El oficialismo en la Cámara de Diputados quiere apurar el proyecto de blanqueo de capitales que impulsa el candidato y ministro de Economía Sergio Massa. Anticipó que la semana próxima despachará el correspondiente dictamen de comisión y lo llevará al recinto a mediados del mes próximo. Se trata de una iniciativa clave a los intereses del Ministerio de Economía, ya que forma parte de un acuerdo de intercambio de información fiscal que el Gobierno firmó el año pasado con los Estados Unidos.
El proyecto, que comenzó a debatirse en la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller, establece un período de 360 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley para declarar “de manera voluntaria y excepcional” la tenencia de bienes en el país y el exterior. Los bienes comprendidos en la iniciativa serán la tenencia de moneda nacional y extranjera, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y créditos.
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Sorprendida por el apuro del oficialismo -que pretendía despachar hoy mismo el dictamen-, los opositores reclamaron más tiempo para el debate y anticiparon sus reparos al proyecto. “La iniciativa alivia a los incumplidores pero nada dice de otorgar beneficios a aquellos contribuyentes que cumplieron con el pago de los impuestos. Delega esta posibilidad en el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la ley. Esa es una atribución que le corresponde al Congreso”, planteó Germana Figueroa Casas (Pro).
El diputado Juan López adelantó que Juntos por el Cambio presentaría su propio dictamen. “Tenemos que discutirlo en el interbloque, pero a priori no estamos de acuerdo con avanzar con un nuevo blanqueo cuando faltan poco más de tres meses para la asunción del nuevo gobierno”, advirtieron desde la bancada de Juntos por el Cambio.
Carlos Castagneto, titular de la AFIP, y Guillermo Michel, jefe de la Aduana, les recordaron a los opositores que este blanqueo de capitales “no es un régimen novedoso” ya que gobiernos anteriores -entre ellos el de Mauricio Macri- aplicaron instrumentos similares.
“Este tiene una particularidad -señaló Michel, mano derecha de Massa en Economía-. El acuerdo con Estados Unidos va a cambiar la matriz tributaria de nuestro país, va a generar una expansión de la base imponible para Bienes Personales y Ganancias muy importante, estimamos en no menos de 90.000 millones de dólares para el año que viene, que va a ser de cuentas de argentinos que están en el exterior”.
“Esta es una política de Estado que debería ser continuada”, sostuvo.
Detalles del proyecto
El proyecto enviado por Massa al Congreso establece una escala creciente de impuestos según el momento en que se declaren los bienes que son repatriados: 5% en los primeros 120 días de entrada en vigencia de la ley, 10% en los siguientes 120 días y 20% en los últimos 120 días.
Si los bienes en el exterior no son repatriados, pagarán un 7,5% en los primeros 120 días de vigencia de la ley, 12,5% en los siguientes y 22,5 en el último tramo de 120 días. Para determinar la valuación de los bienes en moneda extranjera se tomará como referencia el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina
Por otra parte, la iniciativa buscará crear un régimen simplificado que tendrá una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta 50.000l dólares.
Para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. De esto quedarán excluidos aquellos contribuyentes que fueron alcanzados por el Aporte Extraordinario.
Quienes ingresen al blanqueo quedarán liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: impuesto a las Ganancias, impuestos internos y al Valor Agregado, impuesto sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.
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En cuanto a las exclusiones, no podrán blanquear aquellos que desde el 1° de enero de 2010 se hayan desempeñado en la función pública, como tampoco cónyuges, convivientes, padres e hijos de ex y actuales funcionarios.
“Además, se excluyen a aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimiento tributarios en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida”, agrega.
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