La historia que sigue es una crónica perfecta de lo que sucede cuando el dinero de la corrupción irrumpe en los negocios. Impune y definitivo. Todo empezó allá por 2013, cuando la empresa San-Up, líder en el mercado de nebulizadores y pequeño instrumental para el cuidado personal y de la salud, se vendió por US$34 millones a un “grupo empresario”. Aquella operación llamó la atención, ya que, en ese tiempo, una empresa líder, interesada y con una auditoría de compra, la había tasado en un valor cercano a los US$10 millones. Pero aquel comprador de billetera feroz no anduvo con vueltas y se quedó con la compañía, aún por un precio fuera de mercado.
A principios de 2019, en medio de las revelaciones de la causa Cuadernos, LA NACION publicó que el comprador era un grupo liderado por el exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, que actuó bajo una red de empresarios que, posteriormente, fueron procesados en la causa de corrupción por ser considerados prestanombres o partícipes de las maniobras delictivas. Pasó el tiempo y la justicia comercial acaba de decretar la quiebra de la compañía San-Up. En 10 años, compra de por medio, la empresa pasó de valer US$10 millones -aunque la compraron a US$34 millones- a tener apenas un par de activos menores, sin stock de productos ni inmuebles. Vaciamiento e impunidad.
La trama de la compra fue narrada con los detalles que solo un protagonista puede contar. Víctor Manzanares, el histórico contador del matrimonio Kirchner, fue quien corrió el velo del caso. En su declaración como arrepentido en la causa Cuadernos repasó cómo había sido la transacción y reconoció que fue él quién se encargó de la compra de San-Up por pedido de Daniel Muñoz. Todo se realizó a nombre de Carlos Temístocles Cortez, uno de los procesados y alguna vez detenido en la causa de corrupción.
A su vez, según probó la Justicia, en 2010, esa asociación entre Muñoz y Cortez incluyó los socios de este, Rubén y Leonardo Llaneza, dueños de una cadena de farmacias en la Patagonia. Ese negocio empezó a girar dinero en el exterior y sólo para iniciarlo depositaron US$3 millones en una cuenta de Suiza que, finalmente, terminó con una maniobra desde la que se efectuó la compra por US$70 millones en propiedades de lujo en Estados Unidos. En 2019, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli detectaron y embargaron US$4,5 en los bancos Julius Baer de Zurich y en el Banque Pictet de Ginebra. Ese dinero estaría a nombre de Cortez, un tercero que había hecho de vehículo para el verdadero dueño, Daniel Muñoz, hoy sucedido por su viuda, Carolina Pochetti, también procesada en Cuadernos.
Esa trama de corrupción y dinero tomó como rehén a San-Up, la firma quebrada cuyo presidente era hasta el último momento de vida societaria Rubén Llaneza, secundado por el vicepresidente y gestor de la firma, Juan Cruz Camean Ariza.
Compra, sospechas y cárcel
En 2013, San-Up era una empresa líder en la fabricación de productos como nebulizadores, almohadillas eléctricas y vaporizadores, entre otros, y vendía a las principales cadenas de farmacias del país. La empresa fue fundada por Jorge Shemi y fue en enero de 2013 cuando se informó el cambio de autoridades. Los anteriores propietarios renunciaron (Alberto e Iván Shemi y Horacio Gruszka) y sólo Shemi se mantuvo con un cargo en la empresa.
Finalmente, el empresario se retiró y, en parte de pago por la compra, los nuevos dueños le entregaron el inmueble en el partido bonaerense de San Martín, donde hasta el cierre funcionó San-Up. Desde entonces, la firma era inquilina del anterior dueño a cambio de un contrato mensual de alrededor de US$20.000, acuerdo que lo convirtió en un acreedor de la quiebra.
En agosto de 2013, Cortez asumió la presidencia de la compañía y colocó a dos de sus hombres de confianza: Camean Ariza y Rubén Llaneza. En junio de 2018 hubo un enroque. Cortez pasó a ser director y Llaneza, presidente.
En octubre de 2018, Cortez, un santacruceño conocido de Muñoz, fue apresado cuando regresaba de Miami. Según una investigación que publicó LA NACION en septiembre de 2018 usó las firmas offshore panameñas Zulmen International Inc. y Yusel Enterprises Inc. para operar una parte del dinero negro que terminó en el emporio inmobiliario de Muñoz y de sus herederos en Estados Unidos.
De a poco empezó a quedar al descubierto la relación entre Cortez, Llaneza y el matrimonio de Muñoz con Carolina Pochetti, detenida, arrepentida y liberada en la causa Cuadernos. Según consta en un documento de los Panama Papers, Zulmen International Inc. hizo al menos una transferencia por US$3500 entre BSI SA, una entidad financiera de Lugano (Suiza), y el Citibank de Nueva York, donde tenía cuenta el estudio panameño Mossack Fonseca. En el comprobante de la operación figura el apellido “Cortez”. En el correo electrónico que se cursó con los documentos se indicó que esa transferencia es importante para “iniciar la incorporación de una sociedad”, aunque no brindó más detalles. Posteriormente, el 22 de julio de 2013 se confeccionó una factura por US$3552,50 y en el concepto se colocó una leyenda: “Nuestros honorarios por la constitución de una sociedad de Nueva Zelanda”.
Cortez ya había registrado otras offshore: inscribió Neptune Commercial Enterprises en Seychelles y figuró como accionista de Abaco Holding Group SA (Panamá), junto a Rubén Llaneza, dueño junto a su hermano Daniel de farmacias en toda la Patagonia y socio y presidente de San-Up.
Casualidad o no, aquel dueño de San-Up coincidió en un viaje con Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, ya que compartió un vuelo corto a Uruguay. Según registros de Migraciones que pudo analizar LA NACION, tomaron un vuelo de Air France el 20 de diciembre de 2016, cerca de las 21, y volvieron al día siguiente, a las 15.45.
Ese entramado de sociedades, millones y dinero fresco se posó en medio de la compañía que la semana pasada quebró, pero que tuvo un momento de gloria con la gestión de los santacruceños adinerados. Finalmente, después de que LA NACION hizo pública la maniobra, las consecuencias de las causas penales empezaron a complicar a la empresa.
La gestión y el salvataje fallido
En el segundo semestre de 2018, cuando ya era conocida la causa Cuadernos y el pedido de captura de Cortez, sospechado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, San-Up empezó a tener problemas. La Justicia inhibió sus cuentas y las de sus directores y la gestión se complicó. En octubre de aquel año, la empresa comenzó a funcionar con su propia caja. Reestructuró su sistema de cobros a clientes y también negoció un nuevo esquema de pagos de salarios. Desde entonces, y hasta el 31 de marzo pasado, los 75 trabajadores cobraron sus sueldos en cuotas, con demoras de hasta dos meses de atraso. Además, se limitaron los aumentos y también los cobros de premios por productividad.
En octubre de 2020, la empresa se presentó en concurso de acreedores. Mientras tanto, una serie de ventas de productos empezaron a llamar atención e hicieron sonar las alarmas por serias sospechas de vaciamiento. Un ejemplo como para ilustrar las maniobras. El 21 de noviembre de 2021, la firma vendió su producto estrella, los nebulizadores a pistón, a un cliente (Global Med) en 6474 pesos. La firma compró 12 y se llevó un descuento de 20%. Es decir, lo pagó alrededor de 5000 pesos. Ese mismo precio aún se cotizaba a otros clientes en diciembre de 2021, por caso a Salvado Hermanos o a Betina Álvarez.
Sin embargo, la compra más importante de ese tiempo fue de la importadora Arimex, a la que se le entregaron 500 pero a un valor de 2750 pesos, menos de la mitad de lo que lo pagaban otros compradores. Finalmente, el proceso de quiebra avanzó y fue esta empresa la que ofreció el salvataje de la compañía, en el régimen judicial llamado cram down. Durante el verano, Arimex hizo un ofrecimiento que constaba de varios puntos. Había uno que era condición para seguir: la venta de todo el stock de mercadería con un 45% de descuento. Después de que las partes que intervenían en el concurso asintieron, la jueza María Virginia Villarroel autorizó la venta.
Los productos salieron de San-Up con un 45% de descuento y pasaron a manos de Arimex, la empresa que salvaría a la compañía. A cambio, esta entregó 131 millones de pesos, dinero que sirvió para pagar los sueldos hasta el 31 de marzo, cuando se decretó el cese de actividades.
Finalmente, el salvataje no prosperó y San-Up se fue a la quiebra. Ya no tenían el inmueble para funcionar ni un sólo producto para vender. Quedó poco y nada, apenas el recuerdo del dinero oscuro, que avanza a fuerza de impunidad y millones. La corrupción mata, pero también, hace quebrar empresas.
