En Juntos por el Cambio (JxC) se encendieron todas las alarmas. En el Congreso el oficialismo busca apurar el proyecto del ministro y candidato presidencial Sergio Massa para que la devolución del IVA en la compra de productos de la canasta básica sea un beneficio permanente a partir del primer día del año próximo. Según las estimaciones previas de los equipos económicos de la candidata presidencial Patricia Bullrich, el impacto anual de esta medida –de convertirse en ley- podría costarle al fisco hasta 4 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).
“Es un agujero fiscal tremendo para el próximo gobierno”, se alarmaron los diputados de JxC que analizaron el tema junto a los referentes económicos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. En el proyecto que envió al Congreso, Massa no hizo estimación alguna sobre el costo fiscal del beneficio. Aun así, el oficialismo ya le puso fecha al debate: mañana arrancará en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y estima llevarlo al recinto en la semana previa a las elecciones.
La tropa que responde a Massa seguirá la misma estrategia que planteó con la modificación del impuesto a las Ganancias: apurar la sanción de leyes que representen un alivio para el bolsillo de los trabajadores antes de las elecciones presidenciales y, de paso, someter a Juntos por el Cambio al dilema de apoyar la iniciativa del ministro candidato o bien rechazar una reducción de impuestos.
Cuando se discutió la reforma de Ganancias, el bloque de JxC optó por esta última alternativa con el argumento de que el Gobierno aumentaba de manera irresponsable el déficit fiscal a costa de beneficiar al segmento de asalariados con sueldos más altos. En esta oportunidad, sin embargo, la encrucijada es mayor, admiten.
“Nosotros estamos de acuerdo en reducir el IVA a los productos de la canasta básica; de hecho, JxC lo ha propuesto en varios proyectos –señalan-. El problema es que si esto no se corresponde con una reducción del gasto público se irá hacia un desfinanciamiento muy grave del Estado”.
Los diputados opositores no van a apresurar una posición sobre el proyecto de Massa. “Vamos a pedir en la comisión que la Oficina de Presupuesto del Congreso elabore un informe sobre el impacto fiscal de la medida. Con los números en la mano vamos a tomar una decisión”, indican.
El proyecto de ley en cuestión pretende extender, por ley, el programa “Compra Sin IVA” que instrumentó Massa luego de las elecciones primarias y que finalizará a fin de año. En la actualidad el reintegro ofrecido es del 21% con un límite máximo de $18.800 y apunta a un universo de 22 millones de personas.
La nueva iniciativa mantiene ese universo de beneficiarios: allí se incluyen jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos no superen el ingreso mensual equivalente a 6 veces el salario mínimo, vital y móvil. También están contemplados los beneficiarios de asignaciones universales por hijo y por embarazo, trabajadores domésticos y pequeños contribuyentes del régimen simplificado.
La iniciativa prevé un reintegro mensual que no podrá exceder el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondiente a un hogar tipo 2, compuesto por 4 miembros, vigente en cada mes. Según señaló la Fundación Mediterránea en su informe, en agosto de 2023 el monto de la canasta básica se ubicó en $130.590, por lo que el 21% de ese valor (es decir, el tope máximo de devolución) equivaldría a $27.424.
Esto significa que, con esta nueva ley, aumentará el tope de devolución a los beneficiarios. “En resumen, si este proyecto se aprueba, se prevé un costo fiscal bruto anual potencial máximo del 4,19% del PIB, en políticas de devolución del IVA”, estimaron los economistas.
