Según una de las acepciones del Diccionario de la Real Academia (RAE), una persona incontinente es alguien que no se contiene. Esa patología se le podría diagnosticar a la gran mayoría de los funcionarios de los cuatro gobiernos kirchneristas, que no pueden parar de sumar empleados a la planta permanente del Estado. Para ellos no hay cepo ni prohibición o restricción que los controle.
Esta vez es el mismísimo Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato que ajusta a gran parte de los argentinos, tiene autorización para que pasen a planta permanente 799 personas que hasta ahora contaban con algún tipo de contrato más precario.
En los últimos meses, decenas de resoluciones autorizaron llamados a concurso para cubrir cientos de cargos en ministerios y organismos estatales. Eso sí, los que no trabajan en el Estado se encuentran impedidos de participar. Todo es cerrado al punto que nadie que se haya capacitado en los últimos 5 años y que no haya tenido cargos públicos puede participar.
“En el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo Público que surge de las Decisiones Administrativas 449 y 1086, del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, iníciese el proceso para la cobertura de 799 cargos vacantes y financiados de la planta permanente del Ministerio de Economía”, dice la Resolución 355/2023 que se publicó en el Boletín Oficial.
El proceso de “regularización”, como lo llaman en la Jefatura de Gabinete, no es más que una negociación que empezó en 2008 mediante un convenio colectivo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cuando el 5 de septiembre de 2008, la entonces presidenta, Cristina Kirchner; el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologaron el convenio colectivo mediante el que se reguló el empleo público. Luego, con las paritarias de 2020 y 2022, el Estado asumió el compromiso de los concursos.
La contratación en masa de Massa tiene varios ribetes. Como se dice en los considerandos, la medida no aumenta “la dotación de empleadas y empleados públicos ni tampoco incrementa los costos para la Administración Pública Nacional”. El detalle no es menor ya que dentro de esta sentencia se esconde la verdadera trampa de la contratación. Sucede que lo se intenta es pasar contratados a planta permanente, es decir, premiar a los que ya ingresaron al Estado sin examen u oposición. Es decir, los referidos de la política, que jamás presentaron antecedentes para cubrir vacantes, pasarán ahora de un esquema relativamente precario a la estabilidad laboral más pétrea que tiene el sistema laboral argentino.
Las consecuencias del pase a planta permanente no parecen ser solo presupuestarias sino que también son operativas. De hecho, le quita margen de acción al próximo Gobierno. Sucede que los empleados que mayoritariamente acceden a contratos públicos provienen de los vecindarios cercanos a los intereses políticos de los funcionarios. “El carguito”, un aspiracional de gran parte de la militancia, no necesita antecedentes académicos o profesionales sino más bien cercanía con el poder de turno. La forma en que se concede ese ingreso al club del empleo público es mediante contratos.
Esos contratos, con el tiempo, empiezan a rodar en un carretel eterno de vencimientos y renovaciones. Sin embargo, cualquiera podría interrumpir ese andar constante y empezar a ordenar el plantel técnico o, por caso, hacerlos competir por antecedentes con postulantes externos. Sin embargo, “el pase a planta”, otro aspiracional que le sigue “al carguito”, impide esa posibilidad. “Que resulta importante optimizar en cada Jurisdicción la propia fuerza de trabajo y la inversión realizada en capacitación de personal logrando así la participación de las plantas de personal que participen del llamado a concurso desde esta primera instancia”, dice la resolución que se publicó hoy.
La contratación en masa de Massa
Pero la contratación en masa de Massa no es todo. El mismo día, la jefatura de Gabinete autorizó para que se sumen 30 empleados más a la planta permanente de la Procuración del Tesoro de la Nación. Mismas condiciones; mismos requisitos. Unos días antes, se autorizaron 5 más para el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. La lista podría seguir. El 24 de agosto hubo 16 cargos autorizados para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, y 200 para el Ministerio de Seguridad.
El 10 de agosto se abrió el concurso para 164 cargos en el Ministerio de Interior, que se sumaron a un número similar que fueron habilitados el 26 de julio, el mismo día en que se hizo lo propio con 102 para el Instituto Nacional de Vitivinicultura. A mediados de ese mes hubo 198 para la Jefatura de Gabinete, 19 para el Ministerio de Trabajo y 17 para el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, solo por nombrar algunos.
Un mes antes se abrió el concurso para pasar a planta permanente 80 empleados de la Superintendencia de Seguros de la Nación, un lugar donde el presidente Alberto Fernández tiene especial interés porque ayudó a varios de sus amigos de los años 90, cuando manejaba ese organismo en épocas de Carlos Menem. En junio, también, la Jefatura de Gabinete se aseguró unos 205 cargos para que sus contratados dejen de serlo y adquieran la estabilidad absoluta del empleo.
En julio de 2022, cuando Massa asumió en medio de la algarabía de su gente del Frente renovador, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que elabora el Ministerio de Trabajo, los dependientes pasaron de 3.375.757 a los 3.429.784 que se registraron en mayo pasado, el último informe que se publicó. Pese a que efectivamente hay ajuste en varios rubros, los jubilados como el caso más extremo, desde que el ahora candidato llegó al Palacio de Hacienda ingresaron 54.027 personas a alguna de las administraciones públicas, algo así como 145 ingresos por día.
Según consta en todas las resoluciones, el pase a planta permanente ha quedado establecido como condición en los acuerdos de paritarias firmados con los gremios en las negociaciones publicadas el 29 de mayo de 2020 y el 1º de junio de 2022. En esas normas colectivas, el Estado se comprometió a abrir concursos antes del 31 de diciembre de 2023 entre los propios empleados públicos. Además se pactó una flexibilización de requerimientos para acceder a los cargos ya que gran parte del plantel no cumple con los mínimos requisitos que se requieren para acceder a un puesto de trabajo.
En el ocaso de la gestión, el gobierno de Alberto Fernández apuró el paso para sumar a la planta permanente. Se sedimentará otra capa de empleados públicos y se dará un nuevo paso en la falta de profesionalización. Se trata de concursos cerrados en los que solo se abrió la puerta para llegar a la cotizada silla estatal con la llave de la política. Una vez más, militancia mata mérito.
