Solo un país muy extraño puede observar, indiferente, que el candidato presidencial el oficialismo use su condición de ministro de Economía para hacer campaña electoral. La extrañeza se convierte en una extravagancia cuando un destacado candidato presidencial de la oposición le pide formalmente a ese mismo ministro de Economía que viole la ley. Fuentes de los tribunales dijeron que la justicia electoral no puede hacer nada para frenar la obscena acción de Sergio Massa como candidato y ministro. El Código Electoral establece que el Gobierno debe abstenerse de hacer anuncios que puedan tener efectos electorales 15 días antes de las elecciones. La ley no prevé, en efecto, que el candidato presidencial sea ministro de Economía y que este reparta recursos públicos, porque ninguna ley puede anticipar todas las picardías de los funcionarios argentinos. Lo cierto es que el anuncio de Massa sobre el impuesto a las ganancias es tendencioso, sobre todo porque beneficia a sectores con altos ingresos mientras conserva el IVA con un porcentaje muy costoso, impuesto este que deben pagarlo todos los sectores sociales. El propio ministro señaló que la caída en la recaudación, producto de su decisión electoralista, será financiada con el impuesto País a la compra de dólares, incluidos los dólares que la industria necesita para comprar insumos importados esenciales para la producción manufacturera. Por eso, la decisión de Massa significará una mayor recesión de la economía argentina (ya fácilmente constatable en todos los informes económicos) y, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad de su candidatura presidencial. De todos modos, lo primero que debe subrayarse es la necesidad de que se realicen elecciones alejadas de cualquier sospecha. Las elecciones libres y limpias son la base del sistema democrático; aunque no es esa la única condición de la democracia, es, sí, la condición más elemental y básica del sistema político que rige entre los argentinos. El uso de los recursos estatales para hacer una campaña presidencial cubrirá con un manto de sospecha las elecciones por venir. Massa no es ni bueno ni malo; es así.
Deben observarse también otros aspectos de esa decisión. La resolución del ministro de Economía beneficiará solo a los trabajadores sindicalizados con altos ingresos. Los autónomos quedaron fuera del alcance de su decisión. Es un gran beneficio fiscal para unos pocos, aunque se trate, desde ya, de un impuesto esencialmente injusto. La necesaria reforma impositiva merece mayores dosis de amplitud y profundidad; no se puede agotar en una decisión aislada, destinada solo a conseguir rédito electoral. Analistas de opinión pública señalan que seguramente Massa buscó hurtarle votantes a Juntos por el Cambio, ya sea los que eligieron a Horacio Rodríguez Larreta el 13 de agosto pasado, y perdieron esas elecciones primarias, o los que lo hicieron por la propia Patricia Bullrich. Massa sabe que los votantes iniciales de Javier Milei no cambiarán fácilmente de opinión. También existe otra opinión generalizada entre tales analistas: la mayoría de los que tienen esos ingresos en blanco pertenecen a sectores sociales con una decisión ya tomada sobre las candidaturas, y también están en condiciones de señalar cuál fue el gobierno que provocó una inflación inmanejable y una de las devaluaciones más importantes de la historia argentina.
En síntesis, el ministro corre el riesgo de tensionar la relación con el Fondo Monetario, como bien lo señaló en LA NACION el periodista Rafael Mathus Ruíz, solo para conseguir un puñado de votos más. La decisión de Massa significa sacrificar el 0,3 del PBI, pero ya había liquidado el 0,5 con los bonos extraordinarios que concedió a los privados y también a los empleados de la administración pública. Así las cosas, Massa corre el riesgo de no cumplir una vez más con los compromisos que firmó con el Fondo Monetario. El organismo multilateral podría negarse a enviar el desembolso previsto para fines de octubre de 3200 millones de dólares. La audacia del ministro nunca prevé cómo será el mañana.
Llamó más la atención que el candidato que ganó las elecciones primarias, Javier Milei, le haya pedido formalmente al propio Massa que postergue el envío del presupuesto hasta después de las elecciones que se harán el 22 de octubre. La ley de Administración Financiera establece claramente que el Gobierno debe mandar el presupuesto del año siguiente al Congreso el 15 de septiembre, haya elecciones o no. La reacción del jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, fue especialmente dura en su contenido implícito: “Deben conocer al menos la ley”, dijo. Sucede a menudo con Milei: deja en evidencia que sus conocimientos se encogen solo a las cuestiones económicas. De hecho, cayó muy mal en la Corte Suprema de Justicia que el candidato libertario anunciara que, si llegara a la presidencia, consensuará el nombre de su ministro de Justicia con los jueces del máximo tribunal. El principio de la división de poderes convierte en herejía constitucional ese anticipo. El presidente de la Nación, sea quien fuere, debe designar sin consultar con otro poder del Estado al ministro de Justicia; solo debe tener en cuenta que se tratará de una persona que respetará la división de los poderes y que el eventual ministro será especialmente cuidadoso de su relación con la Corte como cabeza del Poder Judicial.
La persona de Milei viboreó, de manera implícita o explícita, en las declaraciones públicas de Mauricio Macri el lunes último. El expresidente fue enfático en su apoyo a la candidatura de Patricia Bullrich. Pero, ¿por qué quien fue presidente de la Nación por Juntos por el Cambio debe aclarar que su solidaridad política está con la candidata de Juntos por el Cambio? ¿Por qué no es obvio? Macri lo llamó a Milei para felicitarlo el domingo 13 de agosto. Ahora aclaró que lo hizo porque considera conveniente una buena relación entre partidos políticos con algunas ideas más o menos parecidas. Dirigentes cambiemitas le reprochaban que haya hecho ese llamado en las primeras y menos importantes de las elecciones que terminarán con la selección del próximo presidente. Luego, Milei dijo que le ofrecería a Macri un cargo si él fuera presidente, y Macri nunca rechazó el prematuro ofrecimiento.
Pero es cierto que Macri también está preocupado por la inestabilidad política que podría significar la eventual elección de un presidente como Milei, que tendría solo el 15 por ciento de la Cámara de Diputados y apenas el 10 por ciento del Senado. El expresidente hizo público, del mismo modo, que no está de acuerdo con el estilo violento y agresivo que a veces expresa el candidato libertario cuando disiente con alguien. ¿Con esos modos, se pregunta el expresidente, será posible una ayuda parlamentaria de Juntos por el Cambio a Milei si este accediera al poder? No, se responde frente al espejo. Lo que Macri nunca dice, ni en público ni en privado, es que también teme que en una eventual presidencia de Milei aparezca Sergio Massa como telonero del espectáculo libertario. Esa es una versión que recorre todas las entretelas de Juntos por el Cambio: Massa tiene, sostienen, una relación con Milei que se desarrolla fuera de la luz pública. No sería una sorpresa. El ministro de Economía no dejó rincón de la política por hurgar: desde Cristina Kirchner hasta Margarita Stolbizer, que paradójicamente denunció por corrupción a la vicepresidenta; desde el propio Macri en 2013 hasta Máximo Kirchner en tiempos más recientes; desde Alberto Fernández hasta Daniel Scioli, a quien vituperó y luego sedujo con la misma vocación. Con todos ellos, Massa tuvo tiempos de cercanías y de lejanías, pero a cada uno le sacó provecho en su momento. ¿Por qué Milei sería una excepción?
Es igualmente verdadero que Patricia Bullrich venía reclamándole a Macri una mayor claridad sobre su elección electoral, fundamentalmente después de los confusos intercambios de mensajes entre el expresidente y Milei. En Juntos por el Cambio dedujeron siempre que esa fue una treta de Milei para pescar entre los votantes de la coalición opositora. El lunes fue solo el comienzo de un período de intensa gestión de Macri para ayudar a Bullrich. Incluso se irá dos días a Córdoba para decirles a los cordobeses que deben volver a creer en la alianza del viejo Cambiemos, como se llamaba la coalición en 2015; en esa provincia, donde Macri sacó en 2015 los votos que lo hicieron presidente, Juntos por el Cambio acaba de sufrir una sangría importante de sufragios que se fueron con Milei.
Massa se hace filmar para la televisión en vivo y en directo, en medio de la Plaza de Mayo y entre dirigentes sindicales, mientras reparte dinero que no es suyo. Milei, un supuesto candidato opositor, le pide al Gobierno que viole la ley en beneficio del propio Milei. La ley de Administración Financiera existió bajo muchos gobiernos y todos cumplieron con ella; en años de elecciones, los nuevos gobiernos encontraron luego el camino para acomodar sus necesidades presupuestarias (enviaron luego al Congreso, por ejemplo, una modificación sustancial del prepuesto). Macri debió salir públicamente a despejar las suspicacias que se habían instalado en Juntos por el Cambio sobre su relación con Milei. Esa relación no existe, aseguró, y su única apuesta electoral es Patricia Bullrich. Faltan casi 40 días para las elecciones que definirán, al menos, el boceto del próximo presidente. La línea del horizonte se dibuja todavía muy lejana, diseñada con trazos aún muy imprecisos.
