QUITO.– Semana crucial para el futuro político de Ecuador. Guillermo Lasso, que no ha cumplido todavía la mitad de su mandato, se enfrenta desde mañana en el Parlamento al juicio político con el que la robustecida alianza opositora pretende destituirlo. El mandatario conservador sabe que está con la soga al cuello, con el nudo aún más estrecho tras la reelección el domingo pasado del independiente Virgilio Saquicela al frente de la Asamblea Nacional.
Apoyado por el bloque opositor, con los 47 diputados de la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa como principales apoyos, Saquicela obtuvo 96 votos, más de lo esperado. Una cifra que congeló la sonrisa del oficialismo, que había logrado tras varias semanas de negociaciones intensas reducir la fortaleza de sus rivales políticos hasta los 88 apoyos obtenidos en el último pleno para dar vía libre al juicio político. Para que Lasso sea destituido esta semana se necesitan 92 diputados, las dos terceras partes de los 137 que componen el Parlamento nacional.
Los gritos de “¡Fuera, Lasso, fuera!” acompañaron las primeras palabras de Saquicela, reelegido por los mismos que quieren echar a Lasso: los correístas; los 12 diputados del Partido Social Cristiano (PSC), populistas de derechas que fueran aliados electorales del primer mandatario; los radicales del partido indígena Pachakutik (PK) y los rebeldes de Izquierda Democrática (ID).
Con la excepción de la Unión por la Esperanza (Unes), el resto de componentes de la alianza opositora sufren guerras intestinas, comenzando por el PSC, que perdió a cuatro diputados en las últimas semanas. Los dos principales partidos del bloque se repartieron las vicepresidencias de la Asamblea, que recaen en la correísta Marcela Holguín y en Esteban Torres, coordinador de la bancada socialcristiana y el segundo interpelante durante el juicio político que comienza hoy.
En el PK las diferencias entre el sector radical liderado por el comunista indoamericano Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y el coordinador Marlon Santi se acrecentaron durante las recientes votaciones internas, salpicadas de violencia y denuncias, cuya resolución es incierta.
También las aguas en ID, que cuenta con tres parlamentarios expulsados de sus filas, bajan revueltas. El gobierno busca entre los independientes y en estos grupos apoyos de última hora.
“Lucharemos hasta el final por la democracia, la institucionalidad y la libertad”, prometió Juan Fernando Flores, jefe de la oficialista Bancada Ecuador, que este fin de semana perdió todas las votaciones, una tras otra. El importante Consejo de Administración Legislativa estará conformado por siete opositores, sin un solo representante del oficialismo ni de sus escasos aliados en ID y PK.
En una maniobra de última hora, el gobierno presentó ante la Corte Constitucional un pedido para que revise el proceso de juicio político ante las “irregularidades e ilegalidades” cometidas. Desde el presidencial Palacio de Carondelet se insiste en que no hay pruebas que inculpen a Lasso, que está acusado de peculado por unos contratos firmados antes de llegar al poder.
En un intento de que no cundiera el desánimo entre las filas gubernamentales, Henry Cucalón, ministro de Gobierno y pieza clave en las negociaciones tras bastidores, señaló hoy en una radio local que los 96 que apoyaron a Saquicela no tienen porqué hacerlo también contra Lasso. “El único objetivo para el que le han puesto ahí [a Saquicela] es para sembrar una agenda de destrucción, ingobernabilidad y anarquía. Lo que está en juego es la precaria institucionalidad que tiene Ecuador”, recalcó Cucalón, que procede de las filas socialcristianas y que fue fichado por Lasso tras el fracaso gubernamental en el referéndum de febrero.
“Estamos ante un panorama político complejo en el que finalmente se han unido diferentes sectores que tienen un claro objetivo: tomar el poder. En este objetivo, Lasso es un obstáculo para lograrlo, por lo tanto, cualquier medio es bueno para lograr el fin”, resume para LA NACION Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Asuntos Internacionales. La santísima trinidad de la oposición está liderada por Correa, prófugo tras ser condenado a ocho años de cárcel; el líder socialcristiano Jaime Nebot y el propio Iza.
De ser destituido, Lasso sería reemplazado por su vicepresidente, Alfredo Borrero, de bajo perfil político pero con menos enemigos en el Parlamento.
La otra carta que guarda Lasso es la herramienta constitucional llamada “muerte cruzada”, por la que disolvería la Asamblea Nacional y se convocarían elecciones presidenciales y legislativas a seis meses vista. Esta estrategia, que permitiría a Lasso gobernar a través de decretos pero que le impide volver a presentarse, debe ser ratificada por la Corte Constitucional, la misma que dio vía libre al juicio político.
Tras unos meses de tregua apenas llegó al poder, cimentados en el éxito de la vacunación contra el covid, el gobierno de Lasso entró en una deriva causada, sobre todo, por la ola de violencia desatada por el narcotráfico en las zonas costeñas del país. El gobierno ha puesto en marcha en los últimos meses una política de mano dura contra la violencia, bien recibida por la ciudadanía pero que hasta ahora no redujo sus índices de impopularidad en las encuestas. Ni el presidente ni la Asamblea alcanzan el 20% del apoyo nacional.
“Ya falta poco, volverán los días de gloria, volverán”, celebró Correa desde el exilio, que además aplaudió a través de sus redes sociales la toma de posesión del alcalde de Quito y de la prefecta de Pichincha, dos fichas políticas muy cercanas. El nuevo alcalde capitalino, Pabel Muñoz, anunció con bombos y platillos que reinstalará la estatua de Néstor Kirchner frente a la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), aunque se trata de una decisión que depende del gobierno. En su toma de posesión también participó el exvicepresidente Jorge Glas, que ha permanecido cinco años en prisión por corrupción.
