El 7 de diciembre de 2022, hace exactamente seis meses, Dina Boluarte sucedió en la presidencia peruana a Pedro Castillo, tras la destitución del mandatario por el autogolpe de Estado que le salió mal y lo condujo, luego de un fallido escape chaplinesco, directo a la cárcel.
Boluarte cumple así medio año al frente de un país que no estaba para una luna de miel con su nueva presidenta. Lo que hubo en su lugar fueron masivas protestas, sobre todo en el sur del país, pero también en Lima, con bloqueos de rutas y marchas en ómnibus hacia el centro del poder, la “toma de Lima” que se produjo semanas después.
¿Y qué pasó desde entonces, con la jefa de Estado que ese 7 de diciembre juraba el cargo con la banda presidencial mientras a Castillo, bajo arresto, le hacían fotos de frente y perfil y le tomaban las huellas? Por lo pronto, Boluarte se mantuvo a flote pese al lastre que le significó tanto la ola de protestas como la represión con que salió a contenerlas la policía y el ejército, que dejó 67 muertos, la mayoría de bala, y más de 1300 heridos.
Y mientras la economía demora en arrancar para retomar el empuje que tenía antes de la pandemia, los reclamos sociales en el Perú profundo, aunque más calmados y esporádicos, y que estallaron tras la caída de Castillo hasta hacer tambalear al nuevo gobierno, siguen latentes y esperando a recomenzar cualquier día de estos.
Al mismo tiempo, en Lima, se mantiene entre las distintas fuerzas políticas una especie de impasse, que quienes siguen el día a día aseguran que puede quebrarse también de un momento a otro. De modo que, por ahora, Dina sigue en la presidencia, con la intención de terminar el mandato y entregar el gobierno a quien la suceda en 2026. Si podrá hacerlo, y en qué condiciones, es otro cantar.
“Por una vez el Congreso le está dando gobernabilidad al Ejecutivo”, escribió en El Comercio Fernando Vivas, en una columna donde destaca esta situación excepcional en un país donde ningún presidente, desde 2016, terminó su mandato, por destitución o renuncia obligada. “Las mayores amenazas a la gobernabilidad ya no vienen ni de la izquierda ni de la derecha congresal, sino de la calle y del extranjero que cuestiona abusos contra los derechos humanos”.
Ahí están los tres frentes de Boluarte: un Congreso que le está dando cierta tregua, pero hasta ahí nomás; una movilización popular amagando con otro estallido; y una severa mirada internacional a la actuación de las fuerzas de seguridad.
Y todo mientras la opinión pública le da la espalda. Porque son muchos los que no encuentran nada demasiado rescatable en la actual presidenta. Tanto ella como el Congreso cuentan con índices mínimos de aprobación ciudadana, una mirada crítica que se cierne sobre todo el arco político del país, sin dirigentes relevantes ni respetados.
“Es una presidenta totalmente impopular, solo el 15% del país la apoya. La mayoría de los peruanos, de acuerdo con diferentes sondeos, considera que es un gobierno que ha violado los derechos humanos en las protestas sociales, que es un gobierno que no representa a las mayorías, que se deberían adelantar las elecciones, y que debería renunciar lo más pronto posible”, dijo a LA NACION el politólogo peruano Carlos Meléndez, investigador de la Universidad Diego Portales de Chile y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
Pese al consenso sobre la desmedida represión de las protestas, que concuerda con informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sebastián Fernández de Soto, analista de la consultora Control Risks, dice que el gobierno no solo rechazó los cuestionamientos, sino que endureció su discurso. El comandante general de las Fuerzas Armadas, por caso, no se presentó esta semana a una citación de la Fiscalía.
Ahora se vienen nuevas protestas, dice este analista, incluyendo una nueva “toma de Lima” que pretende copar la capital con un grito del interior del país. “Las continuas postergaciones y la falta de respuestas para los familiares de las víctimas son lo que han motivado el llamado a nuevas protestas, empezando por el paro realizado en Puno el 31 de mayo”, dijo Fernández de Soto a LA NACION.
Pelea en suspenso
Todas las miradas coinciden en la precaria estabilidad de Boluarte en la clásica guerra a muerte entre los jefes de Estado y los legisladores de turno, la pelea de fondo “Presidencia vs. Congreso” que desde hace años copa las pantallas de los peruanos y suele ganar por KO el segundo.
“Si Boluarte es destituida, el Congreso tiene que también convocar a nuevas elecciones, es decir que si ella cae tendría que haber elecciones generales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces, a pesar de las protestas, de la violencia, de las violaciones a los derechos humanos, el Congreso, para defender sus propios intereses, está protegiendo y blindando a Boluarte”, dijo Meléndez.
En el frente externo, dos presidentes, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el colombiano Gustavo Petro, se dedicaron desde el día uno a cuestionar la legitimidad de Boluarte, a quien dicen que surgió de un “golpe de Estado”. En algo tienen razón: el golpe de Estado existió, solo que su autor fue Pedro Castillo, que quiso disolver el Congreso y gobernar por decreto. El proyecto fracasó y Castillo activó el Plan B, que también se frustró. Fue detenido cuando quería escapar en auto a la embajada mexicana.
No es de extrañar entonces que fuera el presidente mexicano el antagonista más resuelto de Boluarte. López Obrador mencionó más de 180 veces a Boluarte en sus conferencias de prensa matutinas. Es decir, una mención por día desde el cambio de gobierno. Esta obstinada y recurrente invocación desde el amanecer incluye la negativa del líder mexicano a traspasar la presidencia rotativa de la Alianza del Pacífico, un bloque de países que integran México, Perú, Colombia y Chile, al gobierno peruano.
Lo más importante, de todos modos, sigue puertas adentro. Casi con certeza habrá más protestas, pero el volumen es imposible anticipar. También es seguro que la economía seguirá en falta. “Si el crecimiento económico de este año va a ser aproximadamente de 2%, va a significar que recuperar la tasa de pobreza que había antes de la pandemia, que era del 20%, va a demorar casi 30 años. Si la economía creciera a una tasa de 6%, podríamos volver a los niveles prepandemia en 10 años, pero 6% hoy es una tasa muy alta”, dijo al diario Perú 21 el economista David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
¿Qué le espera a Boluarte? Según Fernández de Soto, “por ahora, se ve muy sólida en su posición gracias al apoyo conservador y la reducción de las protestas”. Pero un cambio en alguno de estos factores la pondría en una posición muy vulnerable, a ella y a su gobierno.
