves. “No hay ninguna discusión dentro del gobierno en estos momentos, en los que hay más de 100 paritarias abiertas”, dijo.
El presidente Fernández no encuentra ninguna sintonía con el camporismo y no parece dispuesto a conceder medidas que dependen de su propia lapicera. Pero también es cierto que, luego de haber desistido de competir por la reelección, la estrategia electoral del Frente de Todos no pasará por sus manos. El núcleo del kirchnerismo es el que reúne semanalmente en Ensenada para ponerle un respirador artificial al clamor por la candidatura de Cristina. En ese cónclave surgió, días atrás, la insistencia con la suma fija. En torno a esa mesa se vieron las caras Kicillof, Verónica Magario, Andrés “Cuervo” Larroque y Hugo Yasky, entre otros.
También fue de la partida Mario “Paco” Manrique, del Smata, justamente uno de los que faltó en la semana al acto de la CGT en la cancha de Defensores de Belgrano. Ya es sabido que hay gremios emblemáticos que no comulgan con la conducción de los Gordos de la central obrera -ahora enrolados con la “potable” candidatura presidencial de Massa- y que prefieren en cambio seguir fogoneando la postulación de Cristina. El comentario de la vicepresidenta sobre los trabajadores formales que están debajo de la línea de pobreza -que hizo en el Teatro Argentino de La Plata- los alentó a reflotar la demanda por la implementación de la suma fija.
“Acá el punto es que hay que aumentar los salarios”, dijo a este medio un colaborador directo del gobernador Kicillof, que escuchó y avaló las demandas en el camping de Punta Lara donde el anfitrión volvió a ser el intendente Mario Secco. Desde La Cámpora, en tanto, afirmaron que “el dato que amerita que haya suma fija es que los sueldos no le permiten a la gente llegar a fin de mes y que la inflación está por arriba de las nóminas salariales”. En Ensenada también hubo quienes propusieron avanzar con un congelamiento de precios por 120 días, aunque no para todas las empresas sino para las líderes que “inducen la inflación”.
“Los congelamientos no existen”
En ese punto, Massa amagó con una convocatoria a empresarios y sindicalistas a un acuerdo de precios y salarios por 90 días, al que no terminó de darle forma, luego de que su secretario de Comercio, Matías Tombolini, admitiera que el programa Precios Justos no dio los resultados esperados. Sin embargo, el funcionario acaba de cerrar un nuevo acuerdo con 180 empresas y está en negociación con otras 113, precisaron fuentes oficiales. Además, indicaron que el programa se extenderá a 40 productos en los súper chinos -que perdieron mercado por la remarcación constante- y los almacenes de barrio.
“Los congelamientos no existen, son una pavada”, advirtieron en Economía. No obstante, tienen allí un oído puesto en lo que piensa y reclama el kirchnerismo. La alianza entre Massa y los Kirchner sigue en pie, pese a que algunas declaraciones de madre e hijo son contraproducentes para la negociación decisiva con el FMI que encarará el tigrense a mediados de mes en Washington. El caso de la suma fija es un ejemplo de esa relación de poder: Massa la rechazó en el segundo semestre de 2022, pero ahora no la descarta. En la antesala electoral, la dificultad para contener los precios tal vez haga que la compensación llegue por el lado de los ingresos.
