El reajuste que recibirán las jubilaciones y pensiones gestionadas por la Anses sería de entre 20 y 21%, según estimaron diferentes fuentes consultadas por LA NACION. Está previsto que el índice oficial se conozca el miércoles de la semana próxima (10 de mayo), porque ese día el Indec difundirá el dato de la variación salarial de marzo, el único dato que falta que se conozca, entre los que son parte de la fórmula de movilidad.
Si se confirma que el porcentaje de la suba dentro de las proyecciones mencionadas, el haber mínimo pasaría de los actuales $58.665,43 a una cifra de entre $70.300 y $71.000. Y la jubilación máxima del sistema general pasaría de $394.762,81 a un monto aproximado de entre $473.700 y $477.700 (en todos los casos, son valores en bruto).
La del mes próximo será la segunda recomposición del actual 2023. En marzo se aplicó una suba de 17,04%, que quedó casi cinco puntos porcentuales por debajo de la inflación del primer trimestre, que trepó a 21,7%. La ley prevé el otorgamiento de cuatro reajustes cada año para los ingresos previsionales. Los dos correspondientes al segundo semestre serán en septiembre y diciembre.
La fórmula de movilidad vigente desde 2021 considera el 50% de la variación interanual, en un trimestre, de la recaudación de los impuestos que tienen por destino a la Anses, medida por beneficio, y el 50% de la evolución trimestral de los salarios, según uno de dos datos oficiales: la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el ya mencionado índice de salarios del Indec, que se construye no solo con los salarios de los trabajadores formales, sino también con los ingresos de los no registrados.
Qué reajustes recibirán en junio tres grupos de jubilados de la Anses
En el trimestre de referencia para calcular la movilidad de junio (enero-marzo), el Ripte avanzó un 23,5%, mientras que la variable elaborada por el instituto de estadística se incrementó en un 10,98% en el bimestre de enero y febrero (falta el dato de marzo). Dadas esas variaciones, lo más probable es que se utilice en esta oportunidad el Ripte, ya que de los dos indicadores se debe tomar aquel al que le haya ido mejor.
“Considerando el Ripte, seguro va a dar arriba de 20%”, estimó Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social y docente en la Universidad de General Sarmiento. Precisó que, según sus cálculos se llegaría a un 20.86%. Y evaluó: “Con esta dinámica inflacionaria y con salarios que se están indexando casi todos los meses, la movilidad está yendo por detrás de los precios y también de los sueldos”.
En el segundo semestre del año, de hecho, el alza de los precios se ubicaría también por arriba del 20%, al igual que en el primer cuarto del año. Según el relevamiento de precios minoristas de C&T Asesores Económicos, en abril la inflación trepó a 7,6%, con una variación interanual de 112,4%. Para todo el segundo trimestre, la estimación es que el índice de precios avance un 24%, según dijo a LA NACION la economista María Castiglione, directora de la consulta.
“Muy probablemente la movilidad quede nuevamente por debajo de la inflación, con lo que se profundizaría la caída del valor real de los haberes” que se viene dando en los últimos años, evaluó el economista, también especializado en materia previsional, Rafael Rofman, quien estimó la suba nominal para junio en alrededor de 21%.
Según la cuenta hecha por economistas del Ieral de Fundación Mediterránea, el incremento del próximo mes sería de 21,04%. Al igual que en los casos anteriores, se utilizó en el cálculo la variación del Ripte. El índice salarial de marzo del Indec debería dar un valor muy elevado para ser el elegido (debería mostrar, concretamente, un alza mensual de al menos 11,5%, contra el 9,8% que registró la remuneración promedio de la economía formal).
Jubilaciones: qué cambiará en el cobro de los haberes mensuales si avanza un proyecto de ley
En el Ieral indican que el si índice de salarios que se conocerá la semana próxima diera menos o algo más que el Ripte, “la fórmula seguiría arrojando un 21% en junio”. Si, en cambio, la variación de los salarios formales e informales “fuera, por ejemplo, de 15% en marzo, la movilidad sería de 23,1%”.
Qué pasaría con los bonos
Hasta este mes de mayo, la jubilación mínima es de $58.665,43 en términos brutos y de $56.905,47 tras el descuento para financiar al PAMI. Y a eso se le suma, para estos casos, un refuerzo de $15.000. Así, el ingreso en mano es de $71.905,47. Ese adicional está vigente, según la normativa, hasta el mes actual. Sin embargo, si no se volviera a otorgar un monto extra, la diferencia entre el ingreso de junio y el actual sería muy baja, por lo que se estima que se continuará con esa política.
El porcentaje de aumento de junio, de hecho, será aplicado sobre el haber mensual sin considerar el bono, que se paga a causa de que la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2020 está dando resultados que provocan una pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales.
La compensación frente a esa realidad es solo parcial, tanto por el monto otorgado a quienes cobran algo más que la mínima, como por el hecho de que no se previó ningún extra para quienes perciben haberes superiores a determinados importes.
Los refuerzos se están abonando de manera continua desde septiembre del año pasado. Así, al establecerse esas compensaciones para una parte de los jubilados, se va consolidando una política de incrementos diferenciados según el nivel de ingresos, al tiempo que no se mantiene el poder de compra de los ingresos de la totalidad de los jubilados y pensionados.
El índice de movilidad previsto por la ley 27.609 se aplica para la actualización de los haberes del sistema previsional contributivo de la Anses y también de las prestaciones no contributivas, como la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo. Además, aumentan en función del resultado de la fórmula los importes de la Asignación Universal por Hijo y de los pagos por familiares a cargo que recibe un grupo de asalariados formales y monotributistas.
También se modifican los valores de los aportes previsionales de los autónomos, y de las remuneraciones mínima y máxima para calcular los aportes a la seguridad social, en el caso de los asalariados.
La fórmula actual rige desde 2021. En 2020 no se aplicó, por decisión del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ningún mecanismo de reajustes automáticos, sino que se dieron subas discrecionales y por decreto, que se ubicaron por debajo de la inflación del año, y también por debajo de los incrementos que hubieran correspondido en caso de no haberse suspendido la movilidad anterior, aprobada en 2017. Fue, en los hechos, un ajuste a las jubilaciones que, en algunos casos de quienes se sintieron más afectados, se discute hoy en la Justicia.
