Una casa propia adquirida en los 90, un auto gama media del 2011 y una caja de ahorros en dólares prácticamente vacía. Ese podría ser el panorama patrimonial de un miembro de la clase media empobrecida, pero es el de Sergio Massa, según su última declaración jurada. Como algunos otros funcionarios públicos (debido a que una porción no cumplió con el requisito determinado por ley), presentó este año el documento que acredita sus bienes hasta el año pasado. Las curiosidades abundan en su caso y en otros.
Según la declaración, Massa tenía ahorros por sólo $461.952 a fines del año pasado. El ministro de Economía asegura, además, que tiene una única cuenta corriente en pesos con $495,4. En dólares, una con US$0,33, sin modificaciones en 2022. Ni inversiones, ni bonos, ni plazos fijos. Solo moneda nacional, en constante devaluación.
Datos como este pueden retratar las falencias de una herramienta que fue diseñada para aportar transparencia a la evolución financiera de quienes ocupan espacios de poder en el Estado. Los $451.457 en posesión de Massa no alcanzan ni para un mes de los gastos que él mismo reportó, en promedio, el año pasado.
Otro aspecto llamativo de las declaraciones de funcionarios es el que expresa el documento oficial de Horacio Rodríguez Larreta, que reporta un departamento de 200m2 en CABA que compró en 2010 con ingresos propios, por $2.426.580. El jefe de gobierno porteño asegura que el año pasado valía $2.547.047, un incremento en pesos del 5% en 12 años. Aun manteniendo el valor en dólares, cercano a los US$606.645 al informal de ese entonces -lo que es posible debido al derrumbe de los precios en el mercado inmobiliario-, esa propiedad debería cotizar cerca de los $333.650.000, 130 veces más de lo declarado en moneda nacional. En los términos de esa declaración el valor actual equivale a US$4630.
No hay un criterio uniforme para la determinación de la valuación fiscal de las propiedades, que es justamente sobre la que se paga el impuesto a los bienes personales. Esta es determinada por los equipos técnicos de AGIP, en la ciudad de Buenos Aires, de ARBA, en la provincia y por las direcciones de rentas en cada distrito. Puede que un inmueble casi idéntico valga cuatro veces más que otro en el edificio de al lado. Ese número está protegido por secreto fiscal.
Los especialistas remarcan que las declaraciones juradas patrimoniales tienen, entre sus finalidades, la de detectar si los ingresos de los funcionarios se corresponden con sus gastos y nivel de vida. Larreta gana cerca de $850.000 como jefe de Gobierno y, en una entrevista televisiva en el programa PPT, aseguró que representa el 40% de su flujo mensual. El otro 60% proviene de una empresa familiar, Los Arcángeles, de los que percibiría alrededor de $1.275.000. Vive en un departamento alquilado en Palermo cuyo valor mensual -dijo en esa misma nota- ronda los US$3500, algo más de $1.900.000 a la cotización blue.
A veces, quienes cumplen con la obligación de presentarlo evidencian un compromiso dispar en la profundidad de los datos en el reporte. Otros, la realizaron con mayor nivel de detalle. Martín Lousteau, precandidato a jefe de gobierno porteño de Juntos por el Cambio, es uno de ellos. Declaró haber percibido, en promedio, cerca de $741.000 por mes el año pasado, entre rentas y su salario como senador. El economista tiene una larga lista de inversiones entre las que figuran obligaciones negociables (deuda) de YPF, acciones de bancos y bonos públicos por casi $9 millones. Además, tiene US$755.873,23 en una cuenta en Estados Unidos, el 50% de una casa en CABA, dos departamentos, una cochera y un terreno de 1200m2 en Entre Ríos.
Tal vez uno de los casos más paradigmáticos de las declaraciones juradas de funcionarios es el contraste entre la de Cristina Kirchner y su hijo Máximo, por la donación que ella les hizo a él y a Florencia en 2017 en medio de los procesos en su contra. La vicepresidente asegura poseer $48.608.385,68 entre cajas de ahorro y plazos fijos, todos en moneda nacional, mientras su hijo, diputado y candidato a diputado nacional por Buenos Aires, tiene la mitad de 10 departamentos en Rio Gallegos de entre 42m2 y 52m2, seis terrenos, seis casas, tres locales, un departamento en El Calafate, y uno en la Ciudad de Buenos Aires. También US$3 millones en la Argentina, en efectivo, y acciones en Hotesur, Los Sauces y Coma, las empresas sobre las que versan causas por corrupción en la Justicia.
Javier Milei, candidato a presidente y diputado por La Libertad Avanza, no presentó todavía su declaración jurada. Es una excepción.
En septiembre deberían estar publicadas las declaraciones juradas de los candidatos a cargos electivos, una vez que sean “proclamados” luego de las PASO, como marca la ley. Patricia Bullrich recién entonces estará obligada, ya que no tiene hoy un cargo público.
Sin embargo, varios aspirantes electivos están obligados actualmente por ser funcionarios públicos y no la han presentado. Es el caso de Agustín Rossi, quien se postula a vice de Massa y que, como jefe de Gabinete, debería mostrar su patrimonio. Tuvo tiempo hasta hoy para hacerlo (incluso con una prórroga, siendo que el plazo original era hasta el 30 de mayo). Tampoco Jorge Macri, como ministro de Gobierno porteño, y aunque no es candidato está en mora el presidente Alberto Fernández.
