En Juntos por el Cambio primó la unidad del interbloque antes que votar, en la Cámara de Diputados, una reforma a la ley para prevenir y reprimir el lavado de activos que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI). El principal espacio opositor se encaminaba hacia una fractura expuesta: un sector del bloque de Pro suscribía la iniciativa oficialista pero sus socios (la UCR, la Coalición Cívica y Evolución Radical) no. Sobre el final se impuso la decisión de la mayoría y el macrismo acató.
Pese al rechazo de Juntos por el Cambio, posición que compartió con el interbloque Federal y la izquierda, el oficialismo logró dar media sanción al proyecto: 111 votos positivos, 96 negativos y 5 abstenciones. Lo ayudaron no solo sus tradicionales aliados sino también las numerosas ausencias entre los diputados de la oposición: con un calendario cargado de elecciones provinciales, varios de ellos decidieron permanecer en sus territorios, mientras que otros están de viaje. Otro hubiese sido el final de la historia si todos los diputados opositores se sentaban en sus bancas.
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Las dinámicas parlamentarias deben entenderse a partir de estos gestos. En rigor, Juntos por el Cambio no quería que se cayera la media sanción del proyecto. Reconoce que se trata de una reforma clave, la cual adapta la ley actual de prevención y persecución del lavado de activos a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El principal espacio opositor, que se cree ganador de las próximas elecciones, no quiere desairar al FMI como tampoco al GAFI, que en setiembre próximo realizará una revisión técnica sobre el cumplimiento de la Argentina de las normas contra el lavado de dinero. El peligro de no aprobar esa revisión es que nuestro país vuelva a caer en la llamada “lista gris” del GAFI que incluye a jurisdicciones “bajo monitoreo intensificado”.
Puntos de discordia
Con el propósito de asegurar su aprobación, el oficialismo aceptó varias de las modificaciones sugeridas por los opositores. Sin embargo, no accedió a modificar un punto nodal: la cuestión de la autonomía de la Unidad de Información Financiera (UIF). Tampoco aceptó incluir de manera explícita en la ley la facultad de la UIF para querellar en denuncias sobre lavado de dinero.
El proyecto oficialista propone que esta unidad sea un organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, además de autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. Los opositores al proyecto advirtieron que la autonomía de la UIF tal como está planteada en el proyecto no es suficiente, pues se mantendría bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
“A los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y no caigamos en la lista gris”, enfatizó Mónica Frade, de la Coalición Cívica.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque Germán Martínez les reprochó a los opositores que rechacen la ley pese a la “generosidad” del Frente de Todos de aceptar casi todos los cambios sugeridos. “Llegamos a un texto superador que recoge las recomendaciones del GAFI como también las miradas de aquellos legisladores que de buena fe hicieron sus aportes. Esta ley mejora la actual legislación”, enfatizó.
Asimismo, el jefe oficialista refutó las críticas opositores sobre la capacidad de querellar de la UIF. “Hoy la UIF participa como querellante 220 causas; en una de cada 7 causas de lavado, la UIF esta querellando. Esto es posible por un decreto de Cristina Kirchner de 2008″.
