Paradojas de la política: gracias al aporte del bloque de Pro, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró aprobar el dictamen de un proyecto de ley clave del Gobierno para cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de una reforma a la ley de prevención y persecución del lavado de activos para adecuarla a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evaluará a la Argentina en setiembre próximo.
Los restantes bloques de Juntos por el Cambio –la UCR, la Coalición Cívica y Evolución Radical- no avalaron el dictamen que se suscribió este mediodía en el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Firmaron un dictamen en minoría junto al interbloque Federal, el primero en plantear su rechazo. En buen romance, gracias al apoyo de un grupo de diputados de Pro el bloque oficialista estaría en condiciones de darle media sanción hoy en el recinto.
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El punto de conflicto radica en el grado de autonomía que debe tener la Unidad de Información Financiera (UIF) con esta reforma. El proyecto oficialista propone que esta unidad sea un organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, además de autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Los opositores al proyecto advirtieron que la autonomía de la UIF tal como está planteada en el proyecto no es suficiente, pues se mantendría bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Así lo expuso la diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal. Asimismo, la legisladora sostuvo que la reforma debería garantizar que la UIF sea parte activa en las denuncias de corrupción que presenta ante la Procuración.
“Debemos exigir que tenga un comportamiento frente a la corrupción, porque vimos cómo la UIF de este gobierno declinó formar parte cuando ya estaba dentro de la causa”, sostuvo Camaño, en alusión a la decisión del organismo de retirarse de la querella en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En sintonía, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, advirtió que así planteada, la UIF “se va a mantener como un brazo de los gobiernos”. “Nosotros queremos reformular este organismo para que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI”, sostuvo.
La legisladora recordó que durante años la Argentina estuvo en la lista gris del GAFI que incluye a jurisdicciones “bajo monitoreo intensificado”. “Nosotros estuvimos en la lista gris justamente por tener un organismo politizado y que no ha hecho lo que debió hacer. Esta es una política pública que nosotros la deberíamos pensar seriamente y colocarnos en materia de autonomía en las líneas internacionales. Esto nos va a llevar a elevar la calidad institucional”, sostuvo.
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Por su parte, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) coincidió en que esta reforma debería ser una oportunidad para reforzar la autonomía de la UIF. “La designación y remoción del titular de la UIF debe ser libre de toda influencia del poder político o corporativo. Este requisito forma parte de los estándares internacionales del grupo Egmont -organización conformada por 167 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo- contemplados por el GAFI”, sostuvo.
Desde Pro, el diputado Pablo Tonelli coincidió con sus pares de la oposición. Aseveró que habría que dotar a la UIF de una autonomía mayor de la que goza hoy y se mostró de acuerdo con que debía modificarse el procedimiento de designación del titular de la UIF para que éste sea “más abierto, público y transparente”. También coincidió con Camaño en que el organismo debería contar con la atribución para querellar en causas penales en denuncias iniciadas allí. “Algunos jueces hoy lo admiten y otros no justamente porque no está especificado en la ley”, indicó.
De todas maneras, el legislador valoró la predisposición del oficialismo a incorporar la mayoría de las modificaciones propuestas por la oposición. “Nos quedan pocas diferencias, queda la sustancial que es la referida a la autonomía, pero vamos a suscribir el dictamen con disidencias”, sostuvo.
Desde el oficialismo, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, se mostró ofuscado frente a los detractores del proyecto. “Nosotros no tenemos ninguna observación del GAFI respecto a la situación de la autonomía hoy en el funcionamiento de la UIF”, refutó.
“¿Por qué está la idea de que si tengo el 95% de coincidencias armo un posicionamiento político solventado en el 5% que nos falta? Es una dinámica de negociación que no es buena para la Argentina”, reprochó.
Abogados, sujetos obligados a informar
La reforma impulsada por el Gobierno tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
Además de la autonomía de la UIF, el proyecto propone ampliar la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF. En ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales; a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos; y a los abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
