Volvió la polémica a Adolfo Gonzales Chaves por un impuesto que se le cobra al campo desde el inicio de la pandemia para reforzar el sistema de salud local. Los productores de este partido del sudoeste de la provincia de Buenos Aires se quejan de que la “tasa por equipamiento y sostenimiento” para salud aún aparece como un ítem en cada factura de la tasa de red vial, a pesar de que su periodo de vigencia legal finalizó. Si bien el pago es voluntario, los productores protestan que tienen que realizar un trámite para informar que no están dispuestos a abonarlo debido a que sigue incluido en la factura.
Para la Asociación de Productores de Adolfo Gonzales Chaves, afiliada a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el intendente local, Marcelo Santillán, del Frente de Todos, “no respeta el principio de división de poderes porque en ambos casos, tanto al decidir su cobro como de convertirla en opcional, carece del aval del Concejo Deliberante”. Remarcaron que “los fondos recaudados no produjeron ningún cambio en las prestaciones”.
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“Por decreto el Ejecutivo [local] transformó en voluntario algo que no debiera existir, arrogándose las facultades de poner y sacar tasas que funcionan como impuestos en forma autoritaria y con la votación negativa del Concejo Deliberante, llevándose por delante toda la legislación y normas de funcionamiento del Estado y división de poderes”, dijo Matías de Velazco, presidente de la entidad.
Todo comenzó en medio de la pandemia de coronavirus. Tal como había contado este medio en 2021, Santillán propuso al Concejo Deliberante agregar un cargo adicional de $10 por hectárea en cada factura de la tasa de red vial. La iniciativa fue aprobada en mayo de ese año e iba a estar vigente entre junio y diciembre.
No obstante, en enero de 2022 el intendente le pidió al Concejo Deliberante una prórroga por cuatro meses más. A cambio, el funcionario se comprometió a mejorar la infraestructura del hospital para poder instalar un tomógrafo adquirido con los $28 millones recaudados gracias a la nueva tasa.
“El 12 de mayo de 2022 hubo una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, el jefe comunal pidió que se prorrogue hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el Concejo Deliberante no se la otorgó. A pesar de que se la rechazaron, el intendente la siguió cobrando por decreto hasta el 31 de diciembre”, explicó De Velazco.
En una ordenanza fiscal, Santillán decretó que, “al no haber aprobado el Concejo Deliberante la prórroga de la fecha de aplicación de la tasa, el departamento ejecutivo busca la alternativa para evitar el cierre de la terapia intensiva, el recorte de las guardias médicas activas o cualquier otro recorte en las prestaciones de salud”. Así, prorrogó la aplicación de la tasa solidaria por equipamiento del sistema distrital de salud “hasta el final del ejercicio [31 de diciembre], haciendo uso de sus facultades que le son propias”.
“Luego de conversaciones sin resultado, en diciembre presentamos un recurso administrativo para seguir los pasos lógicos previo a la acción legal. No tuvimos respuestas y para enero, mediante otro decreto, el intendente le quitó la obligatoriedad del pago haciéndolo voluntario. Además de que no lo difundió, si no lo querés pagar hay que presentar una carta diciendo que ejercés tu potestad de no pagarlo”, explicó De Velazco.
En marzo pasado, representantes de la entidad rural, junto con los abogados que la representan, manifestaron su desacuerdo en una reunión que mantuvieron con Santillán y el asesor legal de la Municipalidad. Según detalló el dirigente, los funcionarios “se comprometieron a realizar una consulta a la Asesoría General de Gobierno”. Sin embargo, no han tenido respuestas.
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“Desde la rural estamos pidiendo tanto la devolución de lo cobrado en forma irregular como que no figure una deuda para quienes no han pagado dicha tasa en el periodo abril a diciembre 2022. También lo que perseguimos es que el Ejecutivo se ajuste a la ley orgánica municipal y no actúe como un tirano que desconoce que no puede crear una tasa, impuesto, sin la autorización del Concejo Deliberante”, indicó.
Frente a la falta de respuestas, los ruralistas dieron por finalizada la etapa administrativa del reclamo y ahora van a empezar con un reclamo legal. El productor explicó que avanzarán judicialmente asesorados por el Estudio Borioni. LA NACION buscó tener una respuesta del intendente Santillán, pero hasta el momento no contestó.
